Estos tres organismos católicos han remitido un comunicado en el que exponen su postura tras la muerte del preso vizcaino Kepa del Hoyo. Tras expresar su «solidaridad» con los familiares y allegados del fallecido, denuncian «la situación de las presas y presos políticos vascos», alejados de sus allegados y «sometidos a una legislación de excepción».

«Exigimos una vez más el respeto y cumplimiento de todos los derechos que corresponden a presas y presos sin excepciones; la libertad de quienes padecen  enfermedades graves, la excarcelación de los mayores de 70 años y de quienes han cumplido tres cuartos o dos tercios de su condena así como la desactivación de leyes excepcionales que equivalen a cadenas perpetuas», añaden.

Comunidades Cristianas Populares, Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria y Herria 2000 Eliza reclaman el fin de la dispersión «por ser un atentado contra los Derechos Humanos y la legalidad vigente, además de castigo añadido a  familiares y allegados».

«Pedimos a toda la ciudadanía, a las instituciones, a la Iglesia vasca la denuncia de estos hechos y su implicación», subrayan, al entender que «es una cuestión no sólo política sino de salud social y ética en un auténtico Estado de Derecho».

Por ello, se solidarizan «con las múltiples manifestaciones  de denuncia ante la muerte de Kepa y la exigencia de otra política penitenciaria (…) Invitamos a un compromiso creciente que abra nuevas perspectivas de reconstrucción social y política, de diálogo y cumplimiento de todos los derechos humanos, sin excepciones, en un contexto nuevo de reconciliación, esperanza y paz desde la justicia».