El negociador y exmiembro del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) Pastor Alape, alias de Félix Antonio Muñoz Lascarro, advirtió, durante una visita a Euskal Herria previa a la agresión de ayer de EEUU contra Venezuela, del impacto de la estrategia intervencionista de EEUU en la democracia.

¿Considera que el Gobierno de Gustavo Petro corre peligro con Donald Trump tal como está sucediendo en Venezuela con Nicolás Maduro?

Eso está claro, porque la ofensiva de Donald Trump busca desestabilizar América Latina para poder entrar EEUU a posicionarse y sumar fuerzas. La nueva estrategia de EEUU es la doctrina Monroe con los ítems del gran pensador Trump. Ya no es América para los americanos, sino el mundo para los americanos, es decir, para el capital.

¿Cree que esta estrategia va a acabar con el Gobierno de Nicolás Maduro?

Lo veo muy complejo porque lo que va a generar EEUU con esa presión es afectar la estabilidad de estos países. No sé si se irá Maduro o no, pero sí se va a desestabilizar el continente por todas estas presiones que no sabemos en qué vamos a terminar. La democracia se va a ver afectada y la experiencia en las intervenciones de EEUU, en cualquier parte del mundo, lo que ha creado es caos, tal como sucedió en Afganistán.

¿La ofensiva de EEUU contra Venezuela está afectando a Colombia?

Varios pescadores y ciudadanos han sido asesinados en bombardeos de EEUU porque la ofensiva no es solo en el Caribe, sino también en el Pacífico. Es un cerco a América Latina de parte de la irracionalidad del Gobierno de Donald Trump.

¿Qué cree que va a suceder y cómo va a afectar a Colombia?

Aquí es muy difícil atreverse uno a hacer cábalas. En concreto, hay una realidad y es que hay una estrategia dirigida a desestabilizar América Latina para fortalecer los capitales norteamericanos y para eso van a llegar a cualquier cosa.

¿Qué le empujó a dejar las armas tras casi 40 años como integrante de las FARC?

Como organización guerrillera siempre le apostamos a la paz. Las FARC es una formación guerrillera que se da por unas condiciones muy particulares en Colombia, que fue el ataque al campesinado del sur del país por parte de las fuerzas militares del Estado con el pretexto de que eran formaciones del comunismo internacional. Desde el inicio, las FARC plantean la necesidad de que no se profundizara en la guerra y que pudiéramos resolver esa situación de agresión del Estado a través del diálogo para clarificar que ellos no eran enemigos del país, ni de la nación, ni un enclave comunista, sino que de campesinos que aspiraban a mejorar sus condiciones de vida. Por eso terminamos firmando el acuerdo de paz que le permitió respirar democracia a Colombia y volcarse, por primera vez, a un Gobierno diferente a los que históricamente han manejado y administrado el Estado. Lo que hicimos debiéramos haberlo logrado mucho antes porque hubiésemos evitado mucho dolor y rencor.

¿Cómo está ahora el proceso de paz?

La paz es un proceso. La firma es un acto, pero de ahí diríamos que se desatan una serie de acciones que implican esfuerzo, iniciativa, creatividad, imaginación, dolores, llantos, risas y hasta muertes, porque llevamos 482 camaradas asesinados y también han matado a defensores de derechos humanos, líderes sociales y ambientalistas. Hoy se habla de paz y todavía tenemos focos de violencia, pero estamos pensando en que hay que cambiar el método para poder superar esos focos que nos quedan. Vamos avanzando, pero no como quisiéramos, ya que hay que darle impulso a la entrega de tierras a los campesinos. Tampoco hemos podido avanzar en el fenómeno de las drogas, en lo que tiene que ver con la sustitución de los cultivos de uso ilícito.

¿Quién comete esos crímenes?

Hoy no es el Estado, sino estructuras que se benefician y se han beneficiado del Estado, y que tienen la violencia como su principal instrumento. Hay disidencias, organizaciones que se formaron y estructuras residuales de lo que fue las FARC, organizaciones residuales del paramilitarismo y organizaciones insurgentes como el ELN. Una mezcla de actores violentos y estructuras mafiosas.

¿Se puede hablar de paz mientras existan esos grupos?

