La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional española ha absuelto a Iratxe Sorzabal de la colocación de un artefacto en Irun en 1995, reconociendo que «la acusada fue sometida a tratos inhumanos durante su detención, en marzo de 2001», cuando fue detenida por la Guardia Civil.

El tribunal sostiene que el manuscrito escrito posteriormente en el que venía a reconocer la autoría de los hechos es «nulo de pleno derecho al haberse obtenido mediante la violación de los derechos fundamentales de la acusada (artículo 1.1 LOPJ pues es consecuencia de malos tratos (aplicación de electrodos) que sufrió durante su detención y que tenían por objeto que la misma prestase declaración en los términos que se le indicaban, sin que exista ninguna otra prueba de cargo destructora de la presunción de inocencia que le favorece».

La sentencia remarca que Sorzabal no ratificó en sede judicial su autoinculpación, en donde se limitó a declarar que las mismas habían sido bajo tortura. Recuerda que no fue hasta que se encontró el citado manuscrito con la confesión, que el informe policial califica como «la kantada más prolija y detallada», cuando se reabrió la causa y se procesó a la acusada. «Pero ello no empece a que el tan repetido manuscrito, elaborado unos días después de la detención, no esté viciado de la misma nulidad que la propia declaración, aunque lo sea de forma indirecta, por cuanto de no haberse producido la declaración tampoco se habría dado la citada misiva», concluye.

Relato de tortura

Sorzabal tuvo que sentarse de nuevo en la Audiencia Nacional en febrero de este año con una petición fiscal de 12 años de cárcel. Y la tortura en manos de la Guardia Civil en 2001 fue el elemento central de la cuestión. «Yo ahí no tenía derechos, eso me lo dejaron muy claro. Desde el registro hasta Madrid la Guardia Civil me lo dejó muy claro, con el primer golpe. ‘Aquí se han acabado los jueces y los derechos, hija de puta’. Allí yo no tenía más derecho que sobrevivir», relató, aún muy afectada por el recuerdo del periodo de incomunicación.

«Los guardias civiles eran todos hombres. Yo para ellos no era ni persona ni militante, yo para ellos era una ‘puta zorra’ y ya está. Mientras me ponían la capucha y los electrodos en el coche, además entre todos me sobaban. Y en Madrid me desnudaron toda», explicó entre sollozos.

El forense Benito Morentín (Instituto Vasco de Medicina Legal) detalló en el juicio los elementos en que basó su informe, desde los aportados por el Hospital San Carlos de Madrid a los derivados de Osakidetza y una entrevista personal en prisión utilizando el Protocolo de Estambul.

Morentin relató que en el San Carlos, donde Sorzabal fue atendida durante la detención incomunicada, se detectaron cefalea, patología cervical traumática y lesiones en la piel por las que se le realizó una biopsia. Los resultados eran compatibles con su denuncia de que se le aplicaron electrodos: «Más que compatibles aún, esas marcas son características, es un nivel de certeza de rango superior», matizó.

«Existe la evidencia, más allá de cualquier duda, de que durante su detención fue sometida a la aplicación de electrodos»

Este informe lleva al Tribunal a «la conclusión de que la acusada, Iratxe Sorzabal, en el transcurso de su detención, fue sometida a tratos inhumanos», remarcando la «concordancia entre las evidencias físicas y psicológicas con las alegaciones de tortura», la patología cervical diagnosticada, las lesiones dérmicas características de lesiones por electricidad y el trastorno de estrés postraumático.

«Existe, por lo tanto, la evidencia más allá de cualquier duda de que, durante su detención, Iratxe Sorzabal fue sometida a la aplicación de electrodos por parte de aquellos funcionarios que la custodiaban a fin de obligarle a declarar, lo que supone una evidente vulneración de sus derechos fundamentales», añade la sentencia.

La doctrina establecida por el Tribunal Supremo español deja «sin efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente violentando los derechos o libertades fundamentales».

Desatendido en dos juicios anteriores

Se da la circunstancia de que tanto el testimonio de Sorzabal como el informe pericial sobre la tortura han sido trasladados en términos muy similares a los tribunales de la Audiencia Nacional en dos juicios anteriores, sin que se hubieran tenido en cuenta.

Así, en un primer juicio en Madrid en 2022 fue condenada a 24 años de cárcel por un atentado en Gijón, y la sala despachó entonces su denuncia afirmando que «no ha quedado plenamente acreditada la tortura».

En aquella ocasión, Iratxe Sorzabal explicó, entre sollozos, que «me autoinculpé e inculpé a otros. La Guardia Civil me torturó y me obligó a hacer esas declaraciones. Todas esas acusaciones son falsas», ha subrayado a preguntas de la Fiscalía. «Durante esas sesiones de tortura me obligan a aprender cosas de memoria, repetimos declaraciones». «El segundo día estaba tan destrozada que pensaba que más de lo que me estaban haciendo no podían hacerme –relató–. Le enseñé las marcas, en carne viva, y al verme vio que debía ir al hospital».

Más recientemente, en otra vista en la Audiencia Nacional por un explosivo en Alacant, Sorzabal ha vuelto a detallar lo ocurrido en los calabozos en aquellos días de 2001, pero en esta ocasión ni siquiera se ha citado su denuncia en la sentencia. La presa vasca ha quedado absuelta de esta acusación por falta de pruebas, pero sin alusión alguna a lo referido en la sala. En este juicio, el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, interrumpió de modo abrupto el relato de la acusada, con expresiones como «ya está, ya está». Y no quiso oír las explicaciones del forense Morentin sobre el Protocolo de Estambul, asegurando que ya lo conocía.

En este juicio en concreto, el abogado de Sorzabal, Aiert Larrarte, manifestó que «no es habitual tener hallazgos físicos de tortura. Aquí están en los próximos informes de los forenses de la Audiencia Nacional, del hospital Carlos III...». Ahora, 24 años después y en el tercer juicio en su contra, han sido finalmente atendidos.

La sentencia actual, que puede considerarse inédita, lleva la firma de Fernando Andreu (ponente), Ana Revuelta y Javier Mariano Ballesteros. No hay votos particulares, con lo que el fallo es unánime.

Entre medio, en estas últimas semanas se ha producido un hecho que también ha podido tener su impacto en la decisión judicial. El Tribunal de Apelación de París ha solicitado los procedimientos existentes cuando Sorzabal denunció haber sido torturada a manos de la Guardia Civil. Ha preguntado a los tribunales españoles si se formalizó la denuncia, qué se investigó y si hay más elementos para acusarla más allá de la autoinculpación durante la incomunicación. Ha sido en el marco de la euroorden en su contra para intentar juzgarla también por el atentado de ETA contra el ertzaina Montxo Doral.