Quienes comenzaron a construir en julio de 2013 el proyecto de Erribera 13 sabían de la orden de desalojo emitida por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Bilbo para que abandonasen antes de las 9.00 de ayer el edificio que había estado en desuso desde 2008. Dos horas antes del plazo límite, la Ertzaintza desplegó un importante operativo en las cercanías del inmueble, apoyado por la Policía Municipal, y procedió a desocuparlo.

La presencia policial alertó en torno a las 7.00 a quienes permanecían en el interior del local autogestionado, en el que vivían varias personas y se desarrollaban distintos proyectos. A través de las redes sociales, informaron de que el desalojo era inminente y decenas de jóvenes fueron concentrándose en los aledaños del puente de La Merced, vigilados por una decena de furgones policiales.

Para entonces, miembros de la Brigada Móvil abrían un boquete en un acceso por la calle La Merced y entraban en Erribera 13. Los ocupantes subieron hasta el tejado del edificio, donde ondearon enseñas y corearon consignas que fueron saludadas desde el exterior hasta que los ertzainas llegaron. Finalmente, seis personas fueron identificadas y liberadas a continuación -podrían ser acusadas de un supuesto delito de «usurpación»- mientras otra era arrestada y trasladada a la comisaría de Deustua acusada de «desobediencia grave».

En torno a las 9.20, los concentrados iniciaron una marcha por las calles del Casco Viejo denunciando el desalojo y reivindicando esa alternativa para dotarse de vivienda y espacios donde desarrollar proyectos colectivos. Las dotaciones policiales permanecieron por allí hasta las 10.00, cuando abandonaron los alrededores de la antigua sede de Almacenes Zubicaray.

Al lugar acudió la portavoz municipal de EH Bildu, quien calificó de «impresentable» que se envíe a la Ertzaintza para desalojar un proyecto de autogestión. Recordó que, «en menos de tres años», se ha intervenido en el Botxo contra Kukutza III, Patakon y Erribera 13, repitiéndose «desgraciadamente y tristemente la historia».

Aitziber Ibaibarriaga comentó que «este tipo de iniciativas sociales en los barrios no son fruto de la casualidad, sino de las necesidades reales que hay en estos, necesidades que deberían cubrir las instituciones y no lo hacen». Asimismo, tildó de «inaceptable y vergonzoso» que se permita mantener durante largos años edificios vacíos con «fines exclusivamente especulativos», y que propietarios y Consistorio solo se preocupen por uno de ellos «cuando la juventud le da vida y utilidad».

«Parece ser que para algunos no es delito abandonar un local para especular y en cambio sí lo es darle un uso social», subrayó la corporativa.

En declaraciones a la agencia Efe, el abogado de los propietarios, Juan Miguel Mora, afirmó que el edificio no presentaba «estado de abandono», sino que «estaba siendo objeto de una rehabilitación integral» para convertirlo en un hotel ante el interés de una empresa en explotar este negocio. No obstante, reconoció que las obras estaban paralizadas «temporalmente» por problemas de financiación.