La audiencia judicial, que podría llegar a prolongarse durante varios años, se abrirá el lunes, a las 8.00, en un tribunal regional de Brunswick, a unos treinta kilómetros de la histórica sede de Volkswagen en Wolfsburgo (land de Baja Sajonia).

Cerca de 450.000 personas están inscritas en esta demanda colectiva –la primera de este tipo en Alemania–, siguiendo un procedimiento adoptado a raíz del estallido del «caso del diésel», por el trucaje del software de los automóviles por medio del cual las emisiones de gases se reducían en los test de laboratorio para ocultar las que realmente se producían cuando circulaban por las carreteras.

La asociación de consumidores VZBV, que actúa como único demandante, acusa al grupo automovilístico de dañar deliberadamente los intereses de sus clientes al instalar ese software, que hace que el vehículo parezca menos contaminante, sin habérselo comunicado en el momento de la compra.

Este es el proceso más importante instruido hasta el momento en Alemania por este escándalo, que sigue persiguiendo a este fabricante mientras intenta pasar página centrándose en el segmento del coche eléctrico. Concretamente, los jueces deberán decidir sobre medio centenar de cuestiones, aunque la principal será determinar si Volkswagen ha «causado un perjuicio» y actuado «de forma contraria a la ética».

Klaus Müller, director de la VZBV, se muestra «convencido» de que el tribunal concluirá en ese sentido. Pero Volkswagen sostiene que «no ha habido daño y, por tanto, no hay base para esta demanda».

«Todavía a día de hoy, cientos de miles de vehículos están siendo utilizados» en las carreteras, mantiene Martina de Lind van Wijngaarden, abogada de la compañía automovilística.

30.000 millones de euros

Incluso en el caso de que la sentencia fuera desfavorable para VW, el fallo no conllevará directamente un reembolso para los demandantes, ya que cada consumidor registrado deberá entonces hacer valer sus derechos individualmente.

Esta previsto que el examen de esta demanda colectiva se prolongue al menos hasta 2023 ya que, según indicó VW, el fallo puede recurrirse ante la Corte Federal. Y a partir de entonces los procesos individuales podrían llevar más de un año.

Para acortar el proceso, la VZBV está «abierta» a un acuerdo amistoso pero, en ese caso, «Volkswagen debería pagar una suma significativa», tal como explicó Müller a AFP.

El fabricante considera que un acuerdo como ese es «poco imaginable» debido a la heterogeneidad de las situaciones: una parte de los dosieres estarían duplicados o harían referencia a clientes que residen en el extranjero o que compraron su coche después de que el caso se hiciera público.

Desde que en 2015 VW confesara que había equipado 11 millones de vehículos con el software trucado, este escándalo ya le ha costado al grupo 30.000 millones de euros en honorarios legales, multas y compensaciones, en su mayor parte desembolsados en Estados Unidos