Es una bomba de relojería, es un arma de desahucios», aseguraba Arturo Val del Olmo, miembro de Stop Desahucios de Araba y que hablaba en nombre de la coordinadora de la CAV. El arma al que se refería es la posible aprobación de la retroactividad en el vencimiento anticipado en el artículo 22 del proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario que se debate en el Congreso español en la reforma de la Ley Hipotecaria. «Si aceptan la retroactividad, va a suceder una catástrofe», advirtió Agustín Celicueta, a quien le ha llegado un aviso de que le aplicarán una ejecución de la hipoteca.

Para poner su caso en contexto, la cláusula de vencimiento anticipado, que anteriormente se aplicaba en cuanto el hipotecado tenía una deuda correspondiente a tres cuotas –con la nueva ley se plantea ponerlo en nueve– fue declarada nula por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2015 por «abusiva» y, por tanto, los juzgados del Estado pasaron a archivar los procedimientos.

Con el vencimiento anticipado, los bancos se atenían al derecho de reclamar la hipoteca al completo en caso de existir impagos durante meses y llevaban la cuestión a los juzgados. En cuanto los tribunales empezaron a archivar los casos, los procedimientos judiciales bajaron en un 40%, según explicaron ayer en el Boulevard de Donostia.

A pesar de ello, el Tribunal Supremo español ha preguntado al TJUE si se podría continuar con la ejecución hipotecaria aun y cuando la cláusula haya sido declarada nula. Ahora, en el Estado más de 80.000 procedimientos de ejecución hipotecaria están suspendidos, a la espera de una resolución de Luxemburgo. Según confirmó Stop Desahucios, al margen de los procedimientos jurídicos, «los bancos están reteniendo miles de hipotecas impagadas». Lo que vienen denunciando desde la coordinadora, además «de las presiones para que la Ley de Crédito Inmobiliario resuelva a favor el problema», es que hay riesgo de que lo aprueben con carácter retroactivo. «Stop Desahucios de Euskadi exige a todo el arco parlamentario de la CAV que sus diputados en el Congreso [de Madrid] voten la supresión de la disposición transitoria primera que regula la retroactividad [en el artículo 22 del proyecto de ley]».

«Papel mojado»

Unas 50.000 familias se han acogido en el Estado al Código de Buenas Prácticas, el que impulsó el ministro Luis de Guindos; es decir, al haber demostrado que su deuda es debida a la complejidad económica que atraviesa la persona, propone al banco rebajar la cuota mensual, o incluso puede pedir una carencia total. Estos casos también se verían afectados por la retroactividad del vencimiento anticipado, puesto que las entidades financieras podrían actuar, y comenzar a ejecutar la hipoteca –y, por consiguiente, quedarse con la vivienda habitual–, cogiendo como base la futura ley.

En ese riesgo se encuentran Agustín Celicueta y Txema Sánchez, que se sumaron a la movilización de Stop Desahucios junto con otros tres compañeros y compañeras que están en una situación parecida. Celicueta es pensionista y, según contó después de la rueda de prensa, tiene 20 cuotas sin pagar: «Cobro 689 euros de pensión y la cuota de la hipoteca es de 450 euros; tienes que elegir entre comer o pagar». Consiguió la carencia de «buena voluntad» pero eso será «papel mojado» si el TJUE dicta que se podrán seguir ejecutando las hipotecas a pesar de la nulidad de la cláusula y si se aprueba el proyecto de ley, que fue presentado por el PP.

La “Disposición transitoria primera” establece la retroactividad del vencimiento anticipado para todas las hipotecas no judicializadas, y de toda la ley a las hipotecas que se renueven o subroguen. «Facilitarían a los bancos blanquear sus cláusulas abusivas acogiéndose a la nueva ley, e imponer sus intereses, una vez más, en perjuicio de toda la sociedad», manifestó la plataforma.

Txema Sánchez también tiene más de nueve cuotas impagadas y su procedimiento está en suspensión. Afirma que cuando pasen los cinco años del Código de Buenas Prácticas –«con el que estoy pagando una cuota menor»– puede verse afectado por este proyecto de reforma hipotecaria.

Sánchez, que tiene hijos menores, se vio obligado a pedir ayuda cuando comenzó el procedimiento de la ejecución de la hipoteca por dos mensualidades. Perdió la primera, pero la segunda demanda la archivaron. «Nadie me avisó de que podía acceder al Código de Buenas Prácticas hasta que acudí a Stop Desahucios». Por ello, aconseja a los afectados que no duden en pedir ayuda.

Ponencia de la Ley Hipotecaria

En opinión de la asociación contra los desahucios, «de todas las cláusulas abusivas impuestas por los bancos en los contratos hipotecarios, la del vencimiento anticipado es la más criminal y la más injusta». Recalcaron que esta cláusula está presente en la práctica totalidad de los seis millones de hipotecas actualmente vigentes «y es la responsable de más de 600.000 desahucios en los últimos años».

Los miembros de la plataforma criticaron la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no adjudicar un carácter retroactivo al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) cuando procedieron a cambiar el reglamento, «y que ahora todos los grupos políticos estén de acuerdo con la retroactividad en el vencimiento anticipado». Es más, tienen la certeza de que la polémica surgida con la decisión del TS cargando al cliente el gravamen del IAJD y la posterior modificación del Ejecutivo español han servido para tapar lo que puede llegar a producir el nuevo dictamen que están a punto de aceptar.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Economía, Gonzalo Palacín, adelantó el martes que el acuerdo sobre el proyecto de ley puede llegar a producirse la próxima semana, aunque el diputado de Podemos, Rafael Mayoral, advirtió de que debería eliminarse una disposición adicional transitoria que es contraria a los tribunales europeos.

La ponencia de la Ley Hipotecaria volvió a reunirse el martes en la Comisión de Economía del Congreso y los grupos parlamentarios acordaron por mayoría, con la excepción de Unidos Podemos, que la nueva ley establezca que los gastos notariales vinculados a la firma de la hipoteca sean pagados por la banca mientras que los de tasación sean abonados por el cliente.

La asociación de consumidores Facua sostiene que el banco también debería ser quien pagase los gastos de tasación, al considerar que el usuario no necesita tasar la vivienda para pedir una hipoteca. Es más, opinan que la capacidad de presión de las entidades bancarias provocaría «grandes bajadas» en los precios de las tasaciones.

En la ponencia de la Ley de Hipotecas aún quedan por acordar, entre otras cuestiones, las comisiones por amortización anticipada, los intereses de demora y la ya mencionada cláusula del vencimiento anticipado.

Más de 5.000 sentencias con la doctrina del TJUE

Desde que el 1 de junio de 2017 comenzaron a funcionar los juzgados provinciales especializados con el objeto de hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas e hipotecas a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en las cuatro instancias de Hego Euskal Herria se han dictado mas de 5.000 sentencias. En el conjunto del Estado, el 97,1% han sido favorables a las personas que pagaron estas cláusulas abusivas.GARA