La aplicación de electrodos a Iratxe Sorzabal en marzo de 2001 suena este viernes novedosa en el Estado español. Pero no en Euskal Herria, puesto que lo ocurrido –con sus pruebas gráficas– se difundió ya hace casi un cuarto de siglo, desde apenas unas semanas después de que se produjeran las torturas. La detención por la Guardia Civil se consumó en marzo y fue en octubre de aquel año cuando se mostraron públicamente por vez primera las señales de descargas eléctricas, decenas de descargas.

Torturaren Aurkako Taldea incidió en la difusión del caso desde el inicio. Y es que en pocas ocasiones se disponía de pruebas gráficas evidentes de la aplicación de tormentos a partir de que, a mediados de los 80, las FSE impusieran la «tortura blanca», que no deja huellas y cuya expresión más habitual en Euskal Herria ha sido «la bolsa».

En aquellos inicios de siglo, en cualquier caso, el de Sorzabal no fue el único caso que dejó marcas para quien las quisiera ver: también hubo restos patentes en el rostro de Unai Romano o la cabeza de Juan Karlos Subijana.

En febrero de 2002, el propio TAT difundió un auto de la jueza de instrucción de Madrid que no negaba las lesiones de Sorzabal pero rebajaba la posible calificación a «amenazas y vejaciones», y por tanto no imputaba delito penal a los guardias civiles. Sobra casi decir que el caso quedó impune.

«Quería morirme, pero no puedes»

Se da la circunstancia de que Sorzabal quedó libre entonces por decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Y apenas dos meses después dio una entrevista al periodista Eneko Bidegain desde Bruselas, en la que ya contaba las torturas y lo que supusieron, en términos muy claros y duros: «Yo no tenía miedo a morir, tenía ganas de morir –explicó en euskara–. Solo pasa que no puedes... Pero si hubiera podido, tenía ganas de morirme».

Sorzabal ya registró el impacto de lo ocurrido en una entrevista grabada en Bruselas dos meses después y que se recuperaría en ‘Bi arnas’

Explicó entonces que en el periodo de incomunicación recibió la visita de los médicos de la AN pero «la primera vez no creí que fuera el forense, pensaba que era un guardia civil más. En aquel momento yo estaba muy mal, saltaba cada vez que se me acercaba, diciéndole que no me tocara... Estaba en una silla, temblando».

Esta entrevista no llegó a difundirse al parecer, pero sería recuperada para el documental ‘Bi arnas’ presentado en 2022.

El caso es que la denuncia pública vía TAT resultó totalmente desatendida, como era norma, tanto en la esfera política como en los tribunales. El tema no desapareció de la memoria colectiva vasca pero sí entró en un paréntesis durante más de una década, hasta que Sorzabal fue detenida en 2015 en Baigorri y se activaron las euroórdenes y juicios en su contra.

El informe de Duterte

La posibilidad de hablar con ella tras los años de clandestinidad abrió la puerta a que expertos forenses pudieran abordar el caso de modo directo. Entre otros, Pierre Duterte en el Estado francés y Benito Morentin en Euskal Herria.

Duterte elaboró un informe que fue presentado públicamente en la sede de la Liga de los Derechos Humanos en París en 2019. Concluía que las secuelas que se advertían en Sorzabal eran «altamente compatibles» con su denuncia de tortura, tras analizarlas a la luz del Protocolo de Estambul. El informe había sido encargado por el Tribunal de Apelación de París encargado de dictaminar si Sorzabal debía ser entregada o no al Estado español para ser juzgada. Duterte expresó su estupor por que se le hubiera encomendado el dictamen pero luego no se le hiciera caso.

El Tribunal de París encargó un dictamen a un experto pero luego lo desatendió, según denunció el propio Duterte: las secuelas de tortura eran claras 18 años después

París también ha hecho caso omiso en estos años, por tanto, ante lo que ahora se acepta en Madrid. Entregó a Iratxe Sorzabal al Estado español en 2022 para que fuera juzgada por diversas acusaciones. Con todo, una de las cuatro euroórdenes planteadas sí fue rechazada en 2020 por el tribunal parisino, aceptando que no podía descartarse que hubiera sufrido torturas. La contradicción quedaba a la vista. O la voluntad de los tribunales franceses de jugar con distintas barajas.

