Pese a reconocer que no se ha podido acreditar la participación concreta de los siete vecinos de Baztan juzgados acusados de detener las obras de Aroztegia, la Fiscalía ha mantenido la petición de integración en «grupo criminal» (un año de prisión) y daños y coacciones (25 meses de prisión para Garbiñe Elizegi y 22 para el resto), a la que se han sumado las acusaciones particulares. Las defensas han reclamado su absolución. El juicio ha quedado visto para su sentencia este viernes.

Para ello, la Fiscalía ha recurrido a la figura del «dominio funcional de la acción», por la que se elude la necesidad de acreditar la participación individual y concreta para el reproche penal creando una especie de «coautoría», por la que los integrantes de un grupo tienen responsabilidad en los hechos aunque no hayan participado directamente en los mismos. «Todos son Aroztak», ha subrayado la fiscal.

En sus conclusiones, la Fiscalía ha señalado que «bajo la apariencia de la movilización», se empleó «la fuerza» para detener las obras de Aroztegia «cuando las ruedas de prensa y la movilización dejan de ser efectivas», creando «una situación de peligro».

«Arengaron a las masas para parar las obras y las pararon», ha añadido la fiscal, que ha reconocido que «hemos acusado a siete porque no hemos podido identificar a más». Ha explicado que los siete han sido encausados porque fueron grabados en tres ocasiones en el entorno de Aroztegia.

«Dirigentes y masa humana»

Según el relato de la fiscal, Garbiñe Elizegi era la dirigente del «grupo criminal», ya que «daba órdenes, era la interlocutora y concedía entrevistas. En definitiva, daba la cara y se jactaba de ello». En un segundo nivel, siempre según la fiscal, se ubicarían otras dos acusadas que eran «las manos derechas» de Elizegi y actuaban sustituyéndola en ocasiones. Otros tres acusados, los tres hombres, serían «la fuerza ejecutiva», mientras que la séptima, simplemente y siempre según la fiscal, «formaba parte de la masa humana». Esta distinción de roles, sin embargo, no se refleja en la petición de penas, ya que solo la de Elizegi es ligeramente superior. Las otras seis son idénticas, sin discriminar entre «manos derechas» y «la masa humana».

Todos ellos –y los demás que no pudieron ser identificados– crearon «una situación de miedo» para parar las máquinas «sin necesidad de palabras, sin exteriorizarlo, mediante la intimidación ambiental». De este modo, la fiscal les acusa de crear «miedo, angustia y temor» en «simples trabajadores violentados».

Responsabilidad patrimonial

Las acusaciones particulares se han sumado a los planteamientos de la Fiscalía y han llevado el argumento más allá, destacando que la «intimidación» y el «grupo criminal» siguen existiendo a día de hoy. Como «prueba» de ello, han señalado que se han registrado movilizaciones a las puertas de la Audiencia todos los días y que «continúan las amenazas». Han afirmado que es «de dominio público» que «tenían como líder a Garbiñe Elizegi» y que «llaman a la desobediencia civil y a la acción directa».

«Esto no es una chiquillada, no rompieron un jarrón. Han atacado un proyecto que fue declarada de interés foral por el Gobierno navarro y en el que mis clientes han invertido 18 años y mucho dinero», han destacado, antes de quejarse de que «medios afines se han encargado de airear la cantidad de los daños».

Las acusaciones particulares no han reclamado responsabilidad civil en este proceso penal, a la espera de poder hacerlo, por una cuantía de 43 millones de euros, en el administrativo. Su objetivo es que los gobiernos español y navarro abonen esta cantidad con el argumento de que no enviaron los suficientes recursos policiales para garantizar la continuidad de las obras. Para ello, necesitan una condena previa en el proceso penal, el que se ha desarrollado esta semana.

«Interés de la empresa, seguimiento de la Fiscalía»

«Estamos aquí por el interés de la empresa y el seguimiento de la Fiscalía», ha destacado Josu Beaumont, abogado de tres acusadas, recordando que la reclamación patrimonial de 43 millones de euros «necesita una sentencia de hechos graves». En este sentido, ha recordado que el Gobierno navarro ya ha calificado de «increíble» que la acampada provocase la paralización del proyecto y que instó a la empresa a aplicar medidas de seguridad, a lo que hicieron caso omiso. Hacer recaer esta responsabilidad patrimonial sobre los acusados es «una cadena perpetua civil», ha denunciado el letrado.

