El plan presentado ayer por Bruselas busca adoptar un mecanismo «más rápido, más simple y más eficiente» para enviar de regreso a sus países de origen a las personas migrantes no aceptadas. «Con este nuevo sistema europeo de retornos garantizaremos que quienes no tengan el derecho de permanecer en la UE sean enviados de regreso efectivamente», apuntó el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner.

La idea es que sean los Estados de la UE los que pongan en marcha «los centros de retorno», y no el bloque comunitario como tal. Así, cada Estado tendría que alcanzar acuerdos bilaterales con otros países que no pertenezcan a la UE para implementar esos centros. «Con relación a los ‘centros de retorno’, estamos creando el marco para que los países del bloque exploren nuevas soluciones. Estamos creando el marco legal, pero no el contenido», precisó.

La controvertida propuesta de los centros para fines de deportación, que deberán estar situados fuera del territorio de la UE, ya ha generado visibles divisiones en el seno del bloque, por el temor de que permita violaciones a los derechos humanos. La normativa se aplicaría para aquellos migrantes que no posean derecho a permanecer en la UE y personas a los que se les negó el pedido de asilo.

Brunner agregó que cuando las obligaciones normativas no se cumplan «habrá consecuencias para que las personas que no cooperen, que representen un riesgo de fuga», o que se escondan en otros países del bloque.

CUESTIONES SIN RESPUESTA

Antes de formular el anuncio, Brunner apuntó que las medidas propuestas permitirán que los europeos sientan «que tenemos control de cuanto sucede en Europa». Sin embargo, Camille Le Coz, del grupo de reflexión política Instituto Europeo de Política Migratoria, apuntó que la propuesta aún incluye cuestiones que no están resueltas. «¿Quién los financiará? ¿Habrá dinero europeo, con qué país, para qué perfil?», preguntó.

Marta Welander, del Comité Internacional de Rescate (IRC, en inglés), dijo que la propuesta probablemente arrojará como resultado «un mayor riesgo de violaciones de los derechos humanos».