El Gobierno venezolano ha confirmado que el presidente, Hugo Chávez, no podrá asistir a la ceremonia de investidura que debía celebrarse este jueves, 10 de enero, ya que el equipo médico que le atiende en La Habana ha recomendado que siga ingresado.

El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha leído ante el Parlamento una carta del vicepresidente del país, Nicolás Maduro, en la que se invoca el artículo 231 de la Constitución para defender la posibilidad de fijar una nueva fecha que permita la toma de posesión de Chávez ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Según la carta remitida por Maduro a la Asamblea, el propio Chávez ha pedido que se informe a los venezolanos de su situación y del «irrebatible motivo sobrevenido» que le impedirá «formalizar» su reelección, obtenida en los comicios presidenciales del pasado 7 de octubre.

La decisión se debe a «recomendaciones del equipo médico», que ha sugerido prolongar «el proceso de recuperación post quirúrgica», ha explicado el vicepresidente en su nota.

El mandatario fue operado en Cuba el pasado 11 de diciembre por una recaída en el cáncer que padece y, desde entonces, los rumores sobre si se recuperaría a tiempo para la investidura han sido constantes. Su ‘número dos’ calificó la semana pasada de «simple formalismo» la ceremonia y defendió la constitucionalidad de un hipotético aplazamiento.

Maduro ha defendido en su nota que «el país ha sido consistentemente informado» de la evolución del mandatario, en una alusión a las críticas de los dirigentes opositores por la supuesta falta de transparencia.

La bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la Asamblea Nacional ha aplaudido al término de la lectura del comunicado y ha coreado «pa'lante comandante» como gesto de solidaridad hacia Chávez.

Tribunal Supremo

El artículo 231 invocado por Maduro establece que el vencedor de las elecciones presidenciales deberá tomar posesión «el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional».

Menciona a continuación que, «si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia». El Gobierno alega que esta segunda parte del artículo constitucional no obliga a la celebración de la investuidura en una fecha concreta.

El gobernador de Miranda y principal candidato opositor en las últimas elecciones presidenciales venezolanas, Henrique Capriles Radonski, ha reclamado este martes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se pronuncie sobre este asunto y se pronuncie sobre las decisiones tomadas por el Gobierno.