La empresa que impulsa el proyecto de explotación minera de potasa en la muga entre Nafarroa y Aragón, Geoalcali, ha emitido un comunicado en el que celebra que el Supremo vaya a revisar la decisión de TSJN contraria a la concesión minera de Goyo, clave para el proyecto.

Según indica Geoalcali, el Supremo «abre ahora una revisión judicial completa sobre el procedimiento administrativo seguido en el otorgamiento de la concesión y supone un paso relevante para reforzar la seguridad jurídica aplicable a proyectos industriales y mineros que se desarrollan en varias comunidades autónomas».

La sentencia que tratan de anular se dictó en septiembre de 2024 y revocó la concesión por «una cuestión de carácter formal». El TSJN entendía que, desde un punto de vista procedimental, debía haberse articulado una concesión unificada en lugar de las tres concesiones coordinadas que fueron las que finalmente fueron otorgadas en el 2021.

Geoalcali sostiene que «la resolución judicial no cuestionó en ningún momento la viabilidad técnica del proyecto Mina Muga, los estudios ambientales que lo respaldan ni ningún otro aspecto técnico. De hecho, el proyecto mantiene plenamente vigentes autorizaciones y permisos técnicos y ambientales necesarios para su desarrollo, incluida su Declaración de Impacto Ambiental favorable única».

Asimismo, mantiene su esperanza en que «según diversas estadísticas judiciales, únicamente una minoría de los recursos de casación contencioso-administrativos son admitidos a trámite por el Tribunal Supremo, por lo que la decisión conocida ahora pone de manifiesto la existencia de cuestiones jurídicas relevantes que merecen ser analizadas por el Alto Tribunal».

Cabe remarcar que la impulsora del proyecto acusa problemas de financiación, dado que al calor de la citada sentencia del TSJN, perdió uno de sus respaldos principales. 

El varapalo judicial del proyecto, hoy también en cuestión por figurar su tramitación como el germen de la presunta trama que investiga la UCO en torno a Santos Cerdán y Koldo García, llegó a raíz de un recurso planteado por la asociación ecologista Sustrai, que consideraba incorrecta la forma en que habían fragmentado los permisos a través de tres concesiones mineras diferentes:  Goyo, Muga y Fronterizo.

El CEO de Geoalcali, Carles Alemán, valoró la decisión del Supremo como «un paso muy relevante para un proyecto que acumula más de 15 años de tramitación rigurosa y exhaustiva».

Geoalcali insiste en que su proyecto «prevé la creación de aproximadamente 800 empleos directos y hasta 7.000 empleos directos e indirectos, además de generar más de 1.200 millones de euros en ingresos fiscales durante su vida útil y actuar como motor socioeconómico para un territorio especialmente afectado por la despoblación».