El PNV fue determinante ayer para que la Mesa del Senado aprobara una propuesta del PP de que se convoque urgentemente una reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para debatir sobre la crisis del coronavirus, una decisión a la que se oponía el PSOE. La Mesa del Senado está compuesta por siete personas. Tres representantes del PSOE y otros tres del PP y un séptimo del PNV, que ocupa un puesto cedido por el partido de Sánchez. Ayer, en esta materia, el jeltzale Imanol Landa se puso del lado de los de Javier Maroto.

Ese voto tiene una lectura doble. Por un lado, es un pellizco y una llamada de atención al PSOE, puesto que el EBB ya dejó claro tras su reunión del lunes que se estaba sintiendo «ignorado» por el Gobierno de Sánchez.

Pero, por otro lado, contradice la actitud que el PNV está manteniendo en el Parlamento de Gasteiz, donde rechaza la convocatoria de la Diputación Permanente para ejercer sobre el Gobierno de Urkullu el control que ahora él mismo quiere hacer sobre el de Sánchez.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas esta formada por 50 senadores, más representantes del Gobierno del Estado y de las Comunidades Autónomas que pueden intervenir en sus sesiones y solicitar su convocatoria. También todos los senadores autonómicos pueden intervenir en los debates. La sesión debe ser presencial.

«Seriedad y responsabilidad»

Para el senador jeltzale Imanol Landa, «en una situación como la actual, no tiene sentido que el Parlamento esté paralizado; debemos tener inteligencia política y, garantizando la salud de representantes y plantilla, encontrar la manera de favorecer la participación».

En este sentido, Imanol Landa aseguró que la convocatoria de una sesión de esta comisión ofrece la posibilidad de trabajar con «seriedad y responsabilidad» en el objetivo de minimizar los daños que el Covid-19 está produciendo y podría producir en el futuro.

La Diputación Permanente de la Cámara de Gasteiz la forman 22 miembros. Como puede verse, muchas menos personas que la mencionada comisión del Senado. Sin embargo, la propuesta realizada para que el lehendakari diera información sobre cómo afronta la emergencia sanitaria el Gobierno de Lakua y debatir las propuestas que hicieran los grupos, fue rechazada en la Mesa por los miembros de PNV y PSE. Se sustituyó por una «reunión informativa» y telemática en la que Iñigo Urkullu ofrecerá información a los portavoces de los grupos. Será mañana jueves a las 10.00.

Por otra parte, el Gobierno sigue sin remitir al Parlamento informaciones solicitadas por los grupos sobre la catástrofe de Zaldibar y también sobre Covid-19, cuyos plazos de respuesta vencieron el 18 y el 26 de marzo.

Erkoreka niega fricciones

Las críticas que el lehendakari, Iñigo Urkullu, y la consejera Arantxa Tapia han lanzado contra el Gobierno de Sánchez por el cierre de la actividad no trascendental, no han gustado al PSE, socio del PNV en el Ejecutivo autonómico.

El secretario general del PSE en Gipuzkoa, Eneko Andueza, afirmó ayer en ETB1 que el PNV debe ser consciente de que, aunque estén juntos en un Gobierno de coalición, su partido «no es subordinado de nadie» y tiene «opinión propia», que no tiene porque ser siempre «la misma que la del PNV».

Andueza criticó que «cuando cada uno afronta sus responsabilidades y la otra parte, en este caso el PNV, no está de acuerdo se habla de deslealtad», y afirmó que «nosotros también nos hemos sentido dolidos muchas veces con algunas decisiones que han tomado».

Tras estas declaraciones y otras directas contra Arantxa Tapia realizadas por Eneko Andueza la víspera, al portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, aseguró que el Consejo de Gobierno se había desarrollado «en absoluta sintonía y con total acuerdo en la totalidad de asuntos que han sido abordados».

Erkoreka prefirió desviar el tema hacia las relaciones con Madrid, para recordar que además del lehendakari también otros presidentes autonómicos criticaron las medidas adoptadas por el Gobierno de Sánchez. Pero quiso dejar claro que «ninguna discrepancia de las que han existido, existen o existirán van a servir de fundamento para bajar la guardia y para relajar el compromiso compartido» entre ambos ejecutivos y mantener la «colaboración, la coordinación y la ayuda mutua».

Piden flexibilidad

El Gobierno de Lakua y el de Iruñea han coincidido en pedir a Madrid flexibilidad en la aplicación del decreto ley 10/2020. Ayer mismo, Josu Erkoreka afirmó que su Ejecutivo mantenía una «línea caliente» para buscar una adecuación de las normas a la distinta realidad de cada comunidad. Aseguró que están trabajando particularmente en el mantenimiento de la actividad electrointensiva en los niveles de los fines de semana. Apuntó que «sería un logro estratégico importante».

Por la tarde, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Naida Calviño, aclaró que las industrias electrointensivas no tienen que parar su actividad en virtud del real decreto del Gobierno, dadas las salvedades recogidas en él y en la última orden ministerial aprobada. Ante las peticiones del Gobierno de Lakua y también del asturiano, dijo que el real decreto es «muy claro» en su artículo cuarto y deja que las empresas determinen servicios mínimos para garantizar que la actividad se baje en estos 7 primeros días y se pueda reactivar después». Habló de esa medida del fin de semana o festivos.

También la presienta navarra, María Chivite, demandó que «las Comunidades Autónomas puedan determinar qué es lo esencial, porque cada Comunidad tiene sus especificidades».

LAB denunció que el Gobierno foral es más centralista que nadie cuando se trata de negar derechos a la clase trabajadora y se viste de foralista cuando quiere mantener las actividades no esenciales y sus intereses como defiende la patronal.