No fue el Rubicón, sino el Ebro lo que cruzaron ayer los presos políticos catalanes, pero sirve igual la frase que lanzó Julio César tras cruzar el río italiano: Alea iacta est. La suerte está echada. Los presos ya están en cárceles madrileñas y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo puso por fin fecha al inicio del juicio contra el independentismo catalán: el 12 de febrero arranca una vista que seguirán más de 600 periodistas.

Por partes. El traslado arrancó de madrugada, primero en furgones de los Mossos d’Esquadra y después de la Guardia Civil, que no parece darse por aludida cuando el “The Times” advierte de que el juicio es una prueba de fuego para la credibilidad del Estado español. Uno de los agentes que formó parte del convoy no tuvo reparos en publicar en las redes un vídeo del traslado despreciando a los presos y a las personas que se acercaron a despedirlos. De fondo, en el furgón policial, sonaba Piperrak. Los caminos de la represión pueden ser inescrutables.

A media tarde, presos y presas ya estaban en Madrid. Carme Forcadell y Dolors Bassa en Alcalá Meco; Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Joaquim Forn en Soto del Real. Allí estarán hasta el próximo 12 de febrero, cuando tomarán por primera vez el camino hacia el Tribunal Supremo. Un trayecto que repetirán semana a semana mientras dure el juicio, que podría alargarse bastante, vista la cantidad de pruebas aceptadas por el TS.

Urkullu, citado

En el ámbito del Estado, la inmensa mayoría de testimonios planteados por acusaciones y defensas han sido aceptados, desde el expresidente Mariano Rajoy al expresident Artur Mas, pasando por el lehendakari, Iñigo Urkullu, que será citado a declarar como testigo.

Sin embargo, el TS rechazó en la resolución de ayer citar a la mayoría de testimonios internacionales planteados por las defensas –desde premios Nobel de la Paz a relatores de la ONU–. Tampoco serán llamados para prestar testimonio, por decisión del tribunal, Carles Puigdemont y Marta Rovira –alegando que están en rebeldía–. Y como estaba más que anunciado, no será importunado un Felipe de Borbón bien cubierto por la Constitución española.

Más grave aún para el interés de las defensas resulta el rechazo a algunas pruebas planteadas. Por ejemplo, el Supremo rechaza reclamar al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona el grueso del sumario en el que ha estado investigando al independentismo de forma irregular desde marzo de 2017, sin que las defensas hayan podido personarse en la causa. Sin ir más lejos, es el juzgado que ordenó la operación del 20 de setiembre, que centra buena parte de la acusación contra Cuixart y Sànchez. Tampoco acepta el Supremo una pericial crucial para estos dos imputados: la de Hugh Orde, presidente de la Asociación de Oficiales de Policía del Reino Unido y autor de un informe que descarta el empleo de la violencia por parte del independentismo.

El Supremo también rechazó, no sin un toque de ironía, la presencia de observadores en la sala de plenos. Alegó para ello que el proceso será televisado, por lo que «todo ciudadano que quiera convertirse en observador, nacional o internacional, del juicio podrá hacerlo. Y no en el limitado número de cinco que sugiere la defensa». La cursiva es del original publicado ayer por el TS.