Con la puesta en marcha de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, las autoridades comunitarias sellaron en otoño de 2004 su apuesta por una gestión securócrata y militarizada de sus fronteras, y asumieron de forma casi axiomática la idea de que los movimientos migratorios suponen una amenaza. Quince años más tarde, Frontex desempeña con atribuciones crecientes su papel de mamporrero en una Europa cada vez más impenetrable pero también más aislada, y lo hace con un presupuesto 46 veces mayor que en sus inicios –como puede verse en la tabla adjunta–, un síntoma de que sus promotores no tienen propósito de enmienda.

Al fin y al cabo, esa agencia no es más que la representación sobre el terreno de una filosofía que contradice las promesas sobre un mundo global con libertad de circulación que proliferaron a finales del siglo pasado, tras la caída del Muro de Berlín. Bien al contrario, desde los años 90 hemos asistido a un proceso de impermeabilización de las fronteras acentuado tras los ataques del 11-S.

Frontex y el sustrato teórico que lo alimenta son abordados en el informe “Custodiar la fortaleza”, publicado hace unas semanas por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau y el TNI (Transnational Institute), que descubre las interioridades, la razón de ser y la actividad de un organismo que «custodia las estructuras y discursos de violencia en la Unión Europea, alejándonos de las políticas de defensa de los derechos humanos, de la convivencia, de la igualdad y acogida, y de relaciones más equitativas entre territorios». Ainhoa Ruiz Benedicto, autora del documento, no tiene reparos en concluir que la agencia consolida con sus prácticas «la criminalización de los movimientos migratorios» y demuestra que para las autoridades europeas las migraciones constituyen un riesgo, «al mismo nivel que crímenes como el tráfico de drogas o el contrabando».

En entrevista con GARA, recuerda que Frontex «no es una agencia humanitaria» y que no tiene «un mandato de rescatar a las personas», sino de «combatir el crimen», de modo que cuando actúa para impedir la llegada de refugiados o para propiciar su retorno a terceros países les pone esa etiqueta.

Desde luego, que no se guía por un afán humanitario es evidente: de las diecinueve operaciones conjuntas realizadas por este organismo, todas analizadas en el informe, ninguna ha tenido un mandato específico de rescate de personas ni incluye una flota civil en sus acciones. De hecho, con quien sí colabora en el control de los flujos migratorios es con la OTAN, afianzando de esta forma «una práctica securitaria y militarista» en la gestión de las migraciones. Y junto con ello, se menciona el asentamiento de un «estado de alerta y emergencia constante», que permite legitimar con más facilidad la aprobación de políticas de carácter excepcional.

El salto cualitativo de 2016

Este es el marco en el que la agencia lleva quince años asentándose, con una dotación presupuestaria cada vez mayor –333 millones previstos para este ejercicio–, y sobre todo con un marco competencial que se vio ampliado de forma sustancial en 2016. Con el cambio normativo que se produjo entonces, Frontex tiene capacidad para operar en territorio de un Estado miembro sin su consentimiento. Un salto cualitativo, que para Ruiz Benedicto pretende «cohesionar la política fronteriza de los estados miembros».

«La CE u otros estados pueden decidir, por mayoría simple, que Frontex actúe en el territorio de un estado aunque este no lo haya requerido, lo que es bastante grave», señala, pues «no permite que un estado pueda gestionar los flujos migratorios de forma distinta». No es el único elemento preocupante del nuevo reglamento, ya que también otorga a la agencia un papel más importante a sobre las operaciones de retorno, pues pasa de facilitador a organizador o coordinador, y además legitima de forma oficial el uso de la fuerza, algo que, apunta «es difícil de controlar, porque no tenemos observadores que puedan ver si la fuerza es proporcionada».

A modo de conclusión, Ruiz Benedicto, que censura la «criminalización creciente de las personas y ONGs que sí quieren rescatar a las personas», señala que Europa «es cada vez más una fortaleza». Y lo es como consecuencia de un dilatado proceso que empieza con los Acuerdos de Schengen (1985), y que se dispara con el nuevo siglo, hasta el punto de que hoy tenemos catorce muros construidos en territorio de la Unión Europea y del Espacio Schengen, principalmente para prevenir la entrada de personas migradas».

Este hecho, explica, ha conseguido dificultar enormemente la entrada de migrantes por la denominada ruta de los Balcanes, de modo que se ha abierto una nueva ruta hacia el ártico, haciendo que Noruega también construya un muro con Rusia. «Y lo que se está haciendo –señala– es dificultar aún más el trayecto de estas personas, poner más en riesgo sus vidas y hacer que sea más caro su recorrido, que tengan que pagar mucho más, de modo que se está enriqueciendo a las mafias que se dice querer combatir».