La Plataforma contra el Fracking ha registrado en el Parlamento de Gasteiz, por segunda vez, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para pedir la prohibición de la fractura hidráulica en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. La primera fue desestimada con los votos de PNV, PSE y PP; solo tuvo el respaldo de EH Bildu. El argumento utilizado entonces para rechazarla fue que ya existía otra proposición de ley relativa al fracking promovida a instancias de las Juntas Generales de Araba. Pero tampoco esta iniciativa, que pedía una modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza para prohibir expresamente el fracking, salió adelante, ya que fue tumbada por PNV, PSE, PP y UPyD.

Esas cuatro formaciones alegaron que su acuerdo mejoraba incluso la propuesta alavesa, porque se cerraba la puerta a cualquier explotación minera a cielo abierto o subterránea en espacios naturales protegidos, se dejaba en manos de los órganos gestores de esos espacios la decisión sobre si la fractura hidráulica es compatible o no con el valor medioambiental y, en el caso de considerarse compatibles, la cuestión se zanjaría con un estudio de impacto ambiental. Sólo EH Bildu defendió una solución clara: la prohibición del fracking en todo el territorio.

De admitirse la nueva ILP, todavía necesitará contar con el respaldo de 30.000 firmas para volver a la Cámara en busca de instrumentos legales que puedan detener el panorama que dibuja el mapa que acompaña a estas líneas -elaborado a partir de datos recogidos por la plataforma Fracking Ez Bizkaia-, donde se muestran las áreas geográficas que abarca cada uno de los permisos de exploración concedido ya o que están a la espera del visto bueno de la Administración.

Como se puede ver sobre el mapa, las autorizaciones solicitadas y ya concedidas para explorar el terreno ocupan buena parte de la superficie de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y en menor medida de Nafarroa. Aunque no todas están en la misma fase, lo que es ineludible, según resaltan las plataformas contrarias al fracking, es que la exploración incluye perforación, el último paso en la evaluación previa que las empresas hacen del terreno y de la cantidad y calidad del gas que pueden extraer.

«Quiere decir que todas esas zonas son interesantes para empresas que quieren hacer fracking. Piden el permiso y tienen exclusividad en esa superficie; ninguna otra empresa puede entrar en esa zona», explica Aitor Urresti, de Fracking Ez Bizkaia.

Perforación en fase de análisis

En Aiaraldea y en municipios vizcainos aledaños como Orozko, Arakaldo y Arrankudiaga, antes del verano se realizaron las pruebas sísmicas para prever el comportamiento del terreno ante una futura actividad con fractura hidráulica. En casos como este, el paso que resta es la apertura de pozos para extraer gas y es más que posible que las primeras solicitudes para perforar lleguen a finales de este 2014 recién comenzado.

«Empiezan por un estudio sobre la formación del suelo; siguen con la campaña sísmica, que está a punto de realizarse dentro de Géminis, en Uribe Kosta; y, una vez hecho todo eso, proponen abrir un pozo y deberían hacer fracking para analizar cuánto gas hay», precisa Urresti. Por ello, aunque no se llegara a la explotación propiamente dicha, este proceso necesitará la apertura de pozos, ya que «para tener un buen análisis tienes que extraer gas durante un tiempo, al menos un par de meses, para ver cómo responde el subsuelo haciendo la explotación».

Este proceso se ha retrasado por la tramitación de la Ley de Estudio de Impacto Ambiental, por lo que en Fracking Ez Bizkaia creen que «en 2014 no veremos pozos en nuestro entorno, pero puede que empiecen a solicitar los permisos para perforar, que tardarán un tiempo en concederse».

Espacios libres

El nuevo año será clave también para la lucha contra el fracking. La oposición popular se está haciendo visible en muchos pueblos en los que las banderas naranjas de este movimiento salpican los balcones y abarca prácticamente todas las sensibilidades políticas. Prueba de ello es que numerosos municipios, entre ellos Eibar y Ermua, se han declarado en los últimos meses «ciudades libres de fracking» ateniéndose al principio de precaución.

Quienes impulsan la ILP conceden gran importancia a esos gestos porque consideran que reflejan la postura mayoritaria entre la ciudadanía y, aun conscientes de que los ayuntamientos no tienen competencias para prohibir la actividad, subrayan que tienen en su mano instrumentos para retrasar las perforaciones y, en último término, «controlar que las cosas no se hagan de cualquier manera». Señalan que la cuestión es no facilitar la implantación de la actividad y citan el planeamiento urbanístico como un instrumento fundamental para, por ejemplo, establecer límites a las distancias entre actividades de explotación minera y viviendas o al paso de camiones.

«Puede ocurrir que la empresa recurra a los tribunales porque entienda que se atenta contra sus intereses y, como se trata de energía y esta es una cuestión de interés general, es posible que prevalezcan los intereses de la empresa, pero al menos se habrá conseguido retrasar todo el proceso», indican. A este respecto, citan un ejemplo reciente como el de las marismas de Doñana, en Andalucía, donde se ha concedido un permiso para instalar un almacén de gas dentro de espacio protegido por ley. «Lo venden como de interés nacional; se ponen en marcha todas las herramientas judiciales y, en base a los intereses del Gobierno del Estado, rápidamente se autoriza y justifica la actuación en un espacio protegido», resalta Urresti.

El Parque Natural de Gorbeia es uno de los espacios protegidos de la CAV afectado por permisos de exploración; uno ya concedido, denominado Saia, y otro que está a la espera de respuesta de la Administración. «Estas empresas saben que su tecnología está cuestionada e intentarán emplazarse en lugares no llamativos pero, una vez tengan el permiso y hayan perforado, si encuentran gas veremos a qué velocidad se empiezan a dar nuevos permisos», comenta.

Contemplado en los presupuestos

En medio de una oposición ciudadana que está dando lugar a pronunciamientos institucionales contra el fracking, el proceso para llegar a extraer gas no convencional sigue vivo bajo permisos con sugerentes nombres como Gran Enara, Saia o Sustraia y, según subrayan los opositores, tiene al frente una empresa pública dependiente del Ente Vasco de la Energía (EVE), la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA). «Está en varios permisos junto con otras empresas, pero es quien más superficie y permisos dispone», afirman desde Fracking Ez Bizkaia.

A juicio del parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu, esta es una de las cuestiones que muestra claramente la posición del Gobierno de Iñigo Urkullu más allá de sus apariciones públicas defendiendo que solo se promueve la exploración. «No tiene ni pies ni cabeza gastar el dineral que gastamos ¿solo para saber qué hay?», se pregunta y añade que en los presupuestos del Ejecutivo de Lakua hay partidas reservadas para los permisos de Saia y Enara, pendientes de los estudios de impacto ambiental.

«Para parar el fracking necesitamos una ley y esta es una cuestión de voluntad política», resalta tras afirmar que Lakua apuesta por la explotación de combustibles fósiles atendiendo a ciertos intereses económicos.