Stop Desahucios de Gipuzkoa denunció ayer en rueda de prensa la situación que atraviesan una pareja y su hijo de 10 años, que se enfrentan a una amenaza de desahucio de su vivienda de alquiler en Errenteria debido a una confusión de nombres entre la madre afectada y otra persona con su misma identidad.

Según explicó Rosa García, portavoz de la plataforma, la confusión entre ambas mujeres ha llevado a un juez de Donostia a considerar que la familia afectada no se encuentra en situación de vulnerabilidad, ya que la persona con la que supuestamente se ha producido la confusión tiene tres propiedades fuera de la CAV.

Ante esta situación, miembros de Stop Desahucios se reunieron ante el Palacio de Justicia de Donostia en apoyo de la familia afectada, en una comparecencia en la que también participaron distintos cargos públicos de EH Bildu, Sumar, Podemos y Ezker Anitza-EB.

EXPEDIENTE DE VULNERABILIDAD

Durante el acto, García explicó que el lanzamiento se debe a una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Donostia que ordena el desalojo, tras rechazar el expediente de vulnerabilidad presentado por el abogado de la familia que se basaba en el decreto de suspensión de los desahucios hasta el 31 de diciembre para inquilinos vulnerables.

Aclaró que este juzgado no ha admitido varios recursos de reposición ni tampoco un reciente recurso de amparo ante la Audiencia de Gipuzkoa, denegado también por no poder consignar en el juzgado la deuda que acumula esta familia, cuyos únicos ingresos de 1.309,25 euros provienen del Salario Mínimo Vital.

La portavoz de la plataforma señaló que todo ello obedece a la mencionada confusión, que hace que una persona con las citadas propiedades no sea considerada vulnerable.

Ante esta situación, los inquilinos presentaron en el Tribunal Constitucional un último recurso por «indefensión y discriminación por motivos económicos», sin que por el momento se conozca si finalmente se suspenderá el lanzamiento acordado.

Por esta razón, ante el riesgo de que finalmente el desahucio se lleve a cabo, Stop Desahucios ha solicitado al Ayuntamiento de Errenteria que ejerza de mediador ante los demandantes, Caixabank-Building Center SAU, con el fin de que sean ellos quienes soliciten al juzgado la suspensión del lanzamiento y poder negociar una solución habitacional para esta familia que vive en un municipio declarado tensionado.

No obstante, García aclaró que, de no conseguir finalmente la suspensión, Stop Desahucios «se verá obligada a impedirlo mediante la movilización ciudadana», aunque se mostró confiada en que esto no llegue a ser necesario.

COMPRA DE VIVIENDA

La situación por la que atraviesa el matrimonio afectado, que estuvo presente en la comparecencia, se remonta al año 2006, cuando firmó una hipoteca de 245.373 euros para comprar su vivienda.

Según recordó la plataforma guipuzcoana, tras la crisis económica y la imposibilidad de afrontar los pagos, en 2018 firmó una dación en pago con alquiler social con el banco, que cedió en el mismo acto la propiedad de la vivienda y la deuda a la entidad Bulding Center SAU.

Poco después, ya en época de pandemia, los arrendatarios no pudieron hacer frente al alquiler y en 2021 se inició una demanda de desahucio que, sin embargo, fue suspendida en un primer momento en función del decreto para inquilinos vulnerables.

Ahora, un nuevo juez ha revocado esa decisión por entender, entre otros argumentos, que la madre de la familia tiene tres propiedades fuera de la CAV «al confundirla con otra persona con su mismo nombre y apellidos».