Ocurrió a las 14.25 del 20 de setiembre de 1989. Un joven cartero llamado José Antonio Cardosa Morales metía una carta en el buzón del militante de la izquierda abertzale Ildefonso Salazar cuando la misiva explotó, causándole la muerte. No fue un hecho aislado: en esos meses al menos otras tres bombas similares fueron remitidas al abogado Iñigo Iruin o a los concejales de HB en Azpeitia, siendo interceptadas en el servicio de Correos. Llegado 2021, un nuevo dato apunta a la responsabilidad de los aparatos del Estado español, que además se protegieron a sí mismos después puesto que la autoría fue tapada por el Ministerio de Interior y el Cesid al máximo nivel.

La novedad viene publicada este martes en el diario ‘Abc’. Un libro de memorias del exjefe del Cesid Emilio Alonso Manglano refiere una reunión en diciembre de 1994 entre este y el que acababa de ser titular de Interior, Antoni Asunción.

En ella, Asunción (fallecido en 2016) le traslada con claridad que tras esas cartas-bomba de cinco años antes estaba el ministro de Interior en aquella época, José Luis Corcuera.

Según la transcripción literal de la conversación, recogida en un documento de 40 páginas al que ha tenido acceso ‘Abc’, el exministro le cuenta al jefe del espionaje que «Corcuera tiene algunas cosas, que yo sepa, el cartero este que murió, que le estalló la bomba». «Poca gente lo sabe, ese equipo funcionaba bien a esos niveles», añade luego. Y más adelante: «Esas son las cartas que enviaron ellos y un cartero, al doblar el paquete y meter las cartas en el buzón dobladas, estalló y murió».

Queda claro que el Cesid no hizo nada al respecto. Es más, en la transcripción de la reunión Alonso Manglano responde a Asunción –en tono «renqueante» según ‘Abc’–: «Lo que pasa es claro, tienes que pasar por alto... Y aunque te revuelva la conciencia, defender al Estado, defender la institución, pero es que, joder...»

Corcuera: «Como tantas que envió ETA»

Interpelado ahora por el diario español sobre el asunto, Corcuera (ministro de Interior desde 1988 a 1993) niega cualquier responsabilidad y se escuda en que aquella «era una carta como tantas que envió ETA».

Ello remite a la tesis oficial sobre el asunto. El Gobierno de la época intentó, aunque sin ningún éxito, sembrar la hipótesis de que era una acción de la organización armada vasca, que estaba usando el método de las cartas-bomba contra funcionarios de prisiones y demás objetivos. En Euskal Herria ya desde el primer momento quedó muy patente que se trataba de una acción de guerra sucia que intentaba replicar las acciones de ETA, bien a modo de venganza directa o para intentar crear contradicciones añadidas.

Por otro lado, tampoco es la primera vez que desde los aparatos del Estado salen voces que reconocen la autoría real de los atentados. El primero que señaló este caso fue el que en 1989 era director de la Guardia Civil, Luis Roldán. A su vuelta tras revelarse sus escándalos de corrupción y fugarse, en 1996, ya señaló al Gobierno español por esta campaña de bombas. No obstante, entonces su testimonio no fue tenido en cuenta y se le quitó importancia por las tensiones entre Roldán y el Ejecutivo. Como se aprecia con la nueva información, en realidad para aquel 1996 tanto el Ministerio del Interior como el Cesid ya tenían claro qué había ocurrido y lo estaban ocultando desde sus cúpulas.

Cardosa, la víctima; Salazar, el objetivo

El cartero Cardosa fue la víctima de esta trama de terrorismo de Estado que nunca ha sido investigada. Un joven de apenas 22 años, que era miembro del colectivo antimilitarista Kakitzat y participaba en la radio libre Zintzilik, según recoge la memoria compartida elaborada por el Ayuntamiento de Errenteria y Argituz.

El objetivo real de esta acción era el remitente de la carta: Ildefonso Salazar, un militante de la izquierda abertzale que había sido detenido cinco veces y por cuya denuncia de torturas había sido condenado el teniente de la Guardia Civil Fidel del Hoyo Cepeda. No obstante, el teniente fue promocionado a capitán y a comandante, en parte gracias a su pertenencia al círculo de confianza de Enrique Rodríguez Galindo en Intxaurrondo.

La muerte de Cardosa tuvo doble vertiente, explica un trabajo de Euskal Memoria. «Por un lado, un intento de venganza contra un ciudadano que había denunciado torturas en comisaría, por otro el intento de instrumentalización respecto a la autoría del atentado, en el que no solo participó el Gobierno español, sino que estuvo bien asistido por el ejecutivo autonómico y partidos firmantes del Pacto de Ajuria Enea como PNV, EA, EE y PSOE, entre otros. Tanto Madrid como Gasteiz insistieron en que había sido ETA la autora del envío, obviando que el destinatario del mismo era un conocido militante abertzale».

Las diligencias por los hechos de Errenteria quedaron sobreseídas de forma provisional en el año 2000. «Si la autoría del envío de la carta-bomba correspondía a la organización clandestina ETA, ¿por qué se dio la justicia española tanta celeridad en arrinconar las diligencias en un cajón de la Audiencia?», se pregunta Euskal Memoria.

El Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional abrió el sumario 10/97 por los hechos, dictando auto de sobreseimiento provisional el 24 de octubre de 2000. El atentado que costó la vida a José Antonio Cardosa nunca fue reivindicado.