Denuncia de la madre: tortura premeditada

Siguiendo con el repaso, en este momento en que se consuma la extradición, en una entrevista a GARA muy potente, la madre de Sorzabal, Nieves Díaz, remarca esa contradicción: «Los tribunales franceses reconocen que fue torturada, pero luego se lavan las manos y ejecutan la entrega. Nos queda la fuerza que da saber que contamos con avales importantes, con unos informes de tal calidad que en cualquier Estado democrático imposibilitarían que Iratxe fuera juzgada».

Díaz añade además en la entrevista nuevos datos sobre la premeditación de las torturas en 2001, que merecen ser releídos ahora. Explicó que por las noches recibía llamadas antes del arresto en que «la persona que estaba al otro lado del teléfono me decía: ‘lo que más ilusión me haría sería poder quitarle las braguitas a su hija’. ¿Qué podía esperar como madre? Lo peor. Y ocurrió lo peor».

Nieves Díaz contó en este medio cómo recibía llamadas anticipando la tortura antes de producirse: «Esperaba lo peor y ocurrió lo peor»

«Alguna madre me dirá que peor es ver a un hijo muerto –proseguía Nieves Díaz–. Lo comprendo, claro está, pero yo creo que no se trata de poner medidas al sufrimiento. Todo es dolor de madre. Una madre siempre cree que puede salvaguardar a sus hijos. Desde que nacen les proteges todo lo que puedes. Para que no se hagan daño. Y lo que le pasó a Iratxe fue tan terrible que, inevitablemente, te dices que tú no has podido hacer nada por evitarlo. Querías haber estado en su lugar y no has podido. Es una impotencia terrible».

El Constitucional lo pasa por alto

El primer juicio en la Audiencia Nacional, en febrero de 2022, dio pie al fin que Iratxe Sorzabal pudiera contar de viva voz, y en retransmisión en directo por streaming, lo que padeció 21 años atrás. Y lo que contó en la sala de juicios fue coherente con todo lo que se había denunciado en su momento: que se le habían aplicado electrodos sin parar, hasta gastar las pilas de la máquina. «El segundo día estaba tan destrozada que pensaba que más de lo que me estaban haciendo no podían hacerme. Le enseñé las marcas, en carne viva, y al verme vio que debía ir al hospital».

También reiteró que en un primer momento, en aquel escenario pavoroso, ni siquiera creyó que fuera el forense quien la visitaba: «Era en un cuartucho al lado de donde me torturaban. Pensaba que era un guardia civil que se hacía pasar por forense para ver qué decía. No me fiaba. No le dejé ni tocarme. Estaba aterrorizada».

El caso es que este testimonio tampoco fue atendido por el tribunal. En la condena a 24 años de cárcel por un atentado de ETA en Xixón que no produjo víctimas, la Sala despachó el tema indicando que «la tortura no queda plenamente acreditada». Es más: ante las iniciativas de la defensa, el Tribunal Supremo avaló esa condena y el Tribunal Constitucional cerró la puerta a su revisión hace solo unos meses, inadmitiendo el recurso de amparo.

Dos sentencias de la Audiencia Nacional, una decisión del Supremo y otra del Constitucional han negado en los últimos tiempos las torturas que ahora se asumen

Estas instancias quedan ahora señaladas por el dictamen rotundo de la Audiencia Nacional conocido este jueves, y que establece por unanimidad que «existe la evidencia de que fue sometida a la aplicación de electrodos por parte de aquellos funcionarios que la custodiaban».

También queda interpelado el tribunal anexo que se encargó del segundo juicio a que ha sido sometida Sorzabal en Madrid, en este caso por una bomba en el aeropuerto de Alacant que no llegó a estallar. El fallo resultó absolutorio por falta de pruebas, pero no hizo alusión alguna a su denuncia de torturas.

Este tribunal presidido por Alfonso Guevara interrumpió constantemente el testimonio de Sorzabal y también del forense Benito Morentín, dando a entender que ya había oído lo suficiente sobre el tema. Ahora, la tercera sentencia dictada en la Audiencia Nacional asume al fin la realidad de los hechos. Y subraya: «La pericial realizada en el acto del juicio es nítida: las lesiones dérmicas se producen por la aplicación de electrodos, excluyendo de forma tajante otras posibles etiologías, y ello en base a la biopsia que se le practicó al ser reconocida durante su detención en el Hospital San Carlos».

Sorzabal tenía 29 años cuando la torturaron. Hoy suma 53 y lleva presa los últimos diez.