El doctor en Economía Alejandro Inurrieta Beruete regresó a su querida Donostia, donde vivió hasta los 7 años, para ser ponente en la jornada sobre vivienda organizada por Telesforo Monzon eLAB. Nacido en Biarritz, vive desde hace medio siglo en Madrid, aunque dice sentirse «completamente vasco».

El título de su libro dice que hace falta una revolución urgente.

Sí, porque de todo el sistema social de bienestar en Europa, en España el único pilar que no se ha desarrollado es la vivienda. En la mayoría de los países más avanzados se ha trabajado mucho, han intentado integrar y hacer viviendas asequibles, integrando gente de renta alta y baja en las mismas zonas, como se hace en Viena, un modelo que me parece para destacar, donde no hay guetos.

Es el elemento que en España no hemos hecho. Hubo un incremento enorme de la construcción de vivienda hasta que explotó la burbuja, pero se favoreció que se construya mucho en muchos sitios con incentivos para la compra y que todo el mercado sea privado y se vaya acumulando un patrimonio inmobiliario sin que se solucionen los problemas de acceso para los grandes colectivos: jóvenes, jubilados que carecen de vivienda, clases medias, personas que se divorcian, migrantes...

Salvo en Euskadi, en España se permite que al cabo de un tiempo se puedan vender las viviendas públicas. La nueva ley lo prohibía, pero en el recurso del PP, el TC le dio la razón, porque la competencia es autonómica y cada CCAA puede decidir: aunque ese bien te hayamos ayudado entre todos a comprártelo, la plusvalía te la quedas tú.

Pensando en la gente que no controle el tema en absoluto, ¿de qué hablamos cuando decimos vivienda pública?

En España, toda la vivienda pública la construyen los privados. El Estado lo que hace es convocar un concurso y esa vivienda es pública, porque tiene un precio inferior al precio del mercado, está subvencionada parcialmente por el Estado. El comprador la compra al precio que dice el concurso. Esas viviendas a veces son vendidas o son adjudicadas, dependiendo del colectivo. En algunas comunidades, para colectivos muy vulnerables hay sorteo y te toca, te la adjudican. Ahora normalmente solo se adjudican viviendas públicas en alquiler para personas con niveles de renta muy bajos. Los fondos buitre se han aprovechado de esta coyuntura, porque han comprado a precio ridículo viviendas públicas con inquilinos, los han expulsado y ahora están a precio de mercado. Han hecho un pelotazo impresionante.

¿Esas ventas son parte importante de por qué la situación hoy día es tan delicada?

Sí, por supuesto. El déficit que tenemos a día de hoy es porque muchas de esas viviendas han pasado a manos privadas y las pocas que había en alquiler se han vendido a fondos buitres. Ahora hay anuncios de nuevas construcciones y eso lleva su tiempo y es, sobre todo, muy insuficiente. Al no tener un parque de vivienda pública asequible de entre el 20 y 30% del total... En España tenemos un 2% del total, y eso en caso de que se pueda confiar en las estadísticas, porque el mercado del alquiler es muy opaco.

¿Cómo es eso de que no se puede confiar en las estadísticas de vivienda?

Una de las cosas que me tocó hacer en el Ministerio fue la redacción de la renta básica de emancipación. Había que ver cuáles eran los potenciales usuarios que podían pedirla, necesitaba saber cuánta gente vivía de alquiler. Cuando fui a las estadísticas, vi que no existían. Me acuerdo, de hecho, de que el ministro Solbes me preguntó cuánta gente vivía de alquiler y le respondí que ‘no se lo puedo decir’.

Otra faceta que sorprende es que no hay un cuerpo de inspección. Por ejemplo, ahora las inmobiliarias no pueden cobrar por la gestión, pero no hay ningún tipo de control. Una de las cosas que yo propuse en alguno de los foros en los que estuve es que el propietario y el inquilino tuvieran la obligación de registrar el contrato en un ayuntamiento. Si al inquilino se le obligara, eso permitiría, como pasa en Francia, tener una idea por barrio de cuál es el precio real de alquiler. Esto es crucial para hacer política pública, contar con datos fiables.

Además de lo de la inspección, ¿qué otro déficit encuentra en la Ley estatal de Vivienda?

