La secretaria de Estado para la Transición Ecológica, Emmanuelle Wargon, y el ministro delegado de Colectividades Territoriales, Sébastien Lecornu, deberán coordinar la organización de las consultas del «debate nacional»: la primera lo hará con la sociedad civil y el segundo, con los cargos públicos. Ambos han sido designados con carácter de urgencia tras la dimisión de la presidenta de la Comisión Nacional del Debate Público (CNDP), Chantal Jouanno, la semana pasada, tras conocerse que percibía un salario mensual de más de 14.000 euros, lo que causó un gran revuelo.

Asimismo, desde Matignon anunciaron ayer por la tarde que se va a nombrar un grupo de cinco «garantes» para «garantizar la independencia» del debate. En un comunicado, se indicó que dos serán nombrados por el Gobierno, mientras que los otros tres serán designados respectivamente por el presidente de la Asamblea Nacional, Richard Ferrand (LREM); el del Senado, Gerard Larcher (LR); y el del Consejo Económico, Social y Medioambiental, Patrick Bernasconi. No se revelaron nombres de candidatos.

Sobre el modo en que se va a llevar a cabo el debate, Macron anunció en su carta que «los alcaldes tendrán un papel esencial porque son sus representantes electos y, por lo tanto, el intermediario legítimo de la expresión de los ciudadanos».

35 puntos orientativos

El presidente lanza 35 temas para orientar el debate. Uno de los principales puntos es el de la representatividad democrática, que incluye asuntos como computar del voto en blanco, la obligatoriedad del sufragio, una mayor dosis de proporcionalidad para los partidos opositores o el Referendo de Iniciativa Ciudadana (RIC), una de las banderas de los “chalecos amarillos”. Otro de los puntos expuestos es una reflexión sobre la fiscalidad, que ha ejercido de detonante de las manifestaciones. Macron propone discutir los gastos del Estado, dónde aumentarlos y dónde recortarlos, para obtener «una fiscalidad más justa y eficaz», aunque se niega a restablecer el Impuesto de la Solidaridad y la Fortuna (ISF), otra de las grandes demandas populares.

Por otro lado, la oposición política se muestra dividida ante esta iniciativa. Mientras los conservadores de Les Républicains afirmaron que quieren «participar en la salida de Francia del caos», otros se muestran más escépticos. Para la ultraderechista Agrupación Nacional el debate es «sólo aire», para hacerle ganar tiempo a Macron. Desde la izquierda, La Francia Insumisa denunció que no se trata más que de «una cortina de humo».