Catalunya se adentra en terreno desconocido. La expresión la acuñó el expresident Artur Mas, allá por 2012, cuando Mariano Rajoy cerró la puerta a la propuesta catalana de pacto fiscal y la abrió al proceso soberanista que venía cociéndose a fuego lento en el seno de la sociedad catalana. Cinco años después, el territorio ignoto es todavía mayor, especialmente después del rechazo de Moncloa a la enésima –presentada como última– oferta para negociar el referéndum, realizada el lunes por el president, Carles Puigdemont.

La voluntad política del Govern y de la mayoría parlamentaria soberanista para celebrar el referéndum, después de los compromisos adquiridos por el propio Puigdemont en Bruselas en febrero y el lunes en Madrid, es inequívoca; pero la organización, validación e implementación de un plebiscito con todos los aparatos del Estado en contra no solo depende de la voluntad política. Nadie con una mínima honestidad es capaz ahora mismo de asegurar que el referéndum se celebrará con todas las garantías o que, por el contrario, no se celebrará de ninguna de las maneras.

Al menos en eso coinciden el catedrático de Ciencia Política en la Universitat Autónoma de Barcelona Joan Subirats, el periodista y escritor Francesc-Marc Àlvaro y el politólogo de la Universitat de Barcelona Jordi Muñoz, con los que GARA ha hablado en este punto de inflexión en el que se encuentra Catalunya a escasos cuatro meses del referéndum anunciado para setiembre –aunque se baraja también el primer fin de semana de octubre–. Habituados a plasmar sus opiniones en diversos medios –Subirats en “El País”, Àlvaro en “La Vanguardia” y Nació Digital, y Muñoz en “Ara”, los tres ofrecen algunas claves para descodificar la intensa actualidad catalana.

El Pacto por el Referéndum

El punto de inflexión en Catalunya arrancó el pasado viernes, cuando el Pacto Nacional por el Referéndum (PNR) presentó las 500.000 adhesiones al plebiscito acordado recabadas en poco más de tres meses de campaña. Para Muñoz, el trabajo del PNR «ha ayudado a poner el referéndum en el centro del debate» y a «reforzar la transversalidad de la apuesta por el referéndum». «El Pacto ha recogido muchas adhesiones que no pertenecen al entorno estrictamente independentista», destaca este politólogo, que coincide parcialmente con Àlvaro, para quien la campaña del PNR «ha sido una opción inclusiva» que ha ayudado a «insistir nuevamente en la idea del referéndum, que completa el eslogan más potente del soberanismo: el derecho a decidir».

Sin embargo, este columnista advierte de que, en la práctica, el Pacto «no ha modificado demasiado las posiciones de nadie, todo el mundo está allí donde estaba». Un punto escéptico que comparte Subirats, no tanto por el valor del trabajo del PNR, sino por sus efectos reales: «No creo que su reclamación inquiete mucho (al Estado), primero porque piensan que (el independentismo) tocó techo en las elecciones plebiscitarias del 27S, y segundo porque su impacto internacional ha sido discreto».

La pregunta del millón

Constatada la enésima negativa de Moncloa a negociar una consulta, la pregunta siguiente es obvia: ¿Se celebrará el referéndum con el Estado en contra? Muñoz señala las tres condiciones necesarias: decisión política, apoyo social y que el Estado no lo impida físicamente. «Las dos primeras, de momento, parece que existen, veremos qué pasa con la tercera», añade. Por su parte, Subirats apunta hacia la principal incógnita: «La clave será la capacidad de hacer un operativo creíble y con garantías, que no afecte a la responsabilidad de los funcionarios». «Si estas condiciones no se garantizan, acabará haciéndose alguna cosa demostrativa, pero no un referéndum en el pleno sentido del término», augura el catedrático.

En este punto, las opiniones divergen. Mientras Muñoz asegura que «hay muchos mecanismos para hacer el referéndum» y que «hasta en condiciones adversas la Generalitat tiene instrumentos para hacerlo razonablemente bien», Àlvaro considera que «si lo que quieres es un referéndum que no se parezca al 9N, necesitas la tecnoestructura entera de la Generalitat», y añade que los resultados de las elecciones del 27S, en los que el independentismo quedó por debajo de «esa frontera simbólica del 50%», introducen «un factor de incertidumbre en este mundo funcionarial y político, que es en el que Madrid puede obtener ciertos frutos y puede frenar». «Si el soberanismo tuviese más masa crítica, la fuerza del consenso seguramente te blindaría esta tecnoestructura», matiza.

En este sentido, Àlvaro añade que el Estado «no se dejará encajar un gol como el del 9N» y que ya ha detectado «el gran punto débil de la celebración del referéndum», que es la citada tecnoestructura. Es decir el momento en el que la organización pasa de la voluntad política de los cargos públicos «a la acción administrativo-funcionarial». «En este nexo es donde bombardeará (el Estado) de una manera singular», añade.

Comuns e internacionalización

Antes de abordar los escenarios alternativos al referéndum, conviene detenerse en dos aspectos algo secundarios pero igualmente cruciales en el camino hacia la legitimación del referéndum: el papel de los Comuns (el entorno de Ada Colau y la antigua ICV-EUiA) y el impacto internacional. Sobre el primer asunto, Subirats es una voz privilegiada, al ser uno de los impulsores del nuevo partido de Colau y Xavier Domènech –bautizado finalmente como Catalunya en Comú–, aunque su respuesta no es tan detallada como gustaría a la mayoría de independentistas, que reclaman a los Comuns abandonar la ambigüedad y pronunciarse claramente sobre el referéndum y la independencia.

