En la primera sesión del juicio a siete vecinos de Baztan por una protesta contra el proyecto de Aroztegia en abril de 2021 se han podido escuchar, entre otros, los testimonios de los agentes de la Guardia Civil que elaboraron el atestado, del promotor de Aroztegia y del responsable de las obras. A los enjuiciados, les acusan de ser miembros de una «organización criminal» y reclaman una responsabilidad civil que supera los 43 millones de euros.

Previamente, la jueza ha desestimado la petición de la acusación particular de que la vista se celebrase a puerta cerrada, ya que en el exterior de la Audiencia se había convocado una movilización en apoyo a los enjuiciados y podrían registrarse altercados. Josu Beaumont, uno de los abogados de la defensa junto a Leire Martín, se ha opuesto a esta demanda –al igual que la Fiscalía– al considerar que la referencia a unos posibles incidentes podría crear «un clima para prejuzgar» negativamente a los acusados. Junto a ello, ha recordado que en las dependencias judiciales de Iruñea han tenido lugar en los últimos años varias vistas relacionadas con Aroztegia y que nunca se han registrado incidentes.

La jueza ha rechazado la demanda de la acusación particular, haciendo valer el derecho a un juicio público, aunque tampoco ha aceptado la demanda de las defensas de que los testigos declarasen en la sala y no desde una contigua.

Concentración de apoyo en el exterior

En el exterior de la Audiencia, se ha congregado un grupo de personas para mostrar su apoyo a los enjuiciados y reclamar su absolución. Entre los participantes en la movilización, algunos de los cuales se han desplazado en una caravana de coches desde Elizondo, se encontraban parlamentarios de EH Bildu como Adolfo Araiz, Oihan Mendo e Irati Jiménez y el alcalde de Baztan, Fernando Anbustegi. Esta movilización se repetirá todos los días hasta el próximo viernes.

Los agentes del instituto armado que elaboraron el atestado han explicado que buena parte del mismo se realizó basándose en la documentación elaborada por el Servicio de Información de la Guardia Civil, que tras visionar vídeos de la acampada practicó identificaciones de «personas vinculadas a la izquierda abertzale» que se encontraban en el lugar.

De este modo, han explicado que una de las identificadas fue Garbiñe Elizegi, a quien «todos conocían», ya que había sido alcaldesa de Baztan y se oponía al proyecto de Aroztegia. «Ya lideró la movilización social cuando era cargo público», han relatado los agentes, que han declarado conjuntamente, añadiendo que «era la que daba las órdenes».

Identificaciones del Servicio de Información de la Guardia Civil

Sobre el resto de identificaciones, han explicado que dos lo fueron porque realizaron declaraciones a los medios en nombre del grupo y que el resto aparecía en vídeos en la zona en la que se desarrolló la protesta en dos o tres ocasiones. De este modo, han explicado que para ser investigado en este procedimiento se estimó que era necesario haber aparecido en las imágenes en al menos tres ocasiones. Y posteriormente cotejados por el Servicio de Información de la Guardia Civil.

Los agentes han reconocido que no comprobaron si los vídeos que visionaron se correspondían efectivamente a la fecha de los hechos o si habían sido editados.

Uno de los agentes ha negado que lo que se registró en las obras de Aroztegia pudiera ser considerado como desobiencia civil, ya que esta «tiene que ser pacífica» y en este caso se registraron sabotajes a las máquinas y se entró a una zona privada. «Si hubieran hecho una sentada, no se les habría perseguido», ha manifestado.

Los agentes han relatado que en la zona se registraron destrozos en las máquinas, pintadas, la rotura de un pastor eléctrico y concentraciones ante el domicilio de responsables de las obras.

Junto a ello, han destacado que se trataba de un grupo organizado «como toda oposición civil». «La coordinación no se da por efecto del Espíritu Santo», ha añadido, destacando que recibieron información de que los participantes en la protesta sabían cuándo iban a llegar los agentes de la Guardia Civil porque tenían gente apostada en las inmediaciones que se lo comunicaba, por lo que podían prepararse. Han llegado a señalar que incluso había «gente vestida de camuflaje con un teleobjetivo».

Los autores del atestado han señalado que no comprobaron si las obras de Aroztegia tenían los permisos en regla, aunque así lo hacen constar en el documento. «No se nos requirió que investigásemos eso», han señalado.

