El anterior jefe de seguridad del Parlamento de Gasteiz, Carlos Madariaga, fue cesado por la Mesa de la Cámara el pasado 5 de junio por «la utilización en la presente legislatura de las tarjetas vinculadas al uso de vehículos oficiales y ante el conocimiento de unos hechos que podrían ser constitutivos de delito». Al mismo tiempo, se dio traslado a la Fiscalía «a los efectos oportunos» del informe elaborado por el letrado mayor.

Y los «efectos oportunos» han sido que el fiscal jefe de Araba, Jesús Izaguirre, analizados del hechos relatados por el letrado mayor del Parlamento, considera que el ertzaina y ex jefe de Seguridad Carlos Madariaga podría haber cometido «sendos delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos y estafa». Por ello, ha decidido poner la causa en manos del Decanato de Gasteiz para que lo reparta a un juez «a fin de que incoe el correspondiente procedimiento».

Con el arranque de este procedimiento, cabe entender que un juez instructor iniciará una investigación en la que, además de al acusado, tendrá que tomar declaración a los miembros de la Mesa, al letrado mayor y probablemente a los responsables de la Intervención de la Cámara que durante meses no detectaron ninguna anomalía en los gastos de los vehículos oficiales.

Consumo de un coche parado

El Parlamento de Gasteiz dispone de tres coches oficiales. Uno de ellos lo utiliza la presidenta de la Cámara. Los otros dos están a disposición del resto de miembros de la Mesa, pero solo uno u otro se emplean indistintamente de manera habitual. Sin embargo, mes a mes los tres coches generaban gastos de combustible y utilización muy similares, lo que hace ya un año provocó las suspicacias de los órganos de gobierno del legislativo, cuando la vicepresidenta primera, Eva Blanco, de EH Bildu, detectó esta anomalía.

Pero todas las alarmas saltaron en mayo al revisar las facturas de abril y comprobar que los gastos de los tres coches oficiales volvían a ser similares, algo que era materialmente imposible, puesto que uno de ellos –el de la presidencia– había permanecido prácticamente todo ese tiempo en el garaje.

La Mesa abrió una investigación, que acabó con el cese del coordinador de Seguridad, Carlos Madariaga, y la remisión a la Fiscalía de Araba del informe elaborado por el letrado mayor de la Cámara.

Cada uno de los tres coches oficiales tiene adscrita una tarjeta para sus gastos. El jefe de seguridad disponía de una tarjeta similar y, además, tenía acceso a las otras tres. La investigación de la Mesa determinó que, indiciariamente, el responsable del uso indebido era este jefe de seguridad, Carlos Madariaga.