«Creo que apoyarán hasta el final que se pueda hacer el referéndum, y que apoyarán las protestas o acciones que se hagan reivindicando el derecho a hacerlo, pero seguirán reclamando que haya condiciones para poder obtener garantías de participación y reconocimiento internacional», explica Subirats.

Desde una cierta distancia, Muñoz es más claro: «Intentarán mantener un perfil bajo, porque cualquiera que sea la decisión que tomen, piensan que divide su electorado». «En cualquier caso, el apoyo al referéndum es mayoritario entre sus votantes», añade.

Àlvaro, por su lado, se muestra más escéptico al apuntar que «los dirigentes de los Comuns tienen una agenda propia que no es la independencia, ni lo será». «Todo este esfuerzo infantil de intentar que los Comuns cambien su agenda es realmente absurdo», critica Àlvaro, para quien Catalunya en Comú «está aguardando a que fracase el referéndum y fracase la hoja de ruta independentista». «En un escenario como el escocés podrían ser muy importantes, pero en un escenario sin referéndum acordado, los Comuns no se quemarán. Te lo diré clara y concisamente: Colau no se quemará al lado de Puigdemont y Junqueras, pensar lo contrario es de una enorme ingenuidad política», concluye Àlvaro, duro en este punto.

En cuanto a la internacionalización del proceso, los tres coinciden en sus valoraciones. Àlvaro lo resume señalando que «el conflicto catalán se ha hecho mucho más internacional de lo que nadie se habría imaginado, pero con lo conseguido no es suficiente». Subirats señala que «se ha hecho lo que se ha podido, en el marco de una situación de acoso del Gobierno español», mientras que Muñoz considera que «este es el frente más complicado». «Se logran avances, pero Catalunya no deja de ser un problema incómodo y España un actor internacionalmente reconocido y homologado en todas las instancias», detalla.

¿Y si no hay plebiscito?

Es la segunda pregunta del millón, sobre la cual apenas nadie se atreve a especular. Como ejemplo sirve el propio Muñoz, que preguntado sobre el posible Plan B del independentismo, responde escueto: «No lo sé, y me cuesta imaginarlo». Para Subirats, la vía pasa por «seguir apretando y marcando nuevos escenarios», aunque apunta que, si no hay un referéndum con garantías, volverán «al escenario de las elecciones».

Àlvaro es quien más se explaya en este punto y sitúa la siguiente pantalla «en la calle». Un escenario en el que distingue dos opciones: «una especie de 15M independentista, con ocupaciones de plazas en Barcelona y ciudades importantes, o una huelga general». Para este columnista, la Assemblea tiene músculo suficiente para ocupar las plazas durante un tiempo, pero considera que el independentismo no podría asumir una huelga general –opción defendida por Mas, según Àlvaro– por una razón práctica: «El independentismo no controla los sindicatos, y sin ellos no puedes hacer una huelga general». En este escenario, también añade que «el Gobierno de Rajoy no modificará sus posiciones porque durante 15 días las plazas estén ocupadas por gente con esteladas». «Entonces habrá que hacer una relectura a un plazo más largo, cambiando seguramente una nueva hoja de ruta», concluye Àlvaro, en un resumen que comparten los tres interlocutores: con todas las complicaciones que comporta, no hay ningún Plan B mejor que el referéndum.

Rajoy rechaza la solicitud formal de negociaciones trasladada por el Govern

Con la conferencia ofrecida por la cúpula del Govern de la Generalitat el lunes en Madrid como telón de fondo, el Consell de Govern decidió ayer solicitar formalmente a Moncloa la apertura de negociaciones para acordar los términos del referéndum que Catalunya quiere celebrar sobre la independencia el próximo otoño.

La portavoz del ejecutivo catalán, Neus Munté, fue la encargada de detallar que Puigdemont –que hoy se reúne con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza– enviará «en los próximos días» una misiva oficial en nombre de la Generalitat para formar una mesa de diálogo para abordar las condiciones de un referéndum «en el que los catalanes podrán decidir con su voto el futuro político de Catalunya».

Munté añadió que están dispuestos a negociar «sobre todo hasta el último minuto de la prórroga», siempre que el objeto de la negociación sea el referéndum «y no un acuerdo fiscal o el déficit en infraestructuras». La portavoz apenas avanzó nada del contenido concreto de la misiva que Puigdemont trasladará a Rajoy, pero sí que explicó que dará cuenta de «las resoluciones aprobadas con amplias mayorías en el Parlament», de las conclusiones y las adhesiones al Pacto Nacional por el Referéndum y de las movilizaciones transversales de los últimos años.

Munté también aseguró esperar una respuesta de Rajoy «a la altura de la propuesta cívica y democrática» de Catalunya, pero el presidente del Gobierno español dejó claro que no habrá tal respuesta. Aprovechó el pleno del Senado para calificar los planes de desconexión de la Generalitat como una de «las mayores cacicadas» que ha visto en su vida, un modelo «propio de dictaduras». Rajoy insistió en que Puigdemont acuda al Congreso de los Diputados a hacer lo que Ibarretxe hizo en 2005, y añadió que no va a cambiar de opinión sobre el referéndum «porque sería preocupante».

Por su lado, el portavoz parlamentario de la CUP, Albert Botran, marcó de cerca al Govern, al que avisó de que «no puede ser prisionero de los tiempos o los silencios» de Rajoy, y le urgió a fijar ya la fecha y la pregunta del referéndum. GARA