SOS Racismo Nafarroa constató ayer que el plan del Gobierno navarro para combatir el racismo no aporta «prácticamente ninguna medida encaminada a atajar el racismo estructural e institucional». Un problema especialmente acuciante, ya que en su Informe Anual contra el Racismo, esta organización comprobó que «en el 70% de los casos de racismo y xenofobia recogidos en Navarra, el agente discriminador era una entidad pública». Por eso, lo consideró una «oportunidad fallida».

En su rosario de críticas, Ebru Döne Ergünduz Göker y Aleyda Gaspar González calificaron de «indignante» que se presente el plan como «una propuesta nueva», cuando estimaron que se ha hecho «apropiacionismo de la labor que realizan desde hace años las organizaciones que luchan contra el racismo en Navarra».

También instaron al Ejecutivo a crear «organismos, preferiblemente con el grado de Instituto, para coordinar los distintos órganos del propio Gobierno y la Administración que tienen competencias en este campo para detectar y combatir el racismo estructural».

Además, denunciaron que existen medidas discriminatorias en varios decretos forales y, por ese motivo, consideraron «imprescindible que previo a la publicación de cualquier normativa, la Administración haga una revisión desde una perspectiva antidiscriminatoria», algo que no recoge el plan.

Criticaron, asimismo, que «la mayor parte de la medidas propuestas está enfocada a combatir prejuicios y estereotipos, más que a lograr la transformación de la estructura racista de nuestra sociedad».

Controlar la acción policial

Las criticas continuaron en aspectos como la ausencia de la cuestión de género, en el terreno de las medidas de acompañamiento a las víctimas y tampoco «detecta la necesidad de introducir cambios estructurales en el sistema judicial y en el modelo policial para superar las barreras en la interposición de denuncias y/o para que estas prosperen». «Si se pretende luchar contra el racismo y la xenofobia, es imprescindible la adopción de medidas para el control de la acción policial», añadieron.

Por estas y otras cuestiones, desde SOS Racismo Nafarroa se calificó el plan de «oportunidad perdida, fallida, porque no se trata de que el Gobierno juegue a ser un movimiento social». Lo que exigieron al Ejecutivo y a las instituciones es que «ejerzan su labor de gobierno para combatir el racismo y la xenofobia. Basta de simulación».

La mayoría de los delitos de odio en Nafarroa son por motivos xenófobos o racistas

La mayoría de los delitos de odio que se registran en Nafarroa tienen una motivación de racismo o xenofobia, según constata el informe elaborado por la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV-EHU presentado ayer junto al consejero navarro de Justicia y Políticas Migratorias, Eduardo Santos.

Según explicaron Jon Mirena Landa, director de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV-EHU, y Bertha Gaztelumendi, investigadora de esta cátedra, la imagen que Nafarroa ofrece es similar a la del Estado español y al entorno europeo.

Entre 2016 y 2020, en Nafarroa se registraron 137 incidentes por odio, de los que el 95,6% fueron delitos y el 4,4% infracciones administrativas. En 2016 hubo 31 delitos; en 2017, trece; en 2018, nueve; en 2019, treinta, y en 2020, cuarenta y ocho.

La mayoría de estos delitos (50,4%) corresponden a odio con palabras, mientras que los de lesiones son el 17,6%. En este contexto, las amenazas suponen el 20,6%. A este respecto, Landa señaló que existe también una divergencia respecto al entorno europeo, donde el odio con palabras es residual y se concibe el odio como un agravante del delito. De este modo, indicó que en Inglaterra se detectan cien mil casos de delitos de odio al año, pero solo unos veinte son verbales.

El perfil de las víctimas es un hombre (63%) de «nacionalidad española» (57%), al igual que el de los agresores, que también son mayoritariamente hombres (82%) y de «nacionalidad española» (59%).

Junto a Santos, Landa señaló que el objetivo de este informe presentado ayer es ayudar a implementar políticas públicas contra el odio. Martxelo DÍAZ