La comisión parlamentaria creada en la Asamblea Nacional a raíz de la agresión en prisión que causó la muerte al preso corso, Yvan Colonna, se ha mostrado taxativa a la hora de afirmar que se produjeron «graves fallas» en la valoración de la peligrosidad de Franck Elog Abé, que hubo un «rigor excesivo» en el trato penitenciario a Yvan Colonna, y que toda una serie de «disfunciones generales» hicieron posible «una muerte que nunca debió haberse producido».

Yvan Colonna, de 61 años de edad, cumplía pena de cadena perpetua a la que se le condenó por la muerte, en 1998, del prefecto Claude Érignac.

El histórico militante independentista, que siempre negó su participación en ese atentado, fue atacado en el gimnasio de la cárcel de Arlès, el 2 de marzo de 2022, por un preso de 36 años, Franck Elong Abé, condenado en una causa de «terrorismo islamista».

Colonna falleció tras pasar tres semanas en coma en el Hospital de Marsella ,al que fue trasladado luego de sufrir la violenta agresión.

La comisión constituida en la Asamblea Nacional francesa en noviembre de 2022 ha dado a conocer sus conclusiones este martes tras analizar durante meses los hechos y de escuchar a numerosos testigos, entre otros los responsables penitenciarios.

El contenido del informe se ha dado a conocer junto a una treintena de recomendaciones, según la información facilitada por la agencia AFP.

Relación tormentosa, cruel y política

La comisión de investigación, en la que ha ejercido como relator el representante de Horizons (partido integrado en la mayoría presidencial) y diputado corso Laurent Marcangeli, ha estado presidida por Jean-Félix Acquaviva, electo nacionalista adscrito al grupo parlamentario Liot, al que se vinculan también parlamentarios bretones o polinesios.

Ya desde la introducción del informe, el relator, Laurent Marcangelli, escribe que «la historia de Yvan Colonna» es también la de esos 25 años de «relación tormentosa, en ocasiones cruel y eminentemente política entre el Estado francés y Córcega».

A Colonna se le impidió la repatriación mientras su agresor fue tratado «con indulgencia» pese a tener también el estatus DPS

Desde el principio el informe contrapone la «severidad» en el trato penitenciario de que fue objeto Colonna durante ese largo periodo de encarcelamiento y que se tradujo, entre otras cosas, en que, pese a los informes de «buen comportamiento», se le mantuviera la clasificación de peligrosidad (estatus DPS). Ello le impidió ser repatriado a la prisión insular de U Borgu, mientras que su agresor, Franck Elong Abé, fue tratado con «indulgencia» pese a tener también el estatus de DPS.

Elong Abé tenía la calificación suplementaria de TIS («terrorista islamista») al considerarse que era un preso «radicalizado» al haber combatido del lado de los talibanes en Afganistán a principios de la década de 2010, además de haber protagonizado «numerosos incidentes» en prisión.

En un puesto al que su clasificación no daba acceso

Prueba de la gestión «errática» de las autoridades, pese a «la peligrosidad e inestabilidad manifiestas» de las que el agresor había dado sobradas muestras, nunca llegó a pasar por el servicio de evaluación de la radicalización o QER, pese a haberse cursado hasta ocho peticiones en ese sentido, y tampoco fue objeto de seguimiento por «desórdenes siquiátricos».

Como su salida de prisión estaba cercana y su evolución era considerada «positiva», la dirección de la cárcel de Arlès optó por darle un puesto de trabajo, como limpiador en la sala de deportes de la prisión, donde llevó a cabo la agresión que causó la muerte a Colonna.

De «error manifiesto» y de «falta de consideración del riesgo» tacha el informe una decisión que, por encima de todo, está «fuera de la normal» ya que apenas cuenta con precedentes.

Franck Elong Abé era el único preso en una cárcel francesa que, pese a tener el doble estatus de DPS y TIS, vio cómo se le otorgaba un puesto de confianza para trabajar como «auxiliar de servicio general», lo que le permitía desplazarse con amplia autonomía por la cárcel, algo que no ocurre con otras tareas como las del taller.

Con informes oficiales en la mano, la comisión constata que, en febrero de 2023, solo 56 presos -de ellos siete TIS- de los 223 clasificados en primer grado o DPS trabajaban en las cárceles francesas, en la que hay encerradas actualmente unas 73.000 personas.

29 recomendaciones

La comisión adereza su informe con una primera recomendación de alto significado político, como es que el Estado se comprometa formalmente en el acercamiento de todos los presos corsos, abordando si es preciso para ello las reformas precisas en la cárcel de U Borgu.

Sobre el estatus DPS, pide que se encuadre por una ley que defina con claridad los criterios de aplicación de una medida que en Corsica se ha denunciado en numerosas ocasiones como «un instrumento de venganza».

Una vigilante escuchó a Abbé verbalizar amenazas de muerte, pero se le dejó más de diez minutos con Colonna en el gimnasio, solos. Fue estrangulado

En Arlès se produjo «una cadena de errores», que van desde la falta de transmisión de información -una vigilante afirmó que escuchó a Abbé verbalizar una amenaza de muerte contra Colonna- hasta la «negligencia» derivada de dejar durante más de diez minutos a Abbé con el único preso que estaba en el gimnasio, Yvan Colonna, al que estranguló.

De ahí que la comisión proponga reformas en materia de seguridad en la propia prisión de Arlès pero también un chequeo más amplio del sistema penitenciario.

Para el presidente de la comisión, Jean-Baptiste Aquaviva, a esas recomendaciones habría que sumar la de solicitar de la justicia una investigación rigurosa, que no desprecie de antemano ninguna hipótesis, incluida «la sospecha de una acción de guerra sucia», que, según ha reconocido, «sigue estando muy presente en la sociedad corsa».