Ha nacido muerta desde el momento en que las CCAA no están obligadas a cumplirla. Es bastante razonable pensar que ninguna del PP quiera aplicar esta ley. Nos vamos a quedar con Catalunya y País Vasco, que ahora algo se empieza a mover allí, y ya. Y además es una ley timorata, nace con miedo, porque todo el control de alquileres fue negociado por Podemos y luego el PSOE se vio amenazado por los grandes fondos de inversión y por eso camuflaron la ley, que no soluciona el problema fundamental del acceso. En Catalunya han bajado un poco los precios, pero las personas siguen pagando el 50% de su salario en alquiler, en vez del 55% o 60%. No cambia mucho.

El problema solo se puede solucionar si hay una intervención real del mercado, reducir el valor real entre un 20-30% a nivel nacional, y eso solo ocurrirá cuando haya ese volumen de vivienda pública, con un 30% del total. La competencia entre lo público y privado será real, pero ahora no lo es, lo público es marginal.

¿La situación en el sur vascocómo está? El consejero de Vivienda del Gobierno de Lakua, Denis Itxaso, ha dicho que se aplicará la ley cuando se pida.

El consejero Itxaso me parece un poquito flojo. Donde primero tendría que haber aplicado la ley es en San Sebastián, donde los precios están desorbitados. Cuando Odon Elorza era alcalde, su concejal de Vivienda llevó a cabo una política muy curiosa para aquel momento, hizo el 70% de vivienda pública. El País Vasco siempre ha sido avanzado en ese sentido, porque tuvo el hecho curioso de que durante muchos años hubo gobiernos de coalición PNV-IU. [Javier] Madrazo era consejero de Vivienda y con él estaba Javier Burón, una persona que conozco mucho, y fueron avanzados en la legislación respecto a prohibir vender vivienda pública. Desde 2003, eso fue un avance. Pero la política fiscal no me gusta, porque siguen desgravando la compra y eso incrementa el precio a largo plazo.

Creo que en el Gobierno Vasco podrían ser más ambiciosos. Intuyo que las pocas acciones que han llevado a cabo son bastante conservadores. Hay una especie de miedo a los grandes tenedores de vivienda y una alergia a intervenir realmente el mercado; el PNV no tiene intención y el PSOE tampoco. Los ayuntamientos comparten con las CCAA algunas competencias y muchos en general no quieren pisar el callo competencial, pero eso no puede ser en una situación de emergencia como esta. Lo que está claro es que los alcaldes deberían declarar la zona tensionada, pero por eso digo que esta ley nace muerta, porque estás en manos de segundas y terceras opiniones. Si el consejero quiere aplicar la ley y el alcalde no, no se puede aplicar.

Se habla mucho de la influencia de los fondos buitre y lobbies inmobiliarios sobre los políticos. Cuando presidía la SPA o asesoraba a Solbes, ¿recibía muchas presiones?

El G14 es el grupo de las 14 constructoras más grandes de España. Todas las semanas estaban en el Ministerio presionando para que no se dejara de construir vivienda. Sistemáticamente presionaban incluso cuando la burbuja estaba prácticamente explotando en 2007. En los grandes ministerios no gobierna el ministro, gobiernan los lobbies. También había una presión muy brusca del lobby cuando salen las Socimis. Yo solo era un asesor y vi la presión que se hacía directa o indirectamente al ministro en las reuniones con las constructoras.

¿Hacia qué modelos hay que ir?

El ideal sería Viena, pero sería muy difícil. Me orientaría hacia un modelo parecido al francés o al alemán de Berlín, con intervención en el mercado del suelo y control de precios. Yo intervendría directamente el mercado de suelo, es la gran orgía especulativa, lo que encarece la vivienda. Hay que hacer una política fiscal muy dura con impuesto fuerte al suelo ocioso, como en Reino Unido y Dinamarca. El suelo no puede ser nunca más un bien de mercado, tiene que ser un bien público. En Reino Unido nadie es dueño del suelo, sino de lo que se construye en él. Tenemos que aproximarnos a esa legislación, a la del control de precio berlinés y al registro de alquiler francés, y una gestión de la vivienda pública como en Viena.

En España no hay voluntad política y no hay un cuerpo político dispuesto a un enfrentamiento a cara de perro con las élites inmobiliarias, que han ganado la batalla. Aquí se ve a la vivienda como una forma de conseguir un sobresueldo o pensión. Mientras no veamos que la vivienda es un bien de uso para vivir, el problema no tiene solución. Ningún país en Europa tiene peor situación de vivienda.