El atestado de la Ertzaintza sobre un bidón con material inflamable hallado en Durana, un fake news en toda regla, ha inducido claramente al encarcelamiento de los jóvenes alaveses Aitor Zelaia y Galder Barbado. Resulta curioso que en el mismo se aluda a los hechos de Altsasu como elemento que intenta dar continuidad a ETA, cuando ni la Audiencia Nacional los calificó de «terrorismo» en su polémica y desmesurada sentencia condenatoria. Porque lo que es Altsasu puro es precisamente este atestado, con el que la Ertzaintza, como en su día la Guardia Civil, busca elevar la gravedad objetiva de los hechos y criminalizar a sus presuntos autores a partir de sus afinidades políticas.

Sobre la base de estas actuaciones policiales tergiversadas y a una Audiencia Nacional siempre tan dispuesta a llenar cárceles, tan escandaloso hoy es el encarcelamiento de los jóvenes de Altsasu como el de estos dos de Amurrio y Gasteiz. En este último caso se suma además un plus de gravedad política; si de la Guardia Civil siempre cabe esperar una actuación de guerra destinada a perpetuar el pasado, a la Ertzaintza la ciudadanía vasca le exige una actuación aséptica y apolítica, y más después de que la propia consejera de Seguridad afirmara tras la sentencia de Iñigo Cabacas que miraban hacia el futuro y que en su «autocrítica» revisarían procedimientos y formas de hacer.

Interpelada ayer por este caso en el Parlamento de Gasteiz, Estefanía Beltrán de Heredia prefirió por contra recurrir a la habitual defensa corporativa de cualquier actuación policial, primero intentando eludir la valoración y luego defendiendo la catalogación de los hechos de Durana y Amurrio, que hace que hoy dos jóvenes estén presos por un bidón y un expolicía pasee libre tras disparar y esconder un arsenal. Fuera ya de la tribuna pública, a la consejera le toca una reflexión: si la Ertzaintza ha jugado a la política a sus espaldas, es su responsabilidad atajarlo; porque si lo hubiera hecho con su aval, debería dimitir.