Mientras en la cárcel de Iruñea tres de los agresores de «La Manada» hacían el petate para salir en libertad provisional, a pocos kilómetros de distancia, en el palacio del Contestable, organizadas por EH Bildu se desarrollaban unas jornadas sobre las respuestas a dar a las violencias machistas. María del Río recogió algunas de las aportaciones en el panel final. Ella es doctora en derecho penal, tiene un master en derechos humanos y otro en resolución y mediación en conflictos. Es asesora de la coalición en las Juntas Generales de Bizkaia y profesora en la UPV-EHU. Es militante de Alternatiba y participa en su mesa feminista.

¿Qué destacaría de las jornadas de Iruñea?

Precisamente la parte de la que yo me he encargado es la parte jurídica, he recogido lo que se ha dicho en la parte legal. Hemos hablado de diferentes temas pero hay uno que se ha repetido en toda la jornada, y es que la violencia machista se basa en profundas desigualdades y por lo tanto, cuando hablamos de leyes que tratan de eliminar la violencia machista, en el fondo no nos estamos refiriendo simplemente a las leyes específicas sino a cualquier ley, porque estas no son neutras y las políticas públicas tampoco lo son. Lo que las políticas públicas, todas, hacen es incidir en esa desigualdad o mitigarla. Por eso es importante que el poder legislativo tenga siempre en mente esta transversalidad. A eso nos referimos cuando decimos que las leyes deben ser feministas. Eso y que tengan en cuenta la voz de las mujeres y del movimiento feminista.

Otra de las cuestiones que se ha repetido es que las leyes tampoco son mágicas, que no por cambiar una ley se van a conseguir cambios sustanciales. Es imprescindible la presión desde la calle y la labor de los movimientos sociales. Pero dejando claro que las leyes, en cualquier caso, sí son importantes.

¿Teniendo en cuenta el proceso de «La Manada», hacen falta cambios en las leyes?

Las leyes sobre violencia machista pivotan sustancialmente sobre el derecho penal, que no es lo más adecuado para proteger a las víctimas, porque el derecho penal lo que busca es castigar, no está preparado para proteger a las víctimas. Es cierto que se está intentado cambiar para que sea más amable con las víctimas, pero en general es bastante hostil con estas, las somete a una doble victimización durante el proceso.

Hay otra serie de leyes que tienen mas que ver con ofrecer recursos y garantías, y aquí el debate sería, entendiendo que siempre son mejorables, que lo que hace falta es una voluntad de cumplirlas. Eso implica garantizar recursos y personal para hacerlo. Hay cuestiones que están legalmente bien recogidas pero que luego no tienen el desarrollo necesario.

Como no podía ser de otra manera, tras la sentencia y las medidas adoptadas en relación al caso de la violación de Iruñea, hemos abordado las cuestiones que tienen que ver con los tipos que van contra la libertad sexual. Una de las cuestiones en las que creo que el movimiento feminista ha acertado es que no se ha hecho tanto hincapié en la cuantía, en cuánto ha sido la pena. Porque decir, como se ha oído a algunas personas decir, que nueve años es una pena leve no es cierto. Aunque es verdad que tengamos otras referencias de penas increíbles, eso no puede ser para nosotros un estándar. Si lo que quiere el movimiento feminista es ser una fuerza transformadora, no puede estar pensando en una sociedad con un derecho penal punitivista. Por eso se ha hecho hincapié en la calificación jurídica, en qué es lo que decía esa sentencia que sostenía que no hubo agresión. ¿Cómo se puede decir eso?

¿Qué mensaje cree que trasladan los tribunales con estas decisiones?

Yo creo que aquí, aparte de una posible modificación de la ley, es indignante la falta de sensibilidad en el lenguaje jurídico-penal. Hay que tener en cuenta que las sentencias comunican con la condena, pero también comunican con la motivación, cuando justifican por qué se toma una decisión. En este sentido, tienen un mensaje con un significado penal importante.

A veces decimos que las capacidades del derecho penal son limitadas para la transformación social, y es así, pero también es cierto que generan discursos, generan explicaciones y generan un lenguaje. Aunque sea cierto que no tengan la formación suficiente y aunque haya habido cambios legales, yo creo que desde la judicatura aún se arrastran a menudo viejas dinámicas. Muchas veces parece que se comunica solo para un ámbito técnico, para los abogados y los expertos, y es importante transmitir a toda la sociedad. A veces se hace una diferencia entre si el acto se ha producido yendo contra el consentimiento de la víctima o aprovechándose de su voluntad, como si esto fueran dos tipos distintos o dos delitos distintos; en el fondo esto no tiene mucho sentido.

¿Un único tipo penal para estos casos ayudaría?

Recientemente hemos podido escuchar a diferentes penalistas reclamando un único tipo penal en el que se establezca que imponer un acto sexual es ir en contra de la dignidad de la mujer, humillarla y despreciar su libertad. En este sentido, tendría más sentido establecer un único delito al que podríamos llamar, aunque esto sea muy discutible, «atentado sexual», y ya luego, sí eso, establecer algún tipo de graduación en función de si ha habido una violencia más grave o algún otro elemento.

Pero cuando se ha dado un hecho tan grave, cuando se ha humillado de esa forma a una mujer, cuando se ha ido en contra de su libertad de una forma tan fuerte… decir que no ha habido una agresión es algo que resulta incomprensible aunque solo sea desde el punto de vista lingüístico.

Mientras el movimiento feminista está demostrando una gran capacidad constructiva y transformadora, en la jornada se ha mencionado con preocupación que existe una reacción opuesta que afecta también a la judicatura. ¿Lo ve así?

Desde la movilización del 8 de marzo, que es un punto más dentro de un largo recorrido, pero que ha hecho que el discurso feminista esté más presente en la sociedad, y además con una gran carga política detrás, sí que estamos viendo reacciones adversas en general. En la jornada han salido testimonios por ejemplo de medios de comunicación, de lo que tienen que aguantar algunas compañeras. Todo eso genera un caldo de cultivo reaccionario.

¿Qué le parece, concretamente, el último auto?

Creo que la movilización y la reacción tan fuerte que ha habido estos días deviene de todo el proceso, no tanto por este último auto en sí, sino por la forma de la sentencia, por lo que han hecho durante todo este tiempo algunos medios criminalizando a la mujer...

Personalmente, yo tendría la prevención de decir que la prisión provisional debería ser una medida cautelar muy restrictiva y que se debe aplicar con un carácter muy excepcional. Por eso creo que necesitamos ser pausadas, para no caer en la trampa de exigir nosotros un cambio en el discurso penal que luego va a implicar en general para todo tipo de delitos, para todo tipo de comportamientos, un endurecimiento. Y ya tenemos un Código Penal muy restrictivo y muy punitivo. Por lo tanto, me parece que es completamente comprensible la reacción, sobre todo en el marco del proceso, de este relato, de todo lo que ha pasado durante estos dos años, que es algo que afecta a la sensación de inseguridad y también a la toma de conciencia; pero sobre un auto en concreto creo que es mejor analizarlo con frialdad y situarlo dentro de nuestro discurso general.