Más de 3.000 migrantes han muerto este año en el mar mientras intentaban llegar a Europa, que se suman a los aproximadamente 2.000 que murieron el año anterior. Ante un número de muertes tan espeluznante, la respuesta debería ser hacer todo lo posible para prevenirlas, especialmente proporcionando rutas seguras a las personas que buscan refugio, pero la UE ha centrado su atención en militarizar la seguridad de las fronteras e impedir la entrada a la UE en vez de salvar vidas.

¿Por qué la UE ha reaccionado de manera tan inhumana? Hay, obviamente, varias razones. Por ejemplo, la mezcla tóxica de austeridad e inseguridad percibida como consecuencia de los ataques terroristas es una gran herramienta de reclutamiento para los grupos de extrema derecha, y los políticos europeos no quieren que se les considere laxos en lo que se refiere a la seguridad de las fronteras.

Sin embargo, también es importante seguir el dinero. En este caso, hay un grupo claro de intereses que se ha beneficiado de la crisis de los refugiados y la inversión de la UE en ‘asegurar’ las fronteras. Son las compañías militares y de seguridad que suministran el equipamiento a los guardias de frontera, la tecnología de vigilancia para monitorizar las fronteras y las infraestructuras informáticas para seguir los movimientos de la población.

Un nuevo informe, Guerras de frontera, elaborado por el Transnational Institute y Stop Wapenhandel, demuestra que, desde principios del siglo XXI, la UE ha destinado miles de millones de euros a la seguridad de las fronteras y medidas de control, tanto en los Estados miembros como en los países colindantes, generando beneficios inmensos para grandes compañías europeas de armamento, como Airbus, Finmeccanica y Thales. Entre los principales beneficiarios de los contratos de seguridad fronteriza se encuentran algunas de las mayores compañías de venta de armas a Oriente Próximo y el norte de África, que fomentan los conflictos que desplazan a las personas de sus países de origen.

Organizaciones y expertos en derechos humanos han alertado repetidamente de que la respuesta actual de la UE a la crisis de los refugiados solo conducirá a más sufrimiento y violencia contra estos, que se verán obligados a utilizar rutas más peligrosas en busca de seguridad. Pero la UE no escucha estas críticas, de la misma manera que niega toda responsabilidad con respecto a las causas de las migraciones.

La mayoría de las personas que llegan a la UE proceden de países azotados por la guerra, como Siria, Afganistán e Iraq, y en los que las intervenciones y las políticas europeas y occidentales –como el negocio de armas– han incrementado la violencia y el caos. La exportación de armas por parte de la UE a Oriente Próximo y el norte de África –por valor de 80.000 millones de euros en la última década– está alimentando la guerra en Yemen y Siria, los conflictos armados de Iraq, Turquía y Libia, y las violaciones de los derechos humanos en Egipto y Arabia Saudí.

La industria militar y de seguridad no es solo beneficiaria, sino que cada vez determina más la política de fronteras europea en su calidad de persistente lobista y pide más financiación para la investigación y las adquisiciones en este campo. El resultado es un complejo industrial europeo de seguridad fronteriza en el que se alinean cada vez más los intereses de los ‘securócratas’ europeos y los beneficios de las compañías militares.

En las últimas semanas, se ha recrudecido la militarización de nuestras fronteras. El Parlamento Europeo aprobó la transformación de Frontex –la agencia europea para la coordinación de las operaciones en fronteras externas– en una Agencia Europea de Guardia Costera y Fronteriza, EBCG), que controlará las actividades de seguridad de los Estados miembros y tendrá un papel más activo como guardia de fronteras. Hungría desplegó miles de soldados y policías en su frontera con Serbia para hacer retroceder a los refugiados, a raíz de lo que se produjeron episodios de violencia y abusos.

El acuerdo sobre migración con Turquía sigue recibiendo críticas graves de las organizaciones de derechos humanos a causa de la violencia letal y las deportaciones de los refugiados sirios. La frágil situación política de la misma Turquía como consecuencia del golpe de Estado fallido y que sigue siendo fuente de gran represión ofrece pocas perspectivas de mejora.

Además de fortalecer sus propias fronteras, la UE busca también exportarlas a ‘terceros’ países al amparo de nuevos planes polémicos, que harían uso de unos 100 millones de euros destinados a la ayuda al desarrollo para financiar ejércitos extranjeros fuera de la UE, que participarían en la seguridad de las fronteras. Hasta se contempla la cooperación con los regímenes dictatoriales de Sudán y Eritrea.

El trato que la UE depara a los refugiados viola los derechos humanos –incluido el derecho fundamental a buscar asilo– y es contrario al derecho internacional. Por ello, la Unión debe cambiar de rumbo y respetar, por encima de todo, la vida y los derechos fundamentales de los refugiados. Esto significa, entre otras cosas, que reconozca el papel que desempeña en alimentar los motivos que originan las migraciones y trabajar para solucionarlos, como imponer un embargo sobre la venta de armas a Oriente Próximo y el norte de África. Asimismo, debe acabar con la militarización de la seguridad en las fronteras, tanto en Europa como fuera de ella. Y por encima de todo, debe trabajar para acoger en la UE a los refugiados que buscan seguridad y un futuro digno.

En vez de sucumbir a la presión de la industria militar y de seguridad, que aboga por cada vez más proyectos de seguridad en las fronteras, la UE debe cumplir sus obligaciones internacionales y de derechos humanos.

*Artículo publicado originalmente en www.tni.org