Es responsabilidad de este Departamento velar por la salud de las personas y salvaguardar el sistema sanitario de Euskadi como público, universal y de calidad» (Jon Darpón Sierra, consejero de Sanidad).

Qué frase tan bonita, si no fuera vacía, sin contenido real.

Como trabajadores y trabajadoras del Servicio Vasco de Salud/ Osakidetza nos vemos en la necesidad de sacar a la luz los tejemanejes que se traen estos «supergestores» que tenemos la suerte de tener en Osakidetza, y más en concreto en el Hospital Universitario de Cruces (HUC), en otra época no muy lejana punta de lanza de una forma de hacer que a día de hoy no es más que una mera anécdota de lo que fue.

A continuación, una serie de ejemplos de la gestión que realizan en una empresa pública pagada por todas y todos y que se encarga de algo tan primordial como la salud de las vascas y los vascos.

Allá por 2012 se construyó en este hospital un nuevo edificio de laboratorios y se desató un conflicto del colectivo de operarios de servicios, con el apoyo de los sindicatos, para exigir a la dirección el cumplimiento de el apartado 13 del decreto 106/2008 de 3 de junio, en el que Osakidetza asume el compromiso de no externalizar o privatizar nuevas áreas o servicios. No se cumplió con esto, cediendo el servicio de limpieza de dicho edificio a una empresa privada, como es Garbialdi, que parece tener muy buena conexión con Osakidetza. Si estas labores se hubieran realizado con personal propio de Osakidetza, el dinero gastado habría sido menor, con unas mejores condiciones laborales.

En la cafetería del Hospital de Cruces tenemos otra gran empresa, Eurest, que vuelve a saltarse de nuevo dicho apartado en el que las empresas subcontratadas no pueden contratar a una tercera y menos aún por medio de una ETT. Pues Eurest sí lo ha hecho.

En el archivo de este hospital se ha contratado a una empresa pirata que se llama Severiano Servicios Móviles. Esta empresa se dedica a digitalizar y expurgar las historias de pacientes del hospital. Fue contratada por el módico precio de un millón de euros por dos años, con el compromiso de mantener la plantilla mientras hubiera trabajo. Con la intención de «secar» la carga de trabajo para justificar el despido de casi la mitad de la plantilla, tuvo la desfachatez de saltarse de nuevo el apartado anterior al contratar por medio de una ETT a tres trabajadores a destajo. Lo más sangrante es que las indemnizaciones del despido de las personas del archivo se pagaron con dinero público, mientras la dirección del hospital miraba para otro lado.

Otro ejemplo es el campo de la electromedicina y la reparación de ciertos aparatos del hospital. Aunque en el Hospital de Txagorritxu existe un buen ejemplo de cómo este servicio es mejor y más barato con personal público, la Dirección de Osakidetza hizo oídos sordos a esta posibilidad y ha seguido contratando una empresa privada en Cruces.

El servicio de lavandería lo realiza Ilunion.Esta es una empresa que pertenece al grupo de la Once y da trabajo en condiciones infrahumanas a personas con algún tipo de minusvalía. Pues bien, también en este caso la dirección de Cruces se lava las manos y no toma cartas en el asunto.

Con la empresa Ambulancias Bizkaia hubo otro conflicto en el cual despidieron a trabajadores por el mero hecho de denunciar las inculcaciones de derechos. El gerente de esta empresa prefería pagar indemnizaciones conseguidas con dinero público a respetar los derechos de la plantilla.

¿Es esta la forma de salvaguardar el sistema sanitario de Euskadi?

¿No es responsabilidad de este Departamento velar y salvaguardar el buen funcionamiento del mismo?

¿Es verdad que el compromiso con las personas es tal?

No obstante, con la apertura del nuevo Hospital de Urduliz, Osakidetza tienen una oportunidad de oro para demostrar si verdaderamente tiene un compromiso nítido con un servicio público, universal y de calidad creando empleo público, universal y de calidad, salvaguardando así la Ley 12/2007 de 12 de abril del Estatuto básico del empleado público. En ella se señala que los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Esto no sucede con los servicios privatizados, verdadero coladeros de personas enchufadas, en muchas ocasiones familiares o «amigos» de cargos y directivos de Osakidetza o los propios hospitales.

Lo que se vende como una forma de «gestionar racionalmente» los recursos no es más que una forma de repartir incentivos económicos en función de unos objetivos que priorizan el tema económico frente a la calidad asistencial y salvaguarda de los derechos pacientes, usuarios y trabajadores, privatizando el derecho a una sanidad universal, pública y de calidad.