Urbistondo, reconocimiento por vídeo

Otro de los testigos de esta primera sesión ha sido Salvador Urbistondo, promotor del proyecto de turismo de lujo de Aroztegia, que ha relatado que un grupo de personas «liderado por Garbiñe Elizegi» se acercó a la zona de obras «para pararlas porque decían que eran ilegales». Urbistondo ha señalado que el 8 de abril de 2021, el día en que se iniciaron las obras, estaba en el lugar de los hechos y que presenció cómo se rompieron señales y se registraron amenazas y coacciones a los trabajadores. «Estaba allí, vi a las personas», ha manifestado, aunque ha reconocido que a la única persona que conocía previamente era a Garbiñe Elizegi y que el resto de identificaciones las realizó mediante los vídeos aportados por la Guardia Civil y a instancias de José María Marín, el jefe de obras.

A preguntas de la defensa, ha tenido que reconocer que no podía concretar la presencia de los acusados en el lugar y momento de los hechos. «No vi los hechos, solo las consecuencias», ha llegado a señalar.

Urbistondo ha añadido que era «un grupo organizado» y que los trabajadores y los promotores de la obra «vivían con pánico». En este sentido, ha relatado que él también ha sido amenazado y que la presión social todavía se mantiene.

Junto a ello, Urbistondo ha negado que la sentencia del Tribunal de Contratos de Nafarroa que declaraba nulo el pliego de adjudicación de las obras de Aroztegia tuviera efectos de suspensión inmediata de los trabajos. A su juicio, las obras eran plenamente legales.

Urbistondo ha negado, pese a la existencia de una resolución, que el Gobierno navarro recomendase a la empresa adoptar medidas de protección como el cierre perimetral de la obra, la instalación de iluminación o la contratación de vigilancia privada ante la imposibilidad de una presencia permanente de la Guardia Civil o la Policía Foral. Este aspecto es importante porque la empresa reclama que la responsabilidad civil fijada en 43 millones de euros sea abonada por los gobiernos navarro y español con el argumento de que no desplegaron la fuerza policial necesaria.

El gerente de una subcontrata también ha calificado de «grupo organizado» a quienes participaron en la protesta y ha explicado que se ponían delante de las máquinas para detener su trabajo. Ha señalado que «la exalcaldesa les dirigía» y ha reconocido que no conocía a nadie más y que solo estuvo en el lugar de las obras un día. Ha destacado que sus trabajadores se sintieron amenazados, por lo que tuvieron que abandonar el encargo.

José María Marín, vecino y jefe de obras

José María Marín, vecino de Lekaroz y jefe de obras, ha explicado que un grupo entró en la zona de trabajos nada más iniciarse y se colocaron delante de las máquinas, reclamando que se detuvieron porque las obras eran ilegales y que también escuchó insultos. Ha ubicado a Garbiñe Elizegi como líder del grupo y ha reconocido que no conocía a varios de los que identificó en los vídeos.

Ha relatado que se realizaron sabotajes y que se ha sentido amenazado, ya que se realizó una concentración ante su domicilio, lo que provocó ansiedad a sus padres y a sus hijas. Ha señalado que le llaman «Joxe Mari salatari», pero que ignora a qué se debe, pese a que ha reconocido que presentó denuncias e identificó a acusados.

A preguntas de la defensa, ha tenido problemas para ubicar concretamente a los acusados en lugares y fechas concretas.

A su vez, ha negado que amenazase a una de las acusadas y ha reconocido que tenía una mala relación previa con Garbiñe Elizegi, vecina de Lekaroz, ya que esta le acusaba de apagar las luces de la plaza cuando se celebraba una mutildantza con participación femenina, lo que era rechazado por el testigo. Ha negado que apagase las luces.

Un vigilante de las obras ha identificado a cinco de las acusados, destacando que actuaban como «un grupo organizado». No ha sido tan contundente un trabajador de una empresa adjudicataria, que ha señalado que no fue amenazado, que no vio su integridad amenazada y que la solicitud de que detuvieran las obras se realizó de manera pacífica.

Guardia Zibilak Aroztegian desobedientzia zibila izan zenik ukatu du

Guardia Zibilaren arabera, 2021ko apirilean Aroztegian izandako protesta ez zen desobedientzia zibila izan «bertan indarkeria erabii zutelako». Horrela adierazi dute atestatua idatzi zuten bi agenteek gaur Iruñean hasi den epaiketan. Epaitegiaren kanpokaldean, elkartasuna adierazteko kontzentrazioa egin dute.