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Tras sufrir otro revés, Trump califica el sistema judicial de EEUU de «injusto»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el sistema judicial de su país, al que calificó de «injusto» por la decisión que bloqueó la derogación del programa DACA, que otorga estatuto legal temporal a cientos de miles de jóvenes indocumentados.

El magistrado William Alsup, de San Francisco, ordenó al Gobierno de Estados Unidos «mantener el programa DACA a nivel nacional en los mismos términos y condiciones que tenía antes de ser suprimido el 5 de se tiembre de 2017». Ese programa, aprobado por el expresidente Barack Obama en 2012, protegía de ser deportados a cerca de 800.000 personas de entre 15 y 36 años que llegaron al país siendo niños, conocidos como dreamers (soñadores).

Alsup aseguró en su resolución que el argumento del Departamento de Justicia para eliminar este plan, apuntando que es ilegal, es «una premisa legal con fallos».

Trump reaccionó a este nuevo revés en un tribunal arremetiendo contra todo el sistema judicial. «Queda claro que nuestro sistema judicial está quebrado y es injusto cuando la oposición en un caso (como en DACA) siempre usa el Noveno Circuito [en San Francisco] y siempre gana, antes de que sea revertido en cortes superiores», afirmó.

Decisión «escandalosa»

Poco antes, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, había clasificado como «escandalosa» la decisión judicial. Trump «trabajará con miembros de los dos partidos para alcanzar una solución permanente que corrija las acciones inconstitucionales tomadas por el anterior gobierno», añadió.

A menos de que un tribunal de mayor rango anule la decisión del juez Alsup, los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) podrán renovar sus permisos.

El propio Trump insistió en el tema al inicio de una reunión del Gobierno. «Queremos ver que ocurre algo con la DACA. Se ha hablado de ello durante años y los niños (beneficiarios) son ahora adultos en muchos casos», señaló. El presidente cuestionó las cifras de las personas que han podido acceder al programa y sostuvo que algunas estimaciones hablan de «más de tres millones». «El hecho es que nuestro país es un lío»,añadió. En un debate sobre el tema con congresistas, sugirió una estrategia en dos etapas –primero una ley que contemple la cuestión de los jóvenes sin papeles y la seguridad fronteriza, y luego lograr una reforma migratoria más amplia– eso sí, sin abandonar el controvertido muro fronterizo con México.

Aún no hay acuerdo sobre cómo se tramitará en el Congreso la solución para los jóvenes indocumentados dependientes del DACA. Los líderes republicanos quieren que sea una ley independiente, mientras hay demócratas que buscan adjuntarla al paquete sobre el gasto federal que debe aprobarse antes del 19 de enero para evitar el cierre del gobierno.

Marielena Hincapié, directora del Centro Nacional Legal por los Inmigrantes consideró imperativo que el Congreso asuma la responsabilidad de resolver esta situación. «La decisión del juez Alsup reconoce el impacto dañino del fin del DACA para familias y comunidades. Es tiempo de que el Congreso reconozca lo mismo», afirmó.

«Más de 15.000 personas, 850 por semana, han perdido su estatuto desde la derogación del DACA en setiembre. Sabemos que la urgencia es real porque estas son nuestras vidas», señaló a su vez Adrian Reyna, de la ONG United We Dream.

Purga partidista del censo electoral

Bajo el pretexto de actualizar su censo electoral, varios Estados de EEUU privan del derecho de voto a una parte importante de sus habitantes, con ocultas intenciones partidistas. El Tribunal Supremo de Washington examinaba ayer esta cuestión. En Ohio, los republicanos en el poder han tomado medidas para eliminar del censo a personas que no votan regularmente. En 2015 cientos de miles de residentes fueron privados así del derecho a elegir a sus representantes. Según asociaciones civiles, está práctica tiene como fin apartar a ciudadanos pertenecientes a minorías y a las capas más pobres de la sociedad que, en caso de que lleguen a votar, lo hacen preferiblemente por la opción demócrata.

Esta polémica se agudiza ante las próximas elecciones de medio mandato en noviembre, en las que el Partido Republicano se juega su mayoría en el Congreso. Además de Ohio, Georgia, Montana, Oklahoma, Pensylvania y Virgina Occidental han adoptado planes para eliminar de las listas a «electores ocasionales». GARA