El conflicto generado por la decisión del alcalde de Alonsotegi de endosar las cargas de urbanización de la plaza Madinabeitia a los vecinos de Errota se ha cobrado una primera «víctima» en el seno del PNV con la dimisión de la edil Ibone Erezuma Eguzkiagirre. El abandono de la hija del anterior alcalde deja al descubierto la crisis en las filas jelkides que se reflejó el lunes en una bronca asamblea.

La primera señal de las divergencias en el Gobierno municipal se produjo cuando la citada concejala, que abandonará formalmente el cargo en el próximo pleno, no asistió a la sesión extraordinaria del 16 de octubre. Esa ausencia se entendió como una desavenencia en el seno del grupo municipal del PNV.

Al asumir el cargo en 2011, José Luis Erezuma ya advirtió a su partido de que no iba a cargar con la pesada herencia que le dejaban sus antecesores por la gestión en materia urbanística a través de la sociedad Alonsotegi Eraikiz. Las irregularidades acumuladas bajo los mandatos de Gabino Martínez de Arenaza (1999-2007) y Aitor Santisteban (2007-2011) comenzaban a aflorar y Erezuma trató de distanciarse ordenando que se estudiase cómo afrontar la deuda de Basaldi con el Consistorio, aunque no ejecutó la liquidación.

Trató de desprenderse de asesores fieles a las directrices del PNV pero en Sabin Etxea le frenaron cuando el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas comenzaba a fijar su mirada en Alonsotegi.

En setiembre, el nuevo alcalde activó el expediente de la liquidación de la plaza Madinabeitia, generando un conflicto que arranca en los propietarios de Errota Bidea, a quienes se endosa la deuda de 1,12 millones de euros que no se cobró a Basaldi, y salpica a la gestión municipal de la última década, que estos vecinos califican de «corrupta». En el seno del PNV, a nivel local y comarcal, son muchos quienes cuestionan la capacidad de Joseba Urbieta.

En la asamblea del lunes, a la que asistieron una quincena de militantes, la bronca fue de órdago entre los dos sectores que representan José Luis Erezuma y Manu Galíndez. A este último, vinculado al sector de la construcción y promoción en Bizkaia, se le atribuye desde la oposición cierto grado de influencia para que la empresa Pabisa, donde era directivo, cobrase 1,6 millones de euros de las arcas municipales en los últimos compases de Alonsotegi Eraikiz.

Al margen de la crisis en el PNV local, el letrado del Ayuntamiento y los de los afectados se reunieron ayer para buscar una solución jurídica. A los vecinos de Errota les queda una semana para interponer recurso contra las liquidaciones que se les han cursado. Ambas partes entienden que hay suficientes «irregularidades» para que sus alegaciones sean atendidas por el Consistorio.