EDITORIALA

Hay que afrontar los problemas de la vivienda antes de que deriven en una gran crisis

En un sistema socioeconómico viable, no puede ser más rentable poseer inmuebles que producir bienes. Es responsabilidad de las administraciones garantizar que no suceda. En esto están de acuerdo el socialismo y el capitalismo. Los que no están de acuerdo son los rentistas, los parásitos, los neoliberales y los ricos, en general. Durante demasiado tiempo las administraciones públicas vascas han favorecido los intereses de esa minoría, generando un desequilibrio en el mercado de la vivienda que cada vez es más difícil de atajar.

Convocada por Herrian Bizi-Se Loger au Pays, una manifestación puso ayer en Baiona el foco en este problema. Esta crisis tiene características particulares en Ipar Euskal Herria -como el desequilibrio territorial o el problema de las segundas viviendas-, pero comparte muchos indicadores con lo que sucede en el resto del país y en todo Europa. La decisión del Ayuntamiento de Donostia de establecer una moratoria a los pisos turísticos, a pesar de ser limitada y tener un cariz electoralista, marca la línea correcta.

Con el avance del neoliberalismo y la crisis del sistema financiero, lo que antes pertenecía en un porcentaje relevante al terreno de la economía «doméstica» se ha sofisticado y ha adquirido un mayor peso en la economía del país. La financiarización, la entrada de fondos buitre y la apuesta por el turismo masivo agrava los problemas de la vivienda.

NUEVA POLÍTICA DE VIVIENDA CON OTROS CIMIENTOS

La especulación ha sido históricamente el problema primigenio de la vivienda en Euskal Herria. El rentismo ha sido una actividad económica al alcance de los más privilegiados e institucionalmente protegida. En unos casos, la riqueza del clan crecía de forma exponencial a costa de especular con un derecho básico. En otros casos, la potenciación de la propiedad dejaba a los y las descendientes de la clase trabajadora un patrimonio que servía de red de seguridad familiar.

El consenso institucional ha favorecido la propiedad sobre el alquiler. Aunque ahora la política monetaria apriete a los hipotecados, las letras han sido durante largos periodos más baratas que los alquileres. En todo caso, los alquileres siguen siendo escasos e inaccesibles. Esto y la precariedad han asfixiado las opciones de construir proyectos de vida autónomos.

Otro factor es el sector vasco de la construcción. Son un oligopolio de pocas empresas grandes y muchas auxiliares que, compaginando obra pública y promociones, componen una red clientelar que ha marcado las políticas públicas como pocos sectores. Para colmo, esas empresas se han convertido en aliadas de los fondos buitre. Estos han ido acumulando viviendas sin control, con porcentajes del mercado que les permiten marcan pautas y alzar los precios.

La falta de una política pública destinada a garantizar el derecho a una vivienda ha dejado en manos del mercado establecer las normas. En consecuencia, la vivienda se ha convertido en un factor determinante para que las desigualdades crezcan.

Si atendemos a lo que pasa en Europa, lo que hoy son problemas pronto derivarán en crisis. Llegados a este punto, es necesario un giro radical en las políticas de vivienda. Hay que establecer una estrategia a corto plazo, que para empezar ponga topes a los alquileres, grave beneficios e imposibilite prácticas mafiosas. El sector de la construcción e inmobiliario debe entender que hay cambio de fase y adaptarse. Además, a largo plazo, hace falta una inversión significativa. Hay que tomar decisiones ahora para que el parque público de vivienda crezca. En gran medida, tiene que promocionarse el alquiler, tanto como fórmula para hacer crecer ese parque público como para rebajar la edad de emancipación. Un ejercicio de diseño, reconstrucción e inversión así requiere que todas las fuerzas e instituciones se impliquen.