El Consejo de Ministros francés ha tramitado este lunes un proyecto de reforma de las pensiones que, según ha explicado el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, en la rueda de prensa posterior, tras incluirse en  las Cuentas de la Seguridad Social, permitirá al Estado ahorrar globalmente 18 millardos en el horizonte de 2030, ayudando así a revertir el déficit.

Dussopt ha hablado de una reforma «justa y que consolida derechos», y se ha extendido en resumir las diversas medidas incluidas en ese proyecto contra el que se manifestaron, el 19 de enero, centenares de miles de personas en las más de 200 movilizaciones organizadas por los sindicatos en el Estado francés.

En Baiona secundaron esa primera protesta más de 10.000 personas.

La segunda gran cita movilizadora tendrá lugar el 31 de enero, al día siguiente que el texto de la reforma llegue al debate en comisión, y en la antesala de que el proyecto de ley sea debatido en plenario en la Asamblea Nacional, en febrero.

El Gobierno espera contar con los votos de Les Républicains (LR) para superar un trámite que se anuncia tormentoso, ya que la oposición ha adelantado que presentará numerosas enmiendas.

Evitar que encalle el debate

Ante la perspectiva de ese bloqueo parlamentario, Olivier Dussop ha confirmado que el Gobierno tramitará la nueva reforma a modo de anexo corrector de las cuentas de la Seguridad Social (aprobadas en diciembre pasado por decreto, mediante la activación del artículo 49.3 de la Constitución) a la búsqueda de una tramitación exprés.

El titular de Trabajo ha tratado de reforzar los aspectos «más amables» del texto, con una larga mención a la «pensión mínima a 1.200 euros».

En realidad se trata de asegurar que las personas que hayan contabilizado todos sus trimestres de cotización -43 años a partir de 2027- pero que hayan tenido bajos salarios puedan cobrar e su vejez como mínimo esa cantidad bruta, que corresponde al 85% del salario mínimo o Smic neto.

Dussop ha hablado también de la «mejor protección» con que contarán los trabajadores que no puedan llegar a la edad legal, debido a accidentes o a problemas de salud derivados de su actividad y ha tratado de «limar asperezas» con la derecha, destacando la serie de dispositivos que permitirán a quienes empezaron a trabajar antes de los 20 años ir antes al retiro.

Lo cierto es que la reforma, a espensas de cambio, les garantiza solo un tope de 44 años de cotización para poder jubilarse.

«Reparar las desigualdades»

También ha defendido el ministro de Trabajo la vocación de «reparar las desigualdades de carrera» que afectan más a las mujeres, por las bajas de maternidad pero también por el cuidado de familiares. No ha citado el efecto, no menos evidente, de la brecha salarial.

Ello implica que las mujeres tengan al llegar a la edad de jubilación entre un 20 y un 30% menos de periodo de cotización, con el consiguiente impacto en forma de pensiones bajas.

Dussopt ha hablado de medidas compensatorias, que podrían pasar por valorar mejor los periodos de cuidado, valorándonos para la jubilación, pero sin concretar demasiado las cosas.

«No es la reforma que presentamos hace unos meses sino un texto mejorado con las aportaciones de nuestros interlocutores», ha insistido, por su parte, Stanislas Guerini, retomando el argumento de partida expuesto por Dussopt.

Como su colega de gabinete, el ministro de la Administración Pública ha tratado de dejar la puerta abierta a otras mejoras, durante el trámite parlamentario, siempre que no cuestionen la piedra de toque de la reforma: el equilibrio financiero del sistema de pensiones públicas.

Guerini se ha centrado, por lo demás, en tranquilizar a los funcionarios, cuyos derechos serán preservados, según ha asegurado.

«Vamos a mejorar la reconversión al fin de carrera, para que los trabajadores puedan seguir en activo, y vamos a crear un fondo para ocuparnos mejor de la penibilidad en el trabajo, en particular en el caso de trabajadores del sistema de salud».

Trabajadores de más edad

A preguntas de los periodistas, Dussopt ha aclarado que las empresas de más de 300 trabajadores deberán hacer público un índice relativo al número de «trabajadores senior» (de más de 55 años) con que cuentan en plantilla y que si cumplen ese requisito pueden ser multadas.

No ha hablado de penalizar a empresas que manden al desempleo a trabajadores de edad, una práctica habitual que, en no pocos casos, perjudica a los futuros derechos de pensión.

En todo caso, además de un buen número de inconcreciones, la comparecencia de Dussopt y Guerini ha dejado un titular claro: No habrá marcha atrás en la decisión de retrasar la edad de jubilación a los 64 en el horizonte de 2030.