Contra la crisis, reforma del aborto

Pese a que la prioridad, según el propio Gobierno, ha sido siempre la crisis económica, el PP está aprovechando su mayoría absoluta para sacar adelante reformas puramente ideológicas, como son la del aborto -pospuesta por enésima vez-, la judicial o la educativa.

Como si de una cantinela se tratase, el Gobierno español ha repetido hasta la saciedad que la crisis es la principal prioridad actual y que en su agenda solo está el esfuerzo para salir de ella. Así lo han expresado cada vez que desde Euskal Herria se ha pedido alguna aportación de Madrid al nuevo escenario de resolución, o cada vez que desde Catalunya se ha demandado diálogo para pactar una consulta. Y sin embargo, sigue siendo complicado encontrar la relación entre la crisis económica y la reforma del aborto, a no ser que se entienda que, más allá de la agenda económica, el PP no quiere desaprovechar su mayoría absoluta para imponer su agenda ideológica.

Sin olvidar que las políticas económicas tienen mucho de ideología -si algo ha demostrado esta crisis es que la economía no es una ciencia objetiva-, reformas como la del aborto, encabezada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ponen de manifiesto que la agenda ideológica del PP va más allá de las medidas económicas.

Pese a que la nueva Ley del aborto está actualmente pospuesta ‘sine die’ por falta de consenso en el propio Consejo de Ministros, Gallardón -que pasaba por ser del ala ‘progresista’ del PP- ha dejado bastante claras sus intenciones, que pasan por eliminar los avances de la última Ley aprobada por el anterior Gobierno socialista y regresar, a grandes rasgos, a la norma de 1985, eliminando el sistema de plazos actual para volver a aplicar una ley de supuestos despenalizados. Es decir, que se permitirá abortar solo en determinadas y restrictivas circunstancias. Asimismo, Gallardón ha apostado por eliminar el supuesto de malformación fetal como justificante del aborto, sin pudor alguno a la hora de denunciar la existencia de una supuesta «violencia estructural» que empujaría a las mujeres a abortar.

Pero la paralización, momentánea, de la reforma de la Ley no quiere decir que el PP no intente imponer su ideología en este tema a través de otros métodos. Sin ir más lejos, este mismo mes de julio se ha sabido que el ministerio de Sanidad tan solo financiará dos de los diez anticonceptivos de última generación, frente a los ocho que financiaba hasta ahora. Sin embargo, y en sentido contrario, el ministerio de Sanidad veta desde la semana pasada a parejas gay y mujeres solteras a acceder a tratamientos de reproducción asistida a través de la sanidad pública. (1)

Tampoco se ha quedado corto el Gobierno en cuanto a la violencia machista. Según se ha sabido recientemente, el ministerio de Sanidad, dirigido por Ana Mato solo contabilizará como víctimas de la violencia machista a aquellas mujeres que pasen un mínimo de 24 horas hospitalizadas por la agresión.

Otros ejemplos

Sin movernos del ministerio de Justicia encontramos la todavía pendiente reforma del código penal, impulsada también por el hiperactivo Gallardón. Se trata, nada más y nada menos, que de la vigesimoquinta reforma penal desde 1995. Una revisión que endurece más si cabe el código penal -en el camino de una cadena perpetua revisable-, aunque con algunas sorpresas, como una reducción de las penas por delito de malversación de fondos públicos. Un extremo que, tal y como han señalado algunas voces, podría beneficiar al propio Gallardón, que podría acabar imputado en una pieza separada del caso Urdangarin.

También en Justicia, el pasado junio el Parlamento aprobó la reforma del Consejo General del Poder Judicial, ahondando más si cabe en la falta de independencia del poder judicial y dejando al CGPJ supeditado al ministerio del ramo, sin necesidad de control parlamentario ninguno.

Entre las reformas ya aprobadas, la que de manera más flagrante pone de manifiesto la agenda ideológica del Gobierno es la educativa, abanderada por el ministro José Ignacio Wert. Una reforma con un doble filón. Por un lado, se retiran competencias a las autonomías para marcar buena parte del currículo escolar desde el ministerio, y por otro, los contenidos de ese mismo currículo obedecen a criterios ideológicos propios del PP, como se observa, por ejemplo, en la relevancia de la religión. Sin movernos de Educación, también se han presentado como forzadas por la crisis medidas que encaminan la educación universitaria hacia un modelo cada vez más elitista, como son la restricción de las becas en función de la nota y el encarecimiento de las carreras. Según un estudio del Observatorio del Sistema Universitario, el coste de los estudios superiores ha aumentado en algunos casos hasta casi un 300% desde la puesta en marcha del Plan Bolonia.