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DEMANDA COLECTIVA EN EL ESTADO FRANCÉS

MÁS DE 1.200 DEMANDAS POR AMIANTO EN RENAULT TRUCKS

ESTE JUICIO DEBE SERVIR DE LECCIÓN»: MÁS DE 1.200 JUBILADOS O EMPLEADOS A PUNTO DE CONCLUIR SU TRAYECTORIA LABORAL EN LA PLANTA DE RENAULT TRUCKS DE LA LOCALIDAD DE VÉNISSIEUX PLANTEARON EL PASADO MARTES UNA DEMANDA POR «DAñOS MORALES» ANTE EL CONSEJO DE PRUD'HOMMES (MAGISTRATURA DE TRABAJO) DE LYON.

«Es necesario que el lugar de trabajo sea un espacio saludable y que nuestros hijos no tengan que conocer esto», declaró a la agencia France-Presse (AFP) una de las demandantes, Nicole Gros, jubilada de 63 años, cuyos marido e hijo también trabajan en Renault Trucks.

«No nos importa el tema económico», añadió al referirse a la indemnización que reclaman. «En nuestra familia, nos hemos visto muy afectados por el cáncer; no teníamos que haber pasado por esto, sobre todo porque las consecuencias pueden aparecer dentro de diez o veinte años y, a menudo, nos preguntamos qué sucederá», relataba Gros, con sus 42 años de carrera profesional en “Berliet”, que se convirtió en Renault Trucks, que ahora es una filial de Volvo.

En esta sesión, el tribunal laboral examinó la presentación de 1.208 informes. Unos 200 fueron objeto de otra audiencia hace unos meses. La vista, que resultó extraordinaria por el número de demandantes, fue trasladada a un pabellón polivalente de Rillieux-la-Pape, en las afueras de Lyon, para dar cabida a todos los afectados.

La fecha de la sentencia se ha fijado para el próximo 29 de octubre, con el objetivo de que los jueces tengan tiempo de estudiar a fondo todos los casos.

«La jurisprudencia es muy clara: desde el momento en que los asalariados prueban que han trabajado en un ambiente clasificado como área con amianto, tienen derecho a beneficiarse de la indemnización por daños morales», explicó el abogado Cédric de Romanet.

18 millones de euros

La planta de Renault Trucks en Vénissieux fue reconocida como lugar con amianto por un decreto publicado en el Boletín Oficial en otoño de 2016, lo que permite ejercer el derecho al plan de jubilación anticipada para los trabajadores del amianto a quienes desempeñaron una labor en estas instalaciones entre los años 1964 y 1996.

De Romanet reclamó 15.000 euros para cada uno de los demandantes, lo que supone 18 millones de euros en total, alegando que «los estudios epidemiológicos demuestran, desgraciadamente, que el tiempo de exposición no tiene efecto» en el riesgo de desarrollar una enfermedad grave ligada al amianto; es decir, que no hay forma de medir el tiempo de exposición “necesario” para enfermar.

En cambio, el abogado de Renault Trucks y otras cuatro empresas procesadas, Elodie Bossuot-Quin, argumentó que solo dos sectores de este «espacio industrial tan extenso», de aproximadamente 79 hectáreas, se vieron afectados por la exposición al amianto –la fundición y la zona de autocares y autobuses–, poniendo en cuestión que pudiera haber «exposición al riesgo en el resto de sectores».

«Estamos hablando de un periodo durante el cual la utilización del amianto no estaba prohibida», subrayó Bossuot-Quin, que incidió en que «el empleador no podía conocer el riesgo».

Los demandantes, la mayoría ya jubilados, viven «constantemente bajo una espada de Damocles», opina el presidente de la Asociación Prevenir y Reparar (APER), Jean-Paul Carret. «Y resuena en su cabeza cada vez que se enteran de que un antiguo colega ha muerto», añadió.

La APER ha contabilizado al menos una «veintena» de fallecimientos relacionados con el amianto desde 2000 y una «cuarentena» de casos reconocidos como enfermedades profesionales. «En aquella época nadie estaba advertido, se cortaba el amianto con una sierra, no había ningún tipo de aspirador...», lamenta Carret, para quien «la toma de conciencia» se produjo a finales de los años 1990 «después de los primeros fallecimientos».

El secretario de la asociación, Patrick Gérard, deplora que «en el plano penal la batalla no avanza». «Actualmente, sabemos cómo hacer que condenen a la empresa, pero no se llega a condenar a los patronos, a quienes daban las órdenes». La legislación francesa ha establecido «fondos de compensación sin culpa», que suelen basarse en criterios médicos y no en la identificación del causante del daño, y que, generalmente, no requieren intervención judicial.