Ion Salgado
Aktualitateko erredaktorea / redactor de actualidad
Entrevista
Enrique Barbadillo y Pablo Ortiz de Latierro
Alcaldes de Trebiñu y Argantzun
Ortiz de Latierro (EH Bildu) y Barbadillo (PNV), juntos para esta entrevista de GARA.
Ortiz de Latierro (EH Bildu) y Barbadillo (PNV), juntos para esta entrevista de GARA.
Jaizki Fontaneda (Foku)

«La solución es bien sencilla: preguntar a la ciudadanía y acatar lo que diga»

Enrique Barbadillo (PNV) y Pablo Ortiz de Latierro (EH Bildu) son los alcaldes de Trebiñu y Argantzun, dos municipios que, pese a estar en el corazón de Araba, dependen de la Junta de Castilla y León, una comunidad gobernada por PP y Vox.

PP y Vox han cerrado un acuerdo para gobernar Castilla y León, ¿qué supone para los ayuntamientos de Trebiñu la entrada de la extrema derecha en la Junta?
Pablo Ortiz de Latierro: Siempre es un peligro que la extrema derecha entre en cualquier gobierno, y con la problemática que tenemos en el enclave, con dos ayuntamientos que luchamos por la integración en Araba, pues es un problema añadido.

Enrique Badillo: Consideramos que es un noticia muy mala que la extrema derecha entre en un gobierno autonómico, y en este caso nos afecta a nosotros. Si hasta ahora hemos tenido muchas dificultades o todas las dificultades para ir adelante en nuestra reivindicación de integrarnos en Araba, creo que ahora será bastante más complicado. Habrá que ir dando pasos para que se conozca la situación del enclave.

Entre los «ejes de gobierno» acordados por PP y Vox figura «asegurar la cohesión, el equilibrio y la integridad territorial de Castilla y León».
P.O.L.: Es la primera vez que entran en un gobierno y están marcando sus pautas. Pero también influye que estemos nosotros en la situación en la que estamos. No somos el único enclave que hay en Castilla y León, pero sí que somos el único enclave que quiere cambiar de comunidad autónoma.

¿Se refieren al componente político que implica la integración efectiva en Araba?
E.B.: Creo que la mayor dificultad que nos plantean es esa, el hecho de que nosotros queremos entrar a la CAPV. Ya lo tenían bien atado en el Estatuto de Castilla y León, con la disposición transitoria. Y mientras no se derogue, que no se derogará, seguiremos en la misma situación.

¿Cómo es la relación que mantienen con la Junta de Castilla y León?
E.B.: Es prácticamente nula.

P.O.L.: Es administrativa. Nos informan de cosas, y nosotros remitimos lo que tenemos que remitir por ley. El año pasado tuvimos una reunión sobre la desescalada. La única en tres años.

En mayo de 2020 se estableció que Trebiñu y Argantzun realizaran la desescalada con Araba.
E.B.: Nosotros pensábamos que haríamos la desescalada con Araba en todos los sentidos, y publiqué un bando en ese sentido. Pero se me echaron encima desde la Junta de Castilla y León, como lobos. Me dijeron que todo lo relacionado con las medidas sanitarias correspondía a Castilla y León, y la movilidad al País Vasco.

P.O.L.: No tenían ninguna intención de moverse ni de facilitar la vida a la ciudadanía. No fueron momentos fáciles para nadie. Hasta que se aclararon un poco las cosas no sabíamos lo que podíamos hacer y lo que no, a dónde podíamos ir y a dónde no. Porque para salir del enclave, sí o sí, salgas por donde salgas, vas a dar a Araba.

Enrique Barbadillo, alcalde de Trebiñu. (Jaizki FONTANEDA/FOKU)


Parece que las relaciones se dan entre las autoridades de Gasteiz y de Valladolid, y que las administraciones locales, las más afectadas por esta situación, están en medio.
E.B.: Sí. Nosotros prácticamente no intervenimos. Ellos negocian y nos preguntan si queremos decir algo, pero no sé a dónde llega el decir algo. Lo normal es que no intervengamos.

P.O.L.: Los convenios fueron firmados entre ambas diputaciones, pero la Diputación de Araba tiene mayores competencias que la de Burgos. Y parece que entre el Gobierno Vasco y la Junta debe haber algo acordado, a falta de firmar.

¿Se refieren a un nuevo protocolo?
P.O.L.: Sí, un acuerdo marco. Ya se firmó uno en 2011, y se ha desarrollado en los convenios, y otro en 2012, que afectaba a zonas limítrofes, pero no lo desarrollaron.

