Goicoechea ha prevaricado de forma reiterada, según la exjefa de Hacienda
La exgerente de la Hacienda navarra relata la sucesión de presiones que recibió por parte de la vicepresidenta para quitar sanciones a determinados «contribuyentes», para que le revelaran datos fiscales prohibidos o para beneficiar a clientes de su asesoría particular. Yolanda Barcina estaría implicada en varios casos.
El 27 de setiembre de 2011, al poco de asumir la gerencia de la Hacienda Navarra, Idoia Nieves acudió a una cita en el restaurante El Merca'o convocada por Lourdes Goicoechea, entonces consejera de Desarrollo Rural y hoy vicepresidenta del Gobierno y consejera de Economía y Hacienda. Y, según denunció Nieves, «en la sobremesa», Goicoechea le solicitó algo ilegal. «Me pidió que le diera una copia del Plan de Inspección con el fin de saber de antemano si entre los contribuyentes seleccionados para ser objeto de inspección se encontraban los clientes de su asesoría fiscal». La gerente no cedió, pero esa solo fue la primera vez que Goicoechea acudió a ella con tentativas de prevaricación. Y, en alguna de las ocasiones, la presidenta Yolanda Barcina estaba en medio. Hay documentos.
Nieves reveló este caso de corrupción reiterada cuando fue requerida por el Parlamento para explicar los motivos de la «dimisión irrevocable» que presentó el 20 de enero. Nieves ocupaba uno de los puestos más importantes de la Administración (de hecho, cobraba 97.000 euros anuales, más que Goicoechea y Barcina), pero prefirió volver a su puesto de inspectora apelando a «motivos profesionales». Y ayer, por fin, se comprende el por qué de su decisión, pese a que la exgerente no pudo dar detalles de contribuyentes concretos (cosa que sí podría hacer en una comisión de investigación, que la oposición ya ha registrado).
La segunda ocasión en que la vicepresidenta acudió a ella con peticiones ilegales fue en julio de 2012, cuando «trató de impedir una actuación prevista». Nieves no consistió. Del resultado de la inspección a ese contribuyente hablaron en junio de 2013. Goicoechea le escribió un email en el que decía «me parece una faena para (...) y desde luego viendo (...), me parece tremendo, yo creo que no es una buena política, lo voy a comentar con la presidenta, ya que se trata de un contribuyente muy importante para nuestra comunidad». Nieves relata que Goicoechea presionó telefónicamente «al superior jerárquico del inspector que había realizado la actuación». Y el 11 de setiembre de 2013 realizó «un último intento de que se cambiara el contenido de la actuación». Nieves dijo que estaba «encolerizada». Las fechas hacen presumir que este «contribuyente» sea la Universidad del Opus Dei, inspeccionada en julio de 2012 y sancionada por no declarar salarios en especie (pago de matrículas a familiares) a sus trabajadores. Esta Universidad, al parecer, jamás ha pagado por este concepto, como ya se publicó en este periódico el pasado 25 de enero.
Clientes propios y «caso CAN»
En marzo de 2013, Goicoechea se interesó por otro «contribuyente» sancionado. La vicepresidenta del Gobierno intentó que la sanción se modificara afirmando que «el incumplimiento de la empresa se debía solo a requisitos formales». Y, en abril, volvió a intentar que «tratasen bien» a una empresa del sector agroalimentario (de nuevo cliente de su asesoría fiscal). «Me negué a hacer lo que pedía. También me preocupó constatar que recibía clientes como si siguiera siendo su su asesora fiscal», añadió Nieves.
Además de su mención en el email sobre el «contribuyente muy importante», Barcina estaría implicada además en otra irregularidad, según el relato que hizo Nieves.
Solicitud ilegal vinculada a CAN
El 15 de abril de 2013 (doce días después de que todos los miembros de la Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras salvo Barcina fueran imputados) la consejera le pide una copia «de las declaraciones de los modelos 190 (Declaración anual de las retenciones de trabajo) y F50/347 (Declaración anual de operaciones con terceros) de la Caja de Ahorros de Navarra desde la fecha más antigua que podamos remontarnos». Según el testimonio de la exgerente, en esos documentos se puede ver la retribución de todos los empleados y consejeros de la entidad. «Me explica cuál es el destino de esta información: el interés de la presidenta del Gobierno en conocer las retribuciones de otros consejeros, así como datos sobre pagos a determinadas consultoras», relató Nieves refiriéndose a Goicoechea.
La exjefa de Hacienda replicó a la consejera que «los datos de la Hacienda no estaban para uso personal y que, si fueran necesarios en un pleito, es el juez quien ha de solicitarlos». Las presiones fueron tales que Nieves llegó a solicitar un estudio jurídico para corroborar que esos datos no podrían facilitarse a nadie. Evidentemente, salió que solo puede solicitarlos un juez. De esto también hay documentos, porque «el 22 de abril de 2013 la consejera recibió por correo electrónico una copia del informe».