El acuerdo de paz establece que es necesario hacer esfuerzos para lograr la paz completa, que es poder desmontar todos los demás actores de la violencia. Lo que se recomienda es que se haga en procesos de negociación o de sometimiento o acogimiento a la justicia en caso de estructuras criminales y organizaciones de carácter político. Las formas violentas que históricamente ha usado el Estado colombiano en sus diversos gobiernos lo que han generado es mayor violencia.

¿Qué impide que esas organizaciones dejen las armas y se integren en la vida civil?

El acuerdo plantea una serie de fórmulas y para poder hacerlo efectivo requiere que el Estado se manifieste en estos territorios de manera integral. La experiencia con la salida de las FARC de los territorios es que el Estado no llegó y quedó un vacío que lo ocuparon inmediatamente estructuras violentas. No se ha podido garantizar la vida de las personas, ni sustituir el cultivo de productos ilícitos por lícitos, ni dar tierras a las personas desplazadas.

¿Por qué no ha sido posible?

Porque los Gobiernos no han tenido voluntad. Primero, el Gobierno con el que firmamos el acuerdo de paz (Juan Manuel Santos) no estableció una estrategia efectiva para copar de manera interinstitucional esos territorios. La preocupación era que dejáramos de utilizar las armas, y se concentró en eso y no en generar las condiciones para la no repetición. El Gobierno que siguió (Iván Duque) hizo su campaña contra el acuerdo diciendo que lo iba a hacer trizas. Luego llegó el Gobierno del cambio (Gustavo Petro), que ha tratado de avanzar y con unos terrenos ya copados por la acción violenta ha formulado la paz total como su estrategia, que no ha sido efectiva. Este sí ha avanzado en el tema de tierras y ya van más de 800.000 hectáreas que ha dispuesto a los campesinos.

¿Cómo afecta esta situación al proceso de paz teniendo en cuenta que Trump ya ha acusado a Gustavo Petro de ser un líder del narcotráfico?

El acuerdo de paz ya está afectado porque EEUU vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución para la renovación de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Ello supuso la suspensión de dos funciones clave de la Misión como la supervisión de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el monitoreo de la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz. De igual manera, el discurso de la violencia en un país que trata de construir paz es muy complejo, ya que el presidente ha sido acusado de narcotraficante cuando Petro nunca ha tenido ningún vínculo en ese aspecto.

¿Cree que el proceso de paz concluya de forma negativa si entra un Gobierno de derechas en Colombia?

El acuerdo de paz es parte del bloque constitucional de Colombia y tiene un carácter internacional. Eso hace que cualquier Gobierno no pueda desmontarlo. Que le pongan trabas y no le pongan el ritmo es otra cosa, pero también hemos planteado que el acuerdo requiere movilización. No es un documento que se firmó, sino que tiene vida y la vida es la sociedad colombiana movilizándose para hacerlo efectivo.

¿Va más lento de lo que quisiera todo este proceso?

Claro, nueve años para expedir las primeras sanciones. Eso nos ha deteriorado mucho la credibilidad a algunos sectores o les ha permitido a algunos sectores hacer campaña en contra del acuerdo.

Ha habido persecución judicial contra ustedes. ¿Cómo está la situación?

Todos los temas judiciales están en la JEP (cuya función es administrar justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016). Nos sancionaron a los primeros siete exintegrantes del Secretariado de las FARC a la pena máxima de ocho años de actividades reparadoras (por la política de secuestros) y el desafío hoy es poder ejecutar esas sanciones. Lo que sí ha habido han sido campañas políticas dirigidas a ilegitimar la JEP (el 19 de diciembre, condenó a 20 años de prisión al coronel retirado Publio Hernán Mejía como responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad por 72 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate, conocidos como falsos positivos).

¿Cómo ha sido la inserción en la sociedad civil de los combatientes de las FARC?

Es compleja, hay mucha estigmatización y señalamientos, pero hemos podido desenvolvernos de manera exitosa a pesar de los muertos que tenemos. Desafortunadamente, nos ha tocado despedir a 480 vidas que cuando entregaron su fusil para despedirse de la violencia soñaron que morirían al lado de sus hijos y eso no ha sido posible.