Un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda e Iberdrola, por el que la eléctrica cede los derechos de concesión que mantenía sobre los terrenos que ocupa la fallida central nuclear de Lemoiz, permite a la compañía que preside José Ignacio Galán eludir sus obligaciones en la recuperación de la cala de Basorda.

Este hecho fue denunciado el miércoles por la apoderada de EH Bildu Onintza Oleaga durante la defensa de una moción en las JGGG de Bizkaia en la que se instaba a cumplir con lo establecido en el Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral, que contempla el derribo de lo construido y recuperar la cala a su estado original o establecer actividades que sean compatibles con el litoral, priorizando aquellas que ayuden a la reparación medioambiental. Ayer, insistió en ello el parlamentario Mikel Otero, que interpelará a la consejera Arantxa Tapia sobre si defiende el interés general o el de la eléctrica.

La iniciativa, que instaba a que la Diputación adopte medidas para garantizar la participación ciudadana en el proceso de decisión sobre los usos que tendrán esos terrenos, fue rechazada por PNV, PSE y PP al estimar que la declaración era «innecesaria». Defienden que se están dando pasos para que la cala de Basorda pase a estar bajo el control de administraciones vascas.

Un paso es la cesión por parte de Iberdrola de sus derechos al Gobierno español. Más tarde, precisan, tendrá que llegar la desafección del dominio marítimo-terrestre sobre una parte de los 10 hectáreas ocupadas; se apunta a que en torno a siete.

A la vista del modo en que se ha conocido cómo se ha eximido a Iberdrola de asumir sus obligaciones en Lemoiz, a través de una información periodística, Oleaga se preguntó cómo se va a garantizar que no se imponga un proyecto. Hizo así mención a la pretensión de Lakua de reconvertir la fallida central en una piscifactoría.