
Los abogados británicos Mark Muller, Michael Ivers y Sudhanshu Swaroop, el letrado francés Didier Rouget y la abogada navarra Amaia Izko conforman el equipo de abogados que el próximo 20 de marzo defenderán ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la causa de la presa Inés del Río, en la vista que tendrá lugar para estudiar el recurso interpuesto por el Gobierno español contra la sentencia del TEDH del 10 de julio pasado, que condenó a Estado español a indemnizar a la tafallesa con 30.000 euros y exigió su inmediata puesta en libertad.
Izko, Muller e Ivers han comparecido hoy en Donostia para dar a conocer los argumento que plantearán ante la Gran Sala y han mostrado su confianza en las alegaciones que han preparado. Han explicado que «la carga de la prueba» está en el Gobierno español y que a él le corresponde desmontar los argumentos de la sentencia del alto tribunal europeo contra la doctrina 197/2006, cuya aplicación retroactiva, según han señalado, vulnera la legislación europea de derechos humanos.
Muller, jurista de reconocido prestigio con amplia experiencia y que ha llevado numerosos casos ante la Gran Sala europea, ha indicado que, frente al argumento del Gobierno español de que el Tribunal Supremo únicamente «clarificó» la fórmula de cumplimiento de la condena, sin establecer ninguna modificación legislativa, ellos opondrán que lo que hizo al aplicar la doctrina 197/2006 fue «redefinir» la pena, de una manera que «no era previsible» por Inés del Río en el momento en el que se le notificó el alargamiento hasta los 30 años. «Lo que se modificó no fueron las normas aplicables a las redenciones de condenas, sino la imposición de la pena», ha sostenido.
En ese sentido, ha destacado que las condiciones de aplicación de las penas deben ser «claras y previsibles» y no se pueden modificar con carácter retroactivo.
A su entender, el TS «sustituyó» la condena inicialmente impuesta, que fue notificada a la presa vasca, por una nueva, lo que a su juicio atenta contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Muller e Ivers han coincidido en señalar que la decisión de la Gran Sala será «muy importante» no solo para el Estado español, sino para todos los países que forman parte del Consejo Europeo, ya que versa sobre «la aplicación universal del Derecho» y afecta directamente al «corazón» de la legislación sobre derechos fundamentales.
Según han indicado estos letrados, enjuiciar casos de este tipo, «de gran carga política», es «el pan nuestro de cada día» en el tribunal europeo, por lo que piensan que el tribunal no se dejará influir por presiones políticas.
Por eso, se han mostrado convencidos de que el TEDH fallará únicamente sobre la base del Convenio Europeo de Derechos Humanos y su propia jurisprudencia y han expresado su optimismo al entender que la Gran Sala «debe ver argumentos muy significativos» del Gobierno español para «darle la vuelta» a la resolución de la Sala Tercera del TEDH de julio.

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