Nieves, además, lanzó una acusación muy seria contra Barcina, que si bien no entraría en una descripción de lo que es la prevaricación de modo tan nítido, es -sin duda- mucho más grave. Ocurrió en una reunión el 10 de octubre de 2012. Nafarrroa se había pasado un 0,8% de las previsiones de déficit. Barcina le preguntó a ver qué podían hacer para subir los ingresos. Nieves le replicó que solo podían subir impuestos no periódicos, que son de poco peso en la recaudación, o retrasar las devoluciones de IVA. Ahora bien, advirtió a Barcina de que, de retrasarse más la devolución, «incumpliríamos los plazos legales de devolución, porque ya estábamos devolviendo en seis meses, que se perjudicaría gravemente a los contribuyentes en un momento especialmente difícil para ellos, que afectaría a la actividad económica sobre todo a las empresas exportadoras que estaban siendo en ese momento la cabeza tractora en el mantenimiento del empleo y que, en todo caso, no se podía tomar la decisión sin conocer el efecto que se iba a producir en los ajustes de 2013, especialmente en la regularización de los de 2012».
Pero nada. Barcina no escuchó y retrasó las devoluciones. Así, Hacienda incumplió los plazos legales y «tuvo que satisfacer los intereses de demora». Sirvió para arreglar el déficit de 2012, pero afectó al acuerdo recientemente suscrito sobre el cobro el IVA de VW, reduciendo la compensación estatal para 2012. Es decir, si no se hubiera decidido no devolver 67 millones hasta el año siguiente, sumando todos los conceptos en 2013 se habría contado con 251 millones de euros más. Encima, la jugada sirvió de poco porque al Eurostat no se la colaron. Y UPN acabó yendo a Madrid a suplicar nuevos adelantos.
Petición unánime de comisión investigadora, ELA demandará y LAB se echa a la calle
Las revelaciones de Idoia Nieves pillaron por sorpresa a los parlamentarios. Pronto corrieron los rumores. El PSN, primero en el turno de palabra, solicitó una comisión de investigación. Los políticos de la comisión se levantaron de las sillas. Roberto Jiménez y Patxi Zabaleta aparecieron de la nada. Hubo charlas en los pasillos y, antes de que la comisión terminara, ya se había entregado la petición de la comisión investigadora en el registro. La firmaron todos los partidos fuera del Gobierno: Bildu, Aralar, Izquierda-Ezkerra, Geroa Bai, PSN y PP. Algo histórico. Todos creen que Goicoechea debe dimitir. Y la mayoría, que Barcina también. Mientras, ELA anunciaba que va a presentar una demanda y, probablemente, Kontuz también lo hará. LAB llamó a echarse a la calle.
Barcina deja sola a su vicepresidenta, que rechaza dimitir
Lourdes Goicoechea reconoció sentirse dolida y conmocionada por las acusaciones de Idoia Nieves en una comparecencia en la que la todavía vicepresidenta se presentó sola, sin el apoyo de Yolanda Barcina, ni de ningún otro consejero ni de cargo alguno de su Departamento.
Goicoechea negó todas las acusaciones, pero lo hizo sin rotundidad y con titubeos. Así, dijo que tomará «medidas legales» contra Nieves pero señaló que tiene «que estudiar la comparecencia» para decidir si interpone una denuncia. Asimismo, preguntada por si Nieves en el Parlamento había mentido o dicho medias verdades, la respuesta de Goicoechea fue «en principio, niego las acusaciones». Inicialmente dijo que no sabía a qué correo se refería Nieves y luego señaló que en el Parlamento únicamente leyó un fragmento, sacándolo de contexto.
La estrategia de Goicoechea fue recurrir a la defensa de su honor. «No voy a permitir que una persona despechada ponga en cuestión mi honorabilidad como persona y como profesional, ni la de los profesionales del Gobierno de Navarra», proclamó. Uno de los elementos que empleó para tratar de desacreditar el testimonio de Nieves fue que realizó sus manifestaciones en el Parlamento, «una sede política, para hacer daño al Gobierno». Además, acusó a la exgerente de Hacienda de estar resentida y de «dimitir solo cuando sabía que le iban a cesar» y preguntó por qué hizo ayer públicas estas revelaciones cuando se refieren a hechos de 2012.
La todavía vicepresidenta añadió que se ve legitimada para seguir ocupando el cargo porque «he tenido una actuación honesta» y dijo que si alguna vez pidió datos fue para su labor como consejera.
«Niego rotundamente que me haya aprovechado de mi cargo para beneficio personal o profesional. Nunca. Es más, desempeño mi cargo de vicepresidenta con gran sacrificio personal, familiar y profesional», añadió. Martxelo DÍAZ