El juicio contra Roberto David Castillo, presunto autor intelectual de la muerte de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, perpetrada el 2 de marzo de 2016, comenzó ayer en el Tribunal de Sentencia con competencia Nacional, en Tegucigalpa.

En el juicio, la familia y organizaciones defensoras del medio ambiente y los derechos humanos esperan que salga a la luz «cómo operan las empresas extractivas que junto a funcionarios públicos montan estructuras organizadas de poder que usan la violencia y la criminalización para neutralizar la defensa de la vida». El tribunal no permitió la presencia física de observadores internacionales y de derechos humanos en la sala, que solo podrán seguir el proceso de forma virtual.

Berta Cáceres murió en un ataque el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

En diciembre de 2019 un tribunal condenó a cuatro de ocho acusados a 34 años de prisión por la muerte de Cáceres y a 16 años por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.

Pero la importancia del juicio a Castillo, detenido en 2018, radica en que el militar es la pieza clave que vincula el crimen con los autores intelectuales de la muerte de la activista, y que su familia y grupos ambientalistas relacionan con la poderosa familia de banqueros y empresarios Atala.

Castillo, un militar hondureño, es directivo de la empresa Desarrollo Energético (DESA), encargada de ejecutar un proyecto hidroeléctrico en la comunidad lenca de Río Blanco.

Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) en 1993, se enfrentó a DESA por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa Agua Zarca por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.

Las hijas de la ambientalista, Bertha y Olivia Zúñiga Cáceres, hoy líder de la Copinh y diputada respectivamente, relataron en sendas entrevistas a GARA que los ocho condenados hasta ahora solo eran «los gatilleros, el eslabón más bajo» del crimen y temían que se utilizara su encarcelamiento para dar carpetazo a la investigación.

Ambas recordaban el poder de la familia Atala, banqueros y empresarios ligados al proyecto de la represa, y que la impunidad continuaba campando en Honduras.

«No hay justicia si no se llega a los autores intelectuales», remarcó Olivia Zúñiga en la entrevista en 2019, en la que confesaba temer irregularidades en el juicio a Roberto David Castillo, por lo que pedía observadores.

Por su parte, Bertha Zúñiga destacaba la desconfianza hacia la Fiscalía ya que «el Estado hondureño ha sido cómplice de la empresa DESA desde el principio y ha participado en la persecución, el hostigamiento y la judicialización hacia mi madre cuando estaba viva».