Australia se prepara para dar un paso histórico con el referéndum que permitirá que los indígenas participen en la toma de decisiones.

Estas son las claves en torno al reconocimiento de los indígenas australianos en el referéndum, del que este jueves se han anunciado los primeros detalles y que es una de las promesas que llevaron al primer ministro australiano, el laborista Anthony Albanese, a ganar los comicios de mayo de 2022.

Albanese ha revelado cuál será la pregunta del referendo: «Una ley propuesta para alterar la Constitución para reconocer a las Primeras Naciones estableciendo La Voz de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres. ¿Apruebas esta modificación?».

El cambio de la Constitución, que data de 1901 y no menciona a los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, sería el primero en casi 50 años y tendría como fin reconocer a las Primeras Naciones, además de crear un órgano integrado por unas veinte personas que asesore al Parlamento de Camberra en asuntos que mejoren las condiciones de vida de esta minoría.

Esta propuesta es parte de la Declaración de Uluru desde el Corazón, realizada en 2017 tras una Convención Nacional Constitucional de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, que se basa en tres pilares (Voz, Tratado y Verdad) y que propone cambios constitucionales.

Mientras, sus detractores consideran que los indígenas deben ser representados en el Legislativo como cualquier otro australiano (actualmente hay 11 legisladores indígenas o el 4,8%) y critican que un órgano consultivo como ‘La Voz’ les daría un poder desproporcionado.

Una deuda histórica

De los 44 referendos que se han celebrado en Australia, uno de los más significativos fue el del 27 de mayo del 1967, cuando un 99,7% de los australianos votaron a favor de que se modificara la Constitución para que los indígenas del país fueran contados como parte de la población, lo que permitía que el Estado (Commonwealth) legislara para ellos.

Pero este referéndum, en contra de una impresión generalizada, no dio el derecho a votar a los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, y fue solo en 1984 cuando los pueblos originarios lograron todos los derechos para votar a nivel federal, después de algunas conquistas parciales en favor del sufragio en décadas anteriores.

Los indígenas australianos –que habitan su territorio desde hace más de 60.000 años y son una de las culturas vivas más antiguas del mundo–, actualmente representan el 3,2% de los más de 25 millones de habitantes que tiene Australia.

Con la llegada del capitán James Cook el 22 de agosto de 1770 a lo que se conoce hoy en día como Port Botany, en Sídney, se declaró la costa oriental del continente como posesión británica basándose en la doctrina de ‘terra nullius’ (tierra que no pertenece a nadie).

Este principio jurídico abrió la puerta a la discriminación y maltrato de los indígenas, así como a desposeerlos de sus tierras, y estuvo vigente hasta 1992, cuando el Tribunal Supremo dictó la sentencia del famoso ‘Caso Mabo’, en la que reconocieron los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios.

El perdón que no sana heridas

Una de las políticas más crueles que aplicó Australia contra sus pueblos originarios resultó en la llamada ‘Generación robada’, debido a una práctica realizada entre 1910 y 1970 mediante la cual se separaba por la fuerza a los niños y jóvenes aborígenes de sus familias para darlos en adopción o colocarlos en instituciones religiosas.

A pesar de que el 13 de febrero de 2008, el entonces primer ministro laborista Kevin Rudd pidió perdón «sin reservas» por el dolor y el daño causado a la población indígena, aún persisten graves traumas intergeneracionales y otros problemas de desigualdad.

Estos problemas se traducen en cifras como la alta tasa de indígenas en prisión (15 veces más que la población no indígena), un índice de desempleo de más del 52%, diez años menos de esperanza de vida que la del resto de los habitantes y una alta proporción de casos de violencia doméstica y discapacidad, entre otros.

La iniciativa australiana guarda similitudes con movimientos surgidos en otros países, como en el caso de los sami, el último pueblo indígena de la Unión Europea.

Los sami o lapones habitan en una región que se extiende por el norte de Noruega, Suecia, Finlandia y la península de Kola, al noroeste de Rusia, y cuentan con el Parlamento Sami, un órgano consultivo inicialmente creado en 1989 para lidiar con los asuntos concernientes a su comunidad e impulsar una mayor autodeterminación.

No obstante, su influencia es limitada, y en Finlandia, por ejemplo, las autoridades gubernamentales no están obligadas a negociar con el Parlamento Sami antes de tomar decisiones que afecten a su cultura.