Junio de 2021. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comparecen en rueda de prensa para anunciar la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno español. El acto se realiza en la sede de Red Eléctrica de España (REE), empresa del Ibex-35 que monopoliza en el Estado español la red de transporte de energía eléctrica de alta tensión. La multinacional (su corporación matriz opera también en Perú, Chile y Ecuador) es hoy un conglomerado de empresas eléctricas, accionistas individuales (Amancio Ortega –Inditex– es el principal) y algún que otro fondo de inversión. Lo mejor de cada casa. El Estado participa también en esta sociedad (20%) a través del SEPI.

La rueda de prensa no se hizo en un gran hospital, oficina del INEM o cualquier otro espacio afectado por los estragos socioeconómicos y de salud causados por la pandemia, que es a lo que nos dicen van a hacer frente los fondos europeos. No, nada de esto. Se realizó en la sede de REE, habitáculo de quienes, tan solo durante el mes de setiembre, han hecho subir el precio de la luz un 47% y han obtenido en el primer semestre de este año ingentes beneficios: Iberdrola, 1.500 millones; Endesa, 832 millones...

Sánchez habló claro en su discurso: REE «simboliza perfectamente lo que va a representar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para nuestro país», añadiendo que esta empresa «será la columna vertebral de este proceso de transición energética». Los allí presentes le aplaudieron hasta con las orejas. Los mismos que hasta ayer han demonizado el discurso ecologista que exigía un nuevo modelo energético, se han convertido hoy –«¡cosas veredes, amigo Sancho!»– en los más firmes paladines de lo verde que te quiero verde. El negocio es el negocio.

La UE cuenta hoy con una correlación de fuerzas en la que la ultraderecha, la derecha y las corrientes liberales tienen una muy holgada mayoría. La Comisión Europea, el Consejo de Europa y el Banco Central se han afirmado hasta ahora como unas inflexibles máquinas de guerra neoliberales y antisociales (Grecia...). Es por ello que la UE ha señalado al Estado español que para poder acceder a sus créditos y subvenciones, deberá reformar-liberalizar aún más su marco normativo laboral y de pensiones. Por otro lado, si bien se ha dejado de lado la política de austeridad presupuestaria con la que se abordó la anterior crisis de 2008, esta solo ha quedado suspendida hasta 2023. A partir de ahí, volverán a pintar bastos.

El hecho de que la UE esté dispuesta a suministrar subvenciones para impulsar la transición ecológica no convierte su política, per se, en algo progresista. Si esas ayudas se dedican cuantitativa y cualitativamente a favorecer los proyectos de las multinacionales y grandes empresas, poco podrán tener de plausibles, por más que se vistan de verde. Es decir, si junto a lo anterior no va pareja una política que impulse la democratización de los poderes económicos, la creación de herramientas públicas (banca, energía, comunicaciones...) y la inversión de la estructura jerárquica del marco productivo actual en favor de una economía más local y horizontal, los deterioros económicos, laborales y sociales vividos en los últimos años no podrán ser enderezados. Porque el problema principal no es tanto decidir cuáles deben ser las energías alternativas a impulsar (eólica, solar, marina, hidráulica, biomasa etc.), sino ver quiénes y cómo va a ser conducida esa transición energética: sector público o privado, modelo energético, etc.

Sánchez Galán, presidente de Iberdrola (12,2 millones de sueldo en 2020), uno de los capo di capi del actual atraco eléctrico que padecemos, acaba de afirmar que es preciso reconducir el actual «intervencionismo terrorífico» que padece el sector. Mientras tanto, para presionar al Gobierno en esta dirección, amenaza y chantajea con la posibilidad de cerrar centrales y generar desabastecimiento. Evidentemente, dejar en manos de personas como estas la dirección del proceso de transición energética es como poner zorros a organizar la mudanza del gallinero.

El reciente nombramiento del dirigente socialista Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de Iberdrola no es algo casual. En su día –¡fíjate!–, fue feroz crítico de la política de puertas giratorias. El PSOE, por supuesto, ha criticado su decisión, pero es evidente que la cabra institucional tira al monte energético. Si hay algún sector en el que han aterrizado más altos cargos políticos del PSOE, PP, PNV, UPN y CiU (presidentes, ministros...), ese es el de la energía. Ahí han abrevado Ángel Acebes, José María Aracama, Juan Mari Atutxa, Carmen Becerril, Josep Borrell, Miguel Boyer, Pío Cabanillas, Felipe González, Josu Jon Imaz, Rodolfo Martín Villa, Marcelino Oreja, Ana Palacio, Miquel Roca, Javier Rupérez, Luis Solana, Pedro Solbes, Isabel Tocino...

Se acaba de celebrar en Iruñea un Congreso Internacional de la Industria para la Transición Ecológica. En su inauguración la presidenta de Navarra, María Chivite (PSOE), se vino arriba y afirmó que preside «un gobierno verde comprometido con el ecosocialismo». Quien esto decía era la misma persona que tres semanas antes había anunciado invertir fondos europeos para la financiación de los 145 millones de euros que costará el nuevo tramo del TAV en Nafarroa. Entonces dijo: «No podemos ir a contracorriente. No podemos quedarnos aislados. Ese error nos llevaría a más pobreza, a más despoblación y a que Navarra vaya muriendo». Ecosocialismo de TAV, constructoras y multinacionales eléctricas, se le llama a eso.

A las puertas de este Congreso, distintas plataformas populares de pueblos en los que se pretenden instalar gigantescos proyectos eólicos, agitaban cencerros y carracas, gritando consignas para hacerlas llegar a los congresistas. Entre ellas, «esta transición no es la solución» y «los fondos europeos nos hacen más reos». Pues eso.