Los imputados en un caso tienen la posibilidad de no declarar contra sí mismos, pero eso no les libra de contar lo que saben sobre otros y más cuando, según dicen, lo que pueden aportar sirve para esclarecer los hechos. Así que la representación jurídica de la familia Cabacas solicitó ayer al juzgado que los agentes que se han entrevistado con “El Correo” dando lugar al titular «el compañero que hizo el disparo mortal contra Cabacas ni siquiera está imputado», sean llamados para realizar una declaración ampliatoria.

En la causa por la muerte de Iñigo Cabacas por un pelotazo recibido en la cabeza, están imputados tres ertzainas que reconocieron haber disparado aquella noche, y tres mandos que estaban al cargo de furgonetas.

El diario de Vocento recogió ayer declaraciones de uno de los escopeteros y de uno de los suboficiales. El primero de ellos asegura que «junto al callejón había quince compañeros con escopetas. Se sabe que por lo menos diez de nosotros disparamos las escopetas. Estaban a una distancia similar, en el mismo sitio, y haciendo lo mismo que nosotros. Nosotros dijimos la verdad, que disparamos pelotas aquella noche, y nos hemos comido el marrón. Ellos mintieron y se han librado».

La versión oficial –increíble según otras fuentes de la propia Ertzaintza– mantiene que la Comisaría de Bilbo era una especie de caos en la que ni se apuntaba a quién se entregaban las escopetas, ni se recontaban las pelotas, ni se registraba quién había disparado y quién no. Así que en la investigación del caso todo dependió de las primera indagaciones internas que se hicieron entre quienes habían intervenido aquella noche.

Tres agentes, los actualmente imputados, reconocieron haber disparado. Pero según ha denunciado uno de ellos a “El Correo”, cuando uno de los responsables de las furgonetas supo que ellos ya habían admitido haber lanzado pelotazos, «dio la orden de negarlo todo». Se produjo un «pacto de silencio» para dejarles a ellos «a los pies de los caballos». Incluso cuando se comprobó que otros dos agentes habían accionado las escopetas, uno dijo que se le había disparado dentro de la furgoneta y otro que había tirado al aire.

Se ven en el banquillo

El ertzaina y su mando se han decidido a hablar con el diario de Vocento cuando ven que la fase de instrucción se agota e intuyen que acabarán en el banquillo de los acusados.

Se sienten «abandonados» y víctimas de «injusticias». Declaran que «el compañero que hizo el disparo mortal ni siquiera está imputado. No han llamado a declarar a ninguno de los que llevaban escopeta». Creen que «todo el mundo –acusación particular, Fiscalía, Departamento de Seguridad– ha estado cómodo poniéndonos a nosotros en la diana: ya tenían a sus imputados. Poco han hecho por descubrir quién fue el que hizo el disparo mortal. Se podría haber hecho mucho más».

Los tres imputados tienen la convicción de que ninguno de ellos es el autor del disparo mortal porque no coinciden los tiempos. Pero aseguran que sí había otros compañeros en posiciones «compatibles» con el disparo. En lo que no se ponen de acuerdo es si quien le dio el pelotazo a Iñigo Cabacas es consciente de ello.

Cuando el periodista de “El Correo” les pregunta si cambiarían algo de lo que hicieron aquella noche, responden que «nosotros actuamos bien. No somos asesinos. Cumplimos órdenes. Lo único que cambiaría es que me habría dedicado a identificar a todos los que dispararon y se han ido de rositas».

«Declaración ampliatoria»

Con la portada de “El Correo” en la mano, la abogada de la familia Cabacas, Jone Goirizelaia, acudió al juzgado para pedir que los ertzainas que han hablado con el diario vuelvan a ser citados para hacer una «declaración ampliatoria».

Según señaló Goirizelaia a GARA, lo dicho por estos ertzainas al periódico no aparece en su declaración oficial ante el juzgado, y si es cierto que saben quién es o puede ser el autor del disparo deben poner en conocimiento del juzgado todos los elementos que tengan y que puedan acreditar los hechos y sus posibles autores. No cabe olvidar que uno de ellos dice que podría «identificar a todos los que dispararon».

La abogada entiende que, según la ley, los agentes investigados tienen derecho a no declarar sobre cuestiones que les afectan a ellos, pero esto no les exonera de dar a conocer otros hechos que pueden ayudar al esclarecimiento del caso.

«Ugarteko» avisó de mentiras

Hace un año, el 18 de junio de 2015, «Ugarteko» declaró en la causa como testigo y, por lo tanto, con la obligación de decir la verdad. En su declaración señaló que en la investigación interna hubo agentes que dijeron la verdad, porque no tenían nada que esconder, y luego se han visto imputados, y otros que mintieron.

Según la opinión cualificada del oficial que estaba coordinando por radio la operación policial, no es creíble que de las tres «francias» (furgonetas) que había en el lugar solo dispararan los de una de ellas. «Ugarteko» dijo creer que dispararon los de las tres.

 

Goirizelaia pide ampliar el plazo de instrucción y el fiscal, pasa

La abogada de la acusación particular de la familia Cabacas ha solicitado la ampliación del periodo de instrucción que según los plazos de la reforma del año pasado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal acaba el lunes. Jone Goirizelaia pide por una parte a la juez Ana Torres que resuelva sobre las pruebas solicitadas hace semanas y que, además, conforme a las posibilidades que ofrece la ley, declare esta instrucción como «compleja», lo que abriría un nuevo plazo de otros doce meses de indagaciones.

Goirizelaia recuerda que el pasado 18 de abril, tras la toma de declaración al último investigado, solicitó nuevas diligencias de prueba y tomas de declaración a otros investigados. Viendo que pasaba el tiempo y se agotaba el plazo sin respuesta de la juez, volvió a solicitarlo el 24 de mayo. Ayer reiteró la solicitud de que antes del lunes se tome alguna decisión sobre sus peticiones.

La abogada de la familia Cabacas recueda que según la ley, si esas peticiones de prueba y tomas de declaración se admiten, serán válidas y habrán de practicarse aunque el lunes se cerrará el plazo de instrucción.

Pero además, la ley también abre la puerta a que, como hizo ayer Jone Goirizelaia, «antes de los plazos establecidos» alguna de las partes pueda pedir «un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción», «por concurrir razones que lo justifiquen». Es a la juez a la que le corresponde decidir, una vez escuchadas a las otras partes.

También en este aspecto, como está ocurriendo durante toda la instrucción, le está correspondiendo a la acusación particular de la familia Cabacas tirar adelante para buscar la verdad. La Fiscalía se ha mostrado pasiva. Es precisamente la Fiscalía quien tiene más posibilidades de lograr que la causa se declare compleja y se abra otro periodo de un año para seguir investigando. Sin embargo, el fiscal general, Juan Calparsoro, ya ha declarado a varios medios que no cree que lo que no se ha podido aclarar en estos cuatro años de investigaciones, pueda hacerse en adelante. Fuentes de la Fiscalía criticaban la dilación de trámites por parte de la jueza, pero no seguir con el caso perjudica a la familia Cabacas, no a la instructora.I.I.