La rueda de prensa con la que el lehendakari, Iñigo Urkullu, arrancó el curso político desde el Palacio Miramar de Donostia fue un catálogo de los marcos de debate en el que tanto el Gobierno y la mayoría de los medios de comunicación se sienten cómodos. La definición del covid-19 como virus «criminal», fuera de la literalidad que ofrece el diccionario, justifica prácticamente todo lo que se quiera hacer desde el punto de vista restrictivo, mientras queda aparcada la labor propia que el Ejecutivo podría mejorar desde el punto de vista preventivo; a lo que se suma equiparar directamente los botellones con violencia sin ofrecer más alternativas que las cargas policiales («proporcionadas» en opinión Urkullu y no tanto según denuncian quienes las han sufrido). El trabajo contra la pandemia –que por cierto en la CAV no muestra síntomas mejores que en otras autonomías– queda así encuadrado entre lo imponderable ante lo que ya poco más se puede hacer desde las instituciones, los requerimientos a la autocontención de la ciudadanía que será culpable de lo que le ocurra, y un problema de orden público que los profesionales de la seguridad de Lakua llevan meses siendo incapaces de resolver o siquiera atajar de forma efectiva.

Pero al margen de la cuestión del covid, hay otros marcos en los que es evidente que el lehendakari y la mayoría de quienes le preguntan se mueven con extraordinaria placidez.

Iñigo Urkullu aseguró que los «ongi etorris» a presos que salen de la cárcel «no se deberían convocar, y menos grabar y difundirlos», obviando que esa es precisamente la norma que se viene siguiendo en los últimos meses. Luego falseó la realidad al asegurar que «lo que se está haciendo es todo lo contrario». El lehendakari se agarra al clavo ardiendo de un caso entre muchos sin más fin que atacar al primer partido de la oposición e imponer su relato sobre el bien y el mal.

En las últimas semanas hemos sabido que a Iñigo Urkullu le parecen «repulsivos» los «ongi etorris», pero no hemos tenido noticia de qué opina de la apología del torturador franquista y exmiembro de la Gestapo Melitón Manzanas que hizo el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo a través de las redes con notable difusión. Con una diferencia sustancial, los recibimientos a presas y presos son cuestiones de las que él no participa, pero el Gobierno que preside sí que tiene representación en el Memorial, y si no se ha desmarcado públicamente de sus mensajes será que los da por buenos o, al menos, no los considera siquiera motivo de comentario.

También convendría destacar lo estricto que en cuestiones que él entiende como éticas se muestra el lehendakari con la izquierda independentista y lo laxo que es con el PSE-PSOE. Hay materias como las torturas o la creación de los GAL, en las que este partido ha tenido una responsabilidad innegable, pero Urkullu mantiene con ellos una coalición que según dijo tiene una «salud excelente». Habrá quien aduzca que la tortura y el terrorismo de Estado son cuestiones del pasado, pero esto no se aplica en relación a ETA, cuyo cierre de persiana está a punto de cumplir diez años.

Siguiendo los marcos que gustan en Ajuria Enea, cuando en algunos medios se entrevista a dirigentes de EH Bildu siempre se les pregunta sobre su posición ante las secuelas de la existencia de ETA, y cuando se entrevista a dirigentes del PSE o del PP, nunca se les cuestiona sobre sus propias responsabilidades en materia de violencia, sino también sobre las atribuidas EH Bildu.

Hay en todo esto una práctica nada inocente de marcar la agenda política y mediática en una dirección determinada, en la que se conjugan intereses aparentemente contradictorios entre un sector político que se dice nacionalista vasco y medios claramente unionistas.

En este contexto, a nadie parece llamarle la atención que, como debe ser, Ajuria Enea esté constantemente reclamando del Gobierno de Pedro Sánchez el cumplimiento del Estatuto y del calendario de transferencias, y que al mismo tiempo se declare «encantado» de su relación con el PSE, que no podemos olvidar que forma parte del mismo PSOE instalado en la Moncloa.

Se produce ahí un discurso bipolar que a Iñigo Urkullu le resulta sumamente práctico, puesto que le permite seguir achacando el incumplimiento del «autogobierno reconocido» (hallazgo terminológico) a un agente externo llamado Madrid, sin tomar ningún tipo de medida por ello con la parte del PSOE que tiene dentro de su propio Consejo de Gobierno.

Del mismo modo, el lehendakari pretende «externalizar» al Parlamento la definición de la «actualización del autogobierno», como si él mismo no fuera parlamentario y perteneciera al grupo que, junto a sus socios del PSE, hace constante alarde de su mayoría absoluta en la Cámara. Es más, tanto su vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, como el emergente Eneko Andueza presentan a su partido como el que impedirá las «aventuras» jeltzales en esta materia. Mientras que Iñigo Urkullu hace como que no oye este tipo de declaraciones e insiste en la búsqueda de supuestos consensos que de hecho otorgan al PSE-PSOE la capacidad de veto sobre el futuro del autogobierno vasco, cuando una mayoría amplísima del Parlamento se declara, al menos en teoría, defensora del derecho a decidir.

Otro de los marcos de pensamiento que el Ejecutivo de Urkullu y Tapia están pretendiendo fijar es el de que en la CAV tenemos un déficit energético autoimpuesto, porque «en Euskadi cerramos la puerta a cualquier posibilidad de exploración, siquiera para una energía de transición y, además, ponemos obstáculos a lo que puedan ser las energías renovables alternativas». Es extraño este lamento constante de decisiones mayoritarias, cuando además es conocido que aunque existieran en el subsuelo bolsas de gas que en décadas no han aflorado, la ley que también votaron los jeltzales en el Congreso impediría su explotación.

Pero más chocante fue aún la afirmación del lehendakari en el inicio de curso de Miramar de que el alto coste de la electricidad «no debería ser objeto de debate político entre formaciones políticas, sino objeto de consenso y acuerdo, de un pacto de Estado». Por un lado, porque sin debate es imposible llegar a un consenso, acuerdo o pacto de Estado. Pero por otra parte, y más importante, porque si hay algo esencialmente político es la definición de las normas para fijar el precio de la generación y distribución de la energía, un bien esencial y de primera necesidad que hay quien defiende que no debería estar al albur de la codicia de las empresas que otros pretenden proteger.

Las palabras de Iñigo Urkullu son más fáciles de interpretar si se comprueba que el presidente y consejero delegado de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, es asiduo de Ajuria Enea, y que el actual consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, fue el hombre que él mismo aupó a la presidencia del EBB en un movimiento para hacerse con el control de la cúpula jeltzale tras dejar Xabier Arzalluz el cargo.

Los consejos de administración de Iberdrola, en sus diferentes denominaciones, han sido lugares en los que han encontrado acomodo bien remunerado jeltzales como Juan María Atutxa, Javier Balza, Xabier Sagredo y Roberto Otxandio, entre otros. El sector energético genera nexos entre empresas públicas y privadas que abren también muchas puertas. Por ejemplo, Bahía de Bizkaia Gas tiene un accionariado compartido entre Enagas y el EVE, y por allí pasaron en su momento el mencionado Atutxa y el ex diputado general vizcaino Josu Bergara. Bahía de Bizkaia Electricidad es en un 75% de BP y en un 25% del EVE. Y Bahía de Bizkaia Fotovoltaica está presidida por Joseba Aurrekoetxea, miembro del EBB y presiente también de Batzoki SL.

Pese a tanto enchufe, ¿quién podría pensar en establecer relaciones entre la política y la electricidad?