La colocación de Mikel Cabieces en los aledaños de Kutxabank, con un sueldo de unos 6.000 euros mensuales, y el pago añadido de más de 100.000 euros por parte de Iberdrola, reabre el debate sobre si a los cargos políticos se les debe buscar acomodo al abandonar sus puestos. Pero hay también otro elemento relevante: Cabieces, antes de iniciar su trayectoria institucional, era asesor laboral de UGT, donde a buen seguro no cobraba esos 350.000 euros en menos de tres años. Su paso por la Alcaldía de Portugalete y la Delegación del Gobierno español elevó su caché de manera desorbitada.

No ha sido el primer caso, ni será el último. La Delegación del Gobierno español en la CAV parece ser un buen trampolín, aunque de ella se haya salido de manera tan chusca como lo hizo en 1989 Julen Elgorriaga, a quien José Luis Corcuera cesó por haber impedido la entrada de periodistas de «Egin» a la Delegación, desde donde se seguía el recuento de las elecciones del 29 de mayo. Para no cumplir con la orden de la Junta Electoral y del propio ministro, Elgorriaga impidió la entrada a todos los medios (así no había discriminaciones) y los periodistas tuvimos que desplazarnos al Gobierno Civil de Gasteiz, donde había poco más que un teléfono de mesa para todos. Antes de pasar por sus cargos institucionales, Julen Elgorriaga era administrativo de la Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa. Después de la patada de José Luis Corcuera, pasó a ser presidente de la empresa de transportes Enatcar, gracias a la intermediación de José Barrionuevo, por entonces ministro de Transportes. Había que pagarle sus servicios al Estado. Años más tarde ambos fueron condenados dada su implicación en la dirección de los GAL.

El paso por la cartera de Interior parece ser muy provechoso para dar saltos en el ámbito laboral. Por ejemplo, antes de iniciar su andadura institucional Juan María Atutxa había sido empleado con algunas responsabilidades de Caja Rural Vasca y la Caja de Ahorros Provincial de Bizkaia. Cuando dejó la presidencia del Parlamento, además de ponerle al frente de la Fundación Sabino Arana, como es conocido, se le dio -y esto ya no era tan público- un puesto en el consejo de administración de Bahía de Bizkaia Gas SL, que dejó en febrero de 2010, cuando entró a formar parte del Consejo de Administración de Iberdrola Ingeniería y Construcción, donde todavía se mantiene.

Al sucesor de Juan María Atutxa, Javier Balza, la consejería le supuso un salto profesional. Balza era letrado del Gobierno y fue llamado a cargos de libre designación como director y viceconsejero, siempre en el ámbito jurídico, hasta que ocupó la cartera de Interior. Al dejarla, duró poco en su puesto anterior en la Administración, y fichó como como consultor en las áreas de Derecho Administrativo y Constitucional por el despacho Uría Menéndez Norte Abogados (el de Mario Fernández) y llegó a socio en 2013. Además, desde enero de 2010 viene ocupando distintos puestos en el Consejo de Administración Iberdrola Distribución Eléctrica, donde figura como secretario de la comisión de auditoría. Junto a ello, desde octubre del pasado año es secretario no consejero de Ezkerraldea-Meatzaldea Bus SA y de Busturialdea Lea Artibai Bus SA.

Hasta que fue secretario de Estado de Seguridad entre 1996 y 2000, Ricardo Martí Fluxá tenía un currículo laboral marcado por diversos puestos en la Administración Pública, embajadas y hasta la Casa del Rey. Después de dejar el Ministerio entró en la Caja de Ahorros de Navarra como miembro del Comité Ejecutivo, y ha presidido ITP, participa en empresas de seguridad y en la actualidad es presidente del grupo MGO, además de pertenecer a otros consejos de administración.

«Máster en política»

Puede entenderse que a una multinacional le interese tener a su servicio el saber, la agenda y la influencia de quienes han presidido gobiernos o han estado en la élite económica de un gobierno. Y así Felipe González es fichado por Gas Natural, donde sigue aunque se quejara de que «es muy aburrido», y a José María Aznar lo llama Endesa como asesor externo, pese a que le haya rescindido ya el contrato por su pérdida de influencia, así como su amigo Rupert Murdoch, que lo sitúa en el consejo de News Corporation.

Se puede suponer que la ex vicepresidenta primera para Asuntos Económicos del Gobierno español Elena Salgado sabe de qué se está hablando cuando acude a las reuniones del consejo de Chilectra, filial de Endesa, al igual que su excompañero Pedro Solbes en Enel, propietaria de Endesa, o en el Barclays. ¿Pero qué explicación tiene que Nicolás Redondo Terreros, abogado sin actividad laboral conocida fuera del PSE, al poco de dejar la política fuera nombrado consejero de Cementos Alfa, una de las filiales de Cementos Portland Valderrivas (del Grupo FCC), para pasar luego a ocupar un puesto en el consejo de la propia FCC?

Otros de sus compañeros, sin currículo anterior a su vida política, también encontraron acomodo en empresas. Y siempre en la cúspide. José Antonio Maturana, por ejemplo, fue director de diversificación del Grupo Bruesa, constructora señalada en la financiación del PP y otras extrañas labores de fontanería, lo que llevó al propio Maturana a tener problemas legales con el caso Eivissa Centre, que quedó finalmente archivado al no encontrar la jueza sustituta indicios para ir a juicio.

En otros casos, hay políticos que ya tenían un buen currículo tanto académico como laboral, pero cuyo paso por la res pública lo elevó exponencialmente. Es el caso de Josu Jon Imaz. Antes de ser elegido eurodiputado del PNV en 1994, era responsable del Departamento de Marketing y Relaciones Exteriores de Inasmet. Tras ejercer como eurodiputado, consejero de Industria y polémico presidente del EBB, dejar la política y marcharse a EEUU con su familia, tardó seis meses en ser nombrado presidente de Petronor. Eso fue en julio de 2008. Ahora es ya consejero delegado de Repsol y presidente de Repsol Petroleo. ¿Cabe dudar de la capacidad profesional de Josu Jon Imaz, que es además doctor en Ciencias Químicas? Probablemente no. Y de hecho ocupa cargos ejecutivos y no se limita a calentar asientos en reuniones mensuales de un consejo de administración. Pero también es cierto que en su ascenso de Inasmet a la presidencia de Repsol no hay más que un «máster en política» desarrollado entre Estrasburgo, Lakua y la última planta de Sabin Etxea.

Esto no ha pretendido ser un listado exhaustivo, son apenas unos botones de muestra. Pero resulta realmente aleccionador ver cuáles son las relaciones entre la política y determinadas grandes empresas, ver cómo se garantizan sueldos y cabe sospechar que se compran voluntades. ¿De qué si no alguien que no ha trabajado nunca en nada que no fuera su partido acaba en el consejo de administración de una gran firma?