Francesc Fernández, responsable del grupo Construcciones Riera cuando tuvieron lugar los delitos investigados en el “caso De Miguel”, avaló ayer el testimonio de Josu Arruti, que el lunes reconoció el cobro de comisiones ilegales por parte del ex diputado foral de Administración Local y Equilibrio territorial, Alfredo de Miguel.

El empresario catalán, para el que la Fiscalía pide una pena de 7 años y seis meses de cárcel, confirmó el pago de comisiones a Arruti y a De Miguel en el año 2005, cuando este todavía no había accedido a la Diputación foral de Araba. En total, desembolsó 322.000 euros para poder desarrollar un polígono industrial en Zambrana. El proyecto, valorado en 65 millones de euros, no llegó a realizarse.

Según explicó ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Araba, Arruti le indicó que el pago de la comisión podría servir para salvar los «obstáculos» que fueran apareciendo y para dar «fluidez» a la relaciones con la Administración. «Al final me pidió 160.000 euros para él y para otro señor», apuntó Fernández, que tiempo después supo que se trataba de De Miguel, exnúmero dos del PNV alavés.

«Me dijo que el señor De Miguel podía ayudar por sus cargos políticos, sus relaciones y por su posición en las industrialdeas», afirmó el empresario, que aceptó pagar la comisión por miedo a que se pudiese truncar el proyecto de Zambrana. «160.000 euros quizá es poco, pero puede estropearte el proyecto y no lo sabes», añadió.

En este sentido, insistió en que «cuando eres una compañía como Dragados o ACS vas a otro país y mandas tú. Pero cuando eres una empresa mediana has de ir haciéndote amigo de todos y has de intentar tener a bien a las personas que pueden ayudarte». Y advirtió que, tras haber realizado trabajos en países como Rumanía o Ecuador, «resulta que no te extrañas que te pidas estas cosas», en alusión al pago de comisiones ilegales.

Acuerdo con la Fiscalía

La confesión de Fernández evidencia que este ha podido cerrar un acuerdo con la Fiscalía para reducir la petición de pena a cambio de ofrecer una confesión. Arruti también podría haberse acogido a «un pacto de caballeros», tal como lo denominó el fiscal Josu Izaguirre, para tratar de evitar su entrada en prisión o la de sus familiares, que también están imputados.

Su padre, Jesús Arruti, testificó ayer ante el tribunal presidido por Jaime Tapia. Negó que su hijo le hubiera hablado del cobro de comisiones, aunque sí reconoció que le permitió usar una de sus cuentas bancarias, desde la que, al parecer, se transfirió el dinero de las “mordidas” a Kataia Consulting.

Los tres socios de esta empresa, De Miguel, Aitor Telleria y Koldo Ochandiano –todos ellos exmiembros del ABB– se enfrentan a largas penas de prisión por haber diseñado una presunta trama que tenía por objeto el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Siempre han defendido su inocencia, pero la declaración de Arruti y de los empresarios catalanes deja tocado al exdiputado.