El Tribunal Supremo ha comenzado a deliberar este miércoles sobre la sentencia del ‘Caso De Miguel’, dictada en diciembre de 2019, hace casi tres años, por la Audiencia Provincial de Araba. Los magistrados condenaron al exdiputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel, a una pena de 13 años de prisión por diversos delitos de corrupción, entre ellos los de «asociación ilícita», «cohecho» y «tráfico de influencias». También lo hicieron a los dos exdirigentes del PNV alavés Koldo Otxandiano (7 años y 6 meses) y Aitor Telleria (6 años y 6 meses), así como al exdirector de Juventud del Gobierno de Lakua Javier Sánchez Robles (7 años y un mes de cárcel).

El fallo de la Audiencia alavesa asevera que los tres exdirigentes jeltzales idearon en 2005 un plan para «obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas»; e incide en que para lograr su objetivo se valieron de sus «influencias políticas» y de las relaciones personales que tenían por su militancia en el PNV. Recuerda que tanto De Miguel como Telleria tenían un «puesto relevante» y una «posición de poder» en el «mismo partido político que gobernaba», y que por ello tenían «gran influencia».

En esta asociación ilícita participaron en distinto grado otras siete personas: Sánchez Robles, Ainhoa Bilbao (esposa de De Miguel), Iratxe Gaztelu-Urrutia (mujer de Otxandiano), y los administradores de diversas empresas Iñaki San Juan, Josu Montes, Jon Iñaki Echaburu y Josu Arruti Letemendia. Están condenado por participar en diferentes operaciones ilícitas, algunas de ellas vinculadas con el pago de comisiones, como la fallida operación urbanística en Zanbrana, en la que dos empresarios catalanes, ahora absueltos, reconocieron el pago de 320.000 euros.

Pese al elevado volumen de años impuesto, los jueces permitieron que los condenados continuasen en libertad a la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Supremo. Es más, el propio De Miguel continúa trabajando en Hazi, una sociedad pública dependiente de Gobierno de Gasteiz, logrando un ascenso en el año 2015, tal como informó NAIZ.

Su destino está ahora en manos de un tribunal compuesto por cinco magistrados, con Pablo Llarena como ponente. Estudiarán una docena de recursos de casación, y atenderán la posición del fiscal Javier Zaragoza, que el año pasado ya anunció que pedirá que se confirmen los castigos impuestos por la Audiencia Provincial de Araba.

Así las cosas, las condenas solo pueden confirmarse o reducirse. El Supremo no vuelve a evaluar los hechos ya probados, sino únicamente su calificación y las penas. Es posible que su resolución se demore unas cuantas semanas.