¿Cómo valoran los convenios suscritos entre las diputaciones?
E.B.: No dejan de ser un parche a la situación que vivimos. Está bien para los ciudadanos, porque tienen cubiertas unas necesidades, pero si la nueva Junta de Castilla y León establece que no se firman más convenios con las instituciones vascas, podrían cortar los mismos, derogarlos. Y nos quedaríamos con el culo al aire, como se suele decir.

«Los convenios están bien para los ciudadanos, pero no dejan de ser un parche a la situación que vivimos»

¿Qué tipo de servicios se regulan a través de estos convenios?
P.O.L.: Se regulan ocho materias, entre las que figuran Euskara, Cultura y Deporte, Servicios de Emergencia, Patrimonio... y luego hay subvenciones al Transporte y Bienestar Social, que es el que más afecta a la ciudadanía. Los vecinos y vecinas pueden optar a residencias en municipios limítrofes.

E.B.: En el ámbito sanitario, si se rompe el convenio, o no se firma una renovación del mismo, tendríamos que empezar a ir para abajo, a Burgos, a Miranda o a donde fuera, para recibir asistencia.

P.O.L: Hay un centro de salud en Condado de Treviño, y dos consultorios, uno en Albaina y otro en Argantzun, donde el servicio lo da el Sacyl. Para las consultas de los especialistas el 99% de los vecinos y vecinas van a Txagorritxu, al HUA. Y en el tema de Educación, mucha gente de Argantzun va a estudiar Langraiz, y desde Trebiñu van a Gasteiz.

En lo que se refiere a Educación, ¿cuál es la situación actual?, ¿es posible estudiar en euskara?
E.B.: El euskara, institucionalmente, no está reconocido. Así como Castilla y León sí admite el gallego y el leonés en diferentes zonas, como en el Bierzo, aquí no ha habido acuerdo cuando se ha planteado incluir el euskara como asignatura en el programa lectivo.

P.O.L.: En Argantzun hay una ikastola, que está concertada con el Gobierno Vasco. Es la única opción para estudiar euskara sin salir del enclave.

E.B.: El colegio público ganaría bastante si se incluyese el euskera. Y con le tema del euskara hay que recordar que la Junta nos obligó a anular el último plan de euskara que hicimos, porque interpretaron que donde decíamos 'normalización' queríamos incluir el euskara como lengua cooficial. No era así, nuestra intención era normalizar el aprendizaje y el uso del euskara, no cooficializar la lengua. Ahora estamos preparando otro plan.

«En Argantzun hay una ikastola, es la única opción para estudiar en euskara sin salir del enclave»

En el caso de Trebiñu el Plan de Euskara llegó al contencioso y en el de Argantzun se requirió su retirada.
P.O.L.: Sí, nos dieron un mes para retirarlo. Fue un plan que hicimos entre los dos ayuntamientos con el técnico de euskara que tenemos. Era para todo el enclave, porque creíamos que era absurdo hacer uno para cada ayuntamiento teniendo la misma problemática.

Ahora trabajan en un nuevo plan, ¿cuándo estará listo?
E.B.: Estará listo en breve. Lo está revisando Diputación para no cometer el mismo error que la otra vez. Una vez que tengamos el texto definitivo lo tendremos que debatir en los ayuntamientos y aprobarlo en pleno.

P.O.L.:A finales de año seguramente esté.

Parece que pueden promocionar o impulsar el uso del euskara pero no 'normalizar' la situación del idioma.
P.O.L: Hay ciertas palabra que les chirrían.

E.B.: Por 'normalización' entienden que es poner el euskara en la misma posición que el castellano. Y eso no les gusta, pero hay tantas cosas que no les gustan del enclave... y menos la dirección de los ayuntamientos. Tener un territorio burgalés, con dos ayuntamientos, uno dirigido por EH Bldu y otro por el PNV les tiene que...

P.O.L.: En esta legislatura miran con lupa cada paso que damos.

E.B.: Nos revisan todos los puntos que se aprueban en los plenos.

El alcalde de Argantzon, Pablo Ortiz de Latierro. (Jaizki FONTANEDA/FOKU)

Precisamente en diciembre los ayuntamientos aprobaron una iniciativa que busca avanzar en la integración en Araba, un texto que fue recurrido por la Junta de Castilla y León.
P.O.L:La iniciativa del 15 de diciembre constaba de tres puntos básicos: la creación de una mesa de trabajo entre ambos ayuntamientos, la puesta en marcha de una campaña comunicativa e instar a la ciudadanía a que participe en el proceso de integración, a que se implique en las diferentes iniciativas. No íbamos contra ninguna normativa, y antes de aprobar la iniciativa lo miramos bien para que no hubiera problemas.

En el pleno de febrero aprobamos una respuesta tras hablar con los servicios jurídicos, y poco después de las elecciones autonómicas de Castilla y León nos llegó la carta en la que anunciaban el archivo del expediente.

