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Amaiur estudia adoptar medidas jurídicas por el registro del despacho del senador Goioaga

La coalición abertzale ha acusado al Gobierno español de practicar una «política de negación» y de ignorar la reivindicación mayoritaria de la sociedad vasca en favor de la paz y ha anunciado que sus servicios jurídicos estudian qué medidas adoptar por el registro del despacho del senador de EH Bildu Iñaki Goioaga.

Guardias civiles, a las puertas del bufete que comparten Goioaga y Zulueta, en la calle Elkano de Bilbo. (Luis JAUREGIALTZO/ARGAZKI PRESS)

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, los representantes de Amaiur Rafa Larreina, Xabier Mikel Errekondo y Jon Iñarritu, han destacado el éxito de la manifestación celebrada el pasado sábado en Bilbo, que ven como «un punto de inflexión» y «un paso de gigante» en la defensa de los derechos humanos de todas las personas.

Tras subrayar que ha sido la movilización «más amplia e históricamente mayor realizada en Euskal Herria», los representantes de Amaiur han criticado la operación policial contra los interlocutores de EPPK, cuyos miembros fueron ayer encarcelados por orden del juez Eloy Velasco.

Iñarritu ha calificado como «preocupante» y «un sinsentido» la detención de unas personas que -ha dicho- «están trabajando por la paz y por el proceso de normalización».

Asimismo, ha anunciado que el registro del despacho del senador Iñaki Goioaga en el marco de esa operación se produjo de forma «irregular» y «con indicios de delito», por lo que sus servicios jurídicos estudian qué medidas tomar.

Por su parte, Errekondo ha recalcado que, ante la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca de encontrar acuerdos para la resolución del conflicto, la única oferta del Estado y del Gobierno español es la «política negación», el «no» al derecho a decidir y el «no a la paz».

Algo en lo que ha insistido también Larreina, quien ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de no aportar nada «en positivo» ante el nuevo escenario y de intentar «sabotearlo», lo que en la práctica está demostrando a su juicio que «no quieren la paz» y mantienen estrategias «relacionadas con la violencia» para «embarrar el terreno» y «tapar» así su ineficacia frente al paro o la corrupción.

Amaiur ha reclamado un cambio en la política carcelaria del Ejecutivo de Madrid y ha subrayado su compromiso con la búsqueda de acuerdos para hacer realidad «la paz y reconciliación» que reclama la sociedad, y no descartan iniciativas parlamentarias y contactos con otras fuerzas políticas, aunque de momento no han planificado nada concreto todavía.