El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la CAV (TSJPV) ha dado la razón al Ayuntamiento de Bergara contra la orden de 3 de junio de 2022 del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno de Lakua, en relación a la instalación de producción de material calcáreo promovida por la empresa Valogreene Paper S.L. en el polígono industrial de Larramendi, según ha informado el Ayuntamiento.

Según señala el Ayuntamiento de Bergara, la sentencia declara la disconformidad a derecho y dicta la consiguiente anulación de la resolución que formulaba la declaración de impacto ambiental y concedía la autorización ambiental Integrada a la citada instalación.

Junto a ello, la sentencia rechaza la desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución que concedía la autorización ambiental. Además, la resolución judicial impone las costas del procedimiento al Gobierno de Lakua.

Desde el Ayuntamiento de Bergara se valora muy positivamente esta sentencia, que pone en cuestión los procedimientos seguidos por el Gobierno de Lakua en la concesión de autorizaciones de alto impacto ambiental.

El alcalde de Bergara, Gorka Artola, comparecerá ante los medios este jueces para realizar una valoración más en profundidad de la sentencia del TSJPV.

Defendido por la consejera Tapia

Los hechos arrancan de 2021, cuando la empresa Greene Waste To Energy S.L. solicitó al Ayuntamiento de Bergara un informe de compatibilidad urbanística para una supuesta «actividad ecológica de producción de industria mineral», con el fin de desarrollarla en el polígono industrial de Larramendi. Sin embargo, el proyecto que la empresa presentó al Gobierno de Lakua era distinto, explicó el Ayuntamiento, «ya que proponía una actividad de tratamiento de subproductos de la industria del papel».

A raíz de ello, primero fue el Ayuntamiento quien dio cuenta de las dudas que suscitaba el proyecto tras realizar un informe técnico. Y posteriormente el Gobierno de Lakua dejó claro su impulso al mismo.

En palabras de la entonces consejera, Arantxa Tapia, en la CAV se estabn estudiando «unos diez proyectos» de plantas de gestión de residuos «por un lado para gestionar plásticos, por otro los residuos de fundición, también los de las acerías, y la gestión de los residuos provenientes del papel». Las plantas abarcaban también la gestión de las tierras que se generan cuando se da una descontaminación de los suelos.

La consejera, en esa línea, precisó que hay instalaciones diferentes, de la mano de empresas privadas por un lado, y también en las que «lo público tiene voluntad de participar, sobre todo, las relacionadas con las tierras, porque en estos momentos tenemos que gestionar muchas tierras provenientes de esas descontaminaciones».