Las expectativas eran bajas antes de la comparecencia de la directora del CNI en la comisión de secretos oficiales, sobre todo entre los grupos independentistas, y la intervención de Paz Esteban se ajustó bastante a ellas, pues no reveló casi nada nuevo. Tampoco dimitió, pese a que era una hipótesis que se barajaba, y por supuesto no logró atajar la profunda crisis política abierta por los casos de espionaje. Sin embargo, sí admitió que el centro que ella dirige ha espiado a personas relevantes del independentismo, entre ellas, el president catalán, Pere Aragonès.

Aunque el contenido de la reunión de ayer, que duró cuatro horas, está sujeto a estricto secreto, fuentes conocedoras de lo tratado indicaron que la responsable de los servicios de información vino a admitir dos tipos de espionaje: uno, al que concedió carácter legal por tener visto bueno judicial, habría estado dirigido contra el independentismo, y habría afectado a 18 personas. El otro habría sido protagonizado por un organismo extranjero y afectaría a miembros del propio Ejecutivo, entre ellos, al menos, el presidente Pedro Sánchez y la titular de Defensa, Margarita Robles.

No obstante, a tenor de los datos, en realidad serían tres tipos de espionaje: uno oficial y «legal», practicado contra esos 18 independentistas; otro también contra la disidencia catalana y posiblemente vasca, pero extraoficial e ilegal, en el que entrarían los restantes 47 casos detallados por Citizen Lab; y un tercero realizado contra el Gobierno, cuyo alcance está por determinar.

Esteban, que no aportó detalles sobre el uso del sistema Pegasus por parte del CNI, pues se escudó en el artículo 11 de la ley que regula los servicios secretos y que marca que el Congreso podrá tener acceso al conocimiento de las materias clasificadas «con excepción de las relativas a las fuentes y medios», mostró a los diputados las autorizaciones judiciales así como el expediente que incluye la motivación para las escuchas, con nombres y apellidos. Y aunque la mayoría no trascendieron, TV3 difundió que entre ellos, además del president Aragonès, estaría el director de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el diputado de la CUP Carles Riera.

Según explicó Gabriel Rufián al término de la reunión, Esteban habría atribuido a un estado o estados extranjeros, o a otros organismos del Estado, el espionaje sin control judicial contra el resto de los independentistas. El portavoz de ERC valoró que cuando la responsable del CNI se había referido a otros organismos del Estado también estaba «señalando a Interior».

El papel de «las cloacas»

Para el diputado republicano, cualquiera de esas dos opciones es mala. Sobre la primera, dijo que «significaría un terrible agujero de seguridad nacional» que otro país espiara «por la cara a la gente» y opinó que, de ser así, pondría en entredicho a su máxima responsable. Y también sería malo, añadió, que el espionaje fuera obra de otros organismos del Estado, «de las cloacas». En este caso, consideró que la responsabilidad debería alcanzar al Ministerio del Interior.

«Salgo tan intranquilo como demócrata que como entré», apostilló Rufián, quien dijo sentirse decepcionado porque en la comisión no se reveló nada que «no hayan filtrado ellos mismos» a determinados medios.

UP exige responsabilidades

Entre los partidos que sostienen el Gabinete de Pedro Sánchez, el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, elogió la «claridad y contundencia» de la directora del CNI, una claridad y contundencia que solo aprecieron en el seno de su formación, porque el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, aseguró que tras la comparecencia de Paz Esteban su grupo insta a que se asuman responsabilidades, ya que «salimos más preocupados de esta comisión de lo que entramos».

«Por lo que se ha contado se refuerza la necesidad de asumir responsabilidades políticas. No las reduce sino que las refuerza», insistió el socio menor del Ejecutivo, tras incidir en que se debe «investigar a fondo» a través de una comisión pública, que rechazan PSOE y PP. Echenique lamentó que sus socios se «equivoquen» al no permitir esa comisión, que también demandan los grupos independentistas, y pidió que la información clasificada que ayer se mostró a los diputados «sea conocida tanto por los periodistas como por toda la ciudadanía para no estar con filtraciones».

Mertxe Aizpurua, diputada de EH Bildu, valoró que «todavía hay muchas cosas por aclarar», por lo que, señaló, una comisión parlamentaria de investigación «sigue siendo necesaria», mientras que desde el PNV, Aitor Esteban fue más lacónico: «Sólo diré que queda tela por cortar».

 

Habrían hallado rastros de Pegasus en el móvil de Marlaska

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha encontrado rastros de programa Pegasus en el teléfono móvil del ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y está tratando de verificar el ciberataque y determinar su alcance, según publicó ayer el diario “El País”, que cita fuentes gubernamentales. Desde el Ministerio de Interior, sin embargo, aseguraron a Efe que no han sido informados ni tienen «resultado» del rastreo efectuado por el CNI al terminal de Grande-Marlaska.

«No tengo conocimiento, no voy a hacer ningún comentario», manifestó el titular de Interior al ser preguntado antes de participar en Valladolid en una conferencia impartida por la delegada del Gobierno español en Castilla y León.

De confirmarse la infección, Grande-Marlaska sería el tercer miembro del Gobierno que sufre los ataques del programa espía israelí, tras el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la titular de Defensa, Margarita Robles.

Precisamente, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado el secreto por un mes de la causa abierta por el presunto espionaje, y ha ofrecido a ambos personarse como perjudicados, en línea con lo solicitado por la Fiscalía. En un auto dictado ayer, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 explica que la declaración del secreto tiene por objeto «prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación».GARA