«¿Cómo van a ser responsables de la paralización del proyecto una enfermera, una cuidadora de minusválidos y un estudiante de Filosofía?», ha preguntado, antes de destacar que la paralización se dio porque la empresa no podía sacarlo adelante. «Estaba ya muerto», ha añadido. «No se paralizó el proyecto, sino las obras durante menos de diez días hábiles», ha insistido, destacando que «las obras eran ilegales», ya que el pliego estaba anulado. Pese a que esta circunstancia podía ser subsanada, «optaron por forzar la máquina y seguir con las obras».

«Se les juzga por lo que son, por lo que piensan», ha añadido el letrado, destacando que «hay siete encausados, pero podían ser miles», ya que la oposición al proyecto de Aroztegia es masiva en Baztan. En este sentido, ha destacado que los encausados «han reconocido lo que hicieron», es decir, sentarse delante de las máquinas de una manera «pacífica y sin violencia», recordando que así lo ha manifestado la Guardia Civil, por lo que las acciones encajarían en el marco de la desobediencia civil.

«Riesgo para los movimientos sociales»

En este sentido, ha destacado que una sentencia condenatoria sería «un riesgo para los movimientos sociales», ya que calificar de «grupo criminal» a quienes practican la desobediencia civil o convocan manifestaciones supondría una conculcación de derechos fundamentales.

Junto a ello, ha señalado que la organización que argumentan la Fiscalía y las acusaciones para la acusación de grupo criminal es «la mínima para preparar movilizaciones y acampadas», destacando que «incluso podemos hablar de desorganización». Ha indicado que los encausados entraron a la zona de obras sin provocar daños y que se encontraron con que las máquinas se paraban y decidieron quedarse. Ha comparado la protesta de Aroztegia con la de los agricultores, destacando que se ha castigado individualmente a quienes cometieron actos como el asalto al Parlamento navarro, pero no se ha denunciado la existencia de «grupo criminal alguno».

El letrado ha cuestionado la validez de las identificaciones, que se realizaron mediante vídeos recogidos por la Guardia Civil en internet que no fueron contrastados y que no han comparecido en la vista los miembros de la Brigada de Información que participaron.

Identificaciones cuestionadas

Leire Martín, letrada de cuatro acusados, ha destacado que la Fiscalía ha reconocido que se ha encausado a sus patrocinados porque «fueron identificados en tres ocasiones, pero no por lo que han hecho, porque no se ha podido individualizar la participación de cada uno de ellos».

En este sentido, ha subrayado que no hay testigos que ubiquen a dos de sus defendidos en el lugar y el momento de los hechos.

Junto a ello, ha añadido que los testigos que han comparecido en la vista, especialmente los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Foral, han declarado que los encausados se sentaron delante de las máquinas espontánea y pacíficamente y que en ningún momento hubo coacciones ni amenazas. «En vez de testigos de la Fiscalía parecían testigos de la defensa», ha señalado Beaumont.

En cualquier caso, Martín ha añadido que los hechos no son de la gravedad suficiente para ser considerados delitos y que la acusación de «grupo criminal» no especifica si se trata de Aroztegia Eta Gero Zer? o Aroztak.

Ha señalado que esta causa es «una criminalización del movimiento social para justificar la responsabilidad patrimonial».

Ekintzak frogatu gabe, Aroztegikoei akusazioa mantendu diete

«Ekintza-eremu funzionala» delako figura juridikoa erabili dute Fiskaltzak eta akusazio partikularrek Aroztegiko zazpi auziperatuen kontrako akusazioa mantentzeko, nahiz eta ezin izan duten probatu ekintza konkreturik egin zutenik. Gauzak horrela, «talde kriminala» osatzea eta mehatxuak egitea leporatzen jarraitu dute gaur amaitu den epaiketan.

Defentsek, berriz, absoluzioa eskatu dute guztientzat. Identifikazioak baliogabeak direla eta mobilizazio sozialaren kriminalizazioaren aurrean gaudela gaineratu dute.