E.B.: Se bajaban del burro.

¿La iniciativa por tanto sigue vigente?
P.O.L.: Sí, sigue vigente y lo han dado por bueno, o por legal. No estarán de acuerdo con ello pero lo han dado por legal.

¿Cúales son los siguientes pasos a dar para lograr la integración?
P.O.L.: Estamos estudiando qué personas van a participar en la mesa. Y desde la mesa se acordarán los siguientes pasos a dar desde la vía institucional.

En lo que se refiere a la vía social, hace unos meses se relanzó la plataforma 'Trebiñu Araba da'.
E.B.: Sí, pero no sé como están funcionando. El objetivo es revitalizar la llama, que estaba un poco dormida desde la aprobación de los convenios. La gente se ha acomodado un poco y el objetivo de la plataforma es volver a revitalizar ese sentimiento.

P.O.L.:Empezaron la campaña con las pancartas y las banderolas, que se están empezando a ver cada vez más en los pueblos.

«El objetivo de la plataforma es revitalizar la llama en favor de la integración, que estaba un poco dormida»

Hace ocho años la iniciativa impulsada por el Parlamento de Gasteiz chocó contra el muro del Congreso...
E.B.: Estuvimos en el Congreso cuando se presentó la moción de modificación de límites territoriales, y los ponentes fueron cargos de PNV, EH Bildu y PSE, y a Txarli Prieto, del PSE, le dieron sus propios compañeros.

P.O.L.: En el Parlamento de Gasteiz el PSE votó a favor y en el de Madrid votó en contra.

E.B.: Y luego hubo otro intento posterior en el Senado, a donde fueron los alcaldes anteriores, para dar una explicación de la situación que se vive en el Condado.

P.O.L.: Burgos tuvo que hacer un informe de mayores vinculaciones, pero mienten, porque las mayores vinculaciones son con Vitoria para tema de trabajo, sanidad, educación, ocio...

E.B.: No sé de dónde sacaron esas mayores vinculaciones que presentaron para decir que 'no'.

¿Confían en las instituciones estatales, en la posibilidad de acordar una vía bilateral?
E.B.: No. Está difícil, y lleva difícil siglos. Si algún día llega al Gobierno español alguien con dos dedos de frente igual cambia la cosa.

P.O.L.: Algún día seremos Araba. Y el problema que tenemos no solo afecta al enclave, también afecta a Araba, porque la gente de Añana, Montaña Alavesa y Rioja Alavesa tiene que pasar por aquí para ir a Vitoria.

Ante esta situación, ¿se plantean la posibilidad de convocar una consulta ciudadana?
E.B.: Yo no tengo ningún inconveniente en proponerlo.

P.O.L.: Son decisiones que tiene que tomar la mesa. Podemos tener cada unos nuestras ideas, y la ralización de una consulta puede ser una opción. Porque la situación es bien sencilla, es hacer una consulta vinculante, preguntar a la ciudadanía y acatar lo que diga.

E.B.: En el siglo que vivimos esa sería la solución normal y coherente.

En diferentes ocasiones han dado cuenta de los problemas que genera la situación actual, que afecta al padrón de los municipios.
P.O.L.: En Argantzun somos más de 500 personas empadronadas, pero viendo hay fácilmente 800 personas.

E.B.: En el Condado no llega a 1.500 personas empadronadas, y nos consta que estamos viviendo más de 4.000 personas. Hay gente mayor que ha comprado una vivienda en Vitoria para poder empadronarse uno de ellos allí. Otro permanece empadronado para poder utilizar los servicios de aquí.

P.O.L.: En los primeros años es por temas relacionados a Educación, y la gente mayor por temas de residencias y servicios sociosanitarios.

¿Esta situación no debía haber quedado resuelta con los convenios?
P.O.L.: Los convenios están firmados y se aplican, pero a veces hay algunos huecos. Los jóvenes que están estudiando en la universidad no pueden optar a las becas del Gobierno Vasco aunque estudien en Gasteiz, en la UPV, porque no están empadronados en la CAV.

E.B.: Ni pueden optar a las de Castilla y León por estudiar fuera. Hay una serie de incongruencias, también en el ámbito del transporte.

¿Qué interés puede tener Burgos o Castilla y León para rechazar la voluntad de los habitantes de Trebiñu y Argantzon?
E.B.: A mí me gustaría saberlo. Tienen que ser razones políticas.

P.O.L.: No quieren perder parte de su territorio y dejarlo en manos de Euskadi, aunque en algunas reuniones, de otras legislaturas, decían que a ellos les da igual.

E.B.: Públicamente no lo van a reconocer, pero hay dirigentes, incluso del PP, a los que les da igual.