Porque «no soluciona los problemas actuales», «no aporta ventajas cualitativas» y supone «una pérdida de control», EH Bildu mostró ayer su rechazo a convertir Osasunbidea en un ente público empresarial, como se contempla en la nueva Ley Foral de Salud. Así lo aseguró la portavoz de la formación soberanista en Nafarroa, Laura Aznal, en un acto en Iruñea en el que abordaron la situación del sistema sanitario navarro y compartieron con las bases sus propuestas para el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno.

MARGEN DE MEJORA

Según explicó, durante los últimos meses, EH Bildu ha mantenido encuentros con los principales agentes sociales y profesionales del ámbito sanitario. Tras este proceso, la formación ha concluido que el anteproyecto contiene «aspectos positivos que suponen un avance», pero que «presenta un margen importante de mejora».

En este sentido, Aznal señaló que la transformación de Osasunbidea en un ente público empresarial es una medida que «no soluciona los problemas actuales» y que, «en base a experiencias en otros territorios, no aporta ventajas cualitativas».

EH Bildu considera que el cambio jurídico implicaría, en primer lugar, «la pérdida de una competencia histórica y exclusiva», ya que «el personal laboral del servicio pasaría a depender de la legislación estatal». En segundo lugar, advirtió de que esta medida supondría «la pérdida de control y transparencia».

PROPUESTAS

Aznal identificó cinco «áreas clave» en las que consideró que debería incidir la nueva Ley Foral de Salud, entre las que destaca «garantizar un sistema público de salud universal, basado en la Atención Primaria, con un enfoque preventivo y de promoción de la salud».

Según explicó, la norma debería «asegurar el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria de todas las personas residentes en Navarra», incluyendo «determinantes sociolaborales entre los riesgos para la salud, instaurando una perspectiva de género transversal y garantizando los derechos lingüísticos».

Asimismo, Aznal subrayó la importancia de «blindar el sistema público frente a las corrientes privatizadoras derivadas del modelo capitalista neoliberal». Criticó que el anteproyecto promueva y diversifique la colaboración público-privada «tanto en la asistencia sanitaria como en la investigación», al tiempo que «asume la privatización del tercer sector».

En cuanto a la reorganización del mapa sanitario, abogó por detallar en la ley la estructura orgánica básica, así como un modelo de gobernanza que establezca los órganos de dirección, gestión, control y participación.

Además, insistió en la necesidad de un modelo de gestión del personal que sea «autónomo, ágil y negociado con la representación sindical», y defendió que esta normativa sea propia de Nafarroa. Por último, pidió «fomentar la participación social en la definición de